El Foro Social valora positivamente que se hayan ensanchado los consensos sobre política penitenciaria

El itinerario de reintegración alcanza ya a 39 personas presas: 32 en segundo grado, 3 en prisión atenuada por enfermedad y 4 acogidas al tercer grado

El mantenimiento de la política de alejamiento inflige un castigo añadido en esta época de pandemia

Desde el Foro Social Permanente queremos valorar positivamente las nuevas dinámicas de trabajo en común que se están produciendo en el Estado Español, la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra.

Organizaciones que trabajan por los derechos de los presos sociales y las que trabajan en la defensa de los derechos de las personas presas de motivación política - que hasta ahora tenían muy poca colaboración entre ellas - además de partidos políticos y sindicatos, han encontrado durante esta pandemia espacios de colaboración y de implementación de esos acuerdos, presentando iniciativas en el Congreso Español y en los Parlamentos Vasco y Navarro.

Esto está permitiendo que los consensos ya generados hasta ahora, en relación con una normalización de la actual política de excepcionalidad penitenciaria aplicada a las personas presas de motivación política, se están ensanchando de manera notoria entre nuevos actores abriendo nuevas oportunidades.

En un contexto especialmente difícil, la preocupación por la situación que padece un sector de riesgo de la ciudadanía especialmente vulnerable, como son las personas encarceladas, ha encontrado su pequeño hueco en la agenda informativa y de trabajo de actores como los Gobiernos, los partidos y los sindicatos en Madrid, Pamplona o Vitoria-Gasteiz gracias al trabajo de numerosos agentes.

Por otra parte, esta semana hemos conocido que, aunque las personas encarceladas en el estado van a empezar su propio proceso de desescalada, en en el caso de las personas presas vascas van a continuar sin visitas de familiares y allegados ya que prácticamente ninguna de ellas está encarcelada cerca de su ámbito social.

En un documento hecho público la pasada semana, titulado “Análisis sobre el nuevo escenario creado por la pandemia Covid-19 y sus efectos en la agenda de resolución de las consecuencias del ciclo de violencias”, desde el Foro Social Permanente afirmábamos nuestro convencimiento de que “el confinamiento ha generado mejores condiciones para darle un empujón, esperamos que definitivo, a la resolución de las consecuencias del ciclo de violencias en los tres nudos que quedan por resolver”: 1.- Terminar con la discriminación que todavía persiste en el trato a las diferentes víctimas en su derecho a la verdad, la justicia y la reparación; 2.- Impulsar desde los espacios sociales la construcción de una memoria crítica inclusiva, que respete todos los relatos; 3.- La definitiva desactivación de la aún existente política de excepcionalidad penitenciaria y la aplicación de una política normalizada que incluya un itinerario de reintegración para las personas presas.

Con relación a este tercer punto, el pasado mes de enero el Foro Social Permanente presentó el documento “Vía vasca de todos y para todas”, una propuesta que aparece desarrollada en profundidad en las conclusiones del IV. Foro Social. Un itinerario de reintegración para las personas presas de motivación política.

Desde entonces, con las dificultades inherentes a la fase del confinamiento, hemos venido trabajando en crear las condiciones para que ese itinerario, esa “vía”, pueda desarrollarse.

Un itinerario de reintegración que se está demostrando eficaz ya en el que caso de 39 personas presas (32 en segundo grado, 3 en prisión atenuada por enfermedad y 4 actualmente acogidas al tercer grado) sobre un total de 201 actualmente presas en el Estado Español.

En este sentido, queremos valorar como un paso cualitativo las cuatro recientes clasificaciones en tercer grado realizadas desde Instituciones Penitenciarias, por lo que suponen precisamente de ir definiendo dicho itinerario.

“Vía vasca de todos”. Como hemos dicho en numerosas ocasiones, esta «vía» debe ser acordada entre todos los agentes que trabajan en esta cuestión.

Una «Vía vasca para todas», porque este itinerario debe estar pensado para que lo puedan recorrer todas las personas presas y, con este fin, debe ser acordado con ellas.

Solo un acuerdo de estas características garantizará que podamos desatar definitivamente este nudo pendiente en el camino de la construcción de la convivencia democrática.

Sin embargo, esta extensión de consensos y esos pasos son completamente contradictorios con el mantenimiento en primer grado de la mayoría de las personas presas vascas , y con el mantenimiento de una política de alejamiento que, en este período de coronavirus, inflige un castigo añadido a los familiares y allegados y a las propias personas presas.

La sociedad no entendería que, tras todo lo que se ha sufrido, incluidos estos meses de angustia e incertidumbre para los familiares y allegados de las personas presas, durante la desescalada no se afrontaran definitivamente ambas cuestiones.

Aún menos, si el plan de desescalada en las prisiones presentado esta semana por el Gobierno español se sigue manteniendo esa excepcionalidad hacía las personas vascas presas.

No es momento de añadir sufrimientos sino de buscar soluciones. En este sentido, es urgente en la desescalada afrontar estas dos tareas, que cuentan con los consensos políticos necesarios y el apoyo de la sociedad. Sin embargo, para ello es necesario que esos consensos adquieran todo su potencial y que todos los actores se liberen de esos temores que agarrotan la activación de esas mayorías en clave de solución.

Para afrontar estas cuestiones, es necesaria también una desescalada en el tenso debate político inter-partidario. Nuestra experiencia nos dice que el endurecimiento del siempre legítimo debate entre partidos tiene consecuencias directas en las iniciativas relativas a la resolución de las consecuencias del ciclo de violencias y, especialmente, en un enquistamiento de la denominada “batalla del relato”.

Del mismo modo que las propias víctimas vienen pidiendo que no se les utilice en el debate inter-partidario, la aplicación de una política normalizada a las personas presas no debería ser utilizada en el debate entre partidos para poder ser abordada con efectividad.

Las crisis ofrecen grandes oportunidades para construir un futuro mejor, para aprender de los errores del pasado. La sociedad va a salir del confinamiento con una nueva agenda de prioridades humanitarias y, en este sentido, es necesario que las tres cuestiones pendientes en la agenda de resolución encuentren también su espacio en las agendas de trabajo de los actores implicados (gobiernos, partidos y sindicatos).

Vaya por delante nuestro compromiso de seguir aportando diagnósticos, compartiendo experiencias y proponiendo recomendaciones que, en un contexto difícil, nos permitan encontrar soluciones innovadoras a estas cuestiones.