Agus Hernán y Nekane Altzelai han ofrecido hoy una rueda de prensa en Donostia sobre la necesidad de reconocimiento institucional a las víctimas de la tortura.
La cita este año cobra especial relevancia, ya que el 20 de junio del año 2019 el Parlamento Vasco aprobó por unanimidad una Proposición No de Ley de Elkarrekin-Podemos instando particularmente al Gobierno Vasco a sumarse a la iniciativa de conmemorar el “Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura”, instaurado por la ONU. Mandato parlamentario que el Gobierno hizo suyo entonces. Al mismo tiempo se han venido produciendo una serie de hechos que han generado un cambio de paradigma en relación a la consolidación de los consensos que se han venido construyendo estos últimos años en relación a esta tipología de víctimas.
El día de la votación de la mencionada PNL, representantes de la totalidad de sindicatos con representación en la CAV, así como representantes de asociaciones de víctimas del Estado, víctimas de la tortura a título individual y víctimas de ETA acudieron al Parlamento Vasco a acompañar la votación, aplaudir el consenso logrado y explicitar sus demandas.
Desde el Foro Social Permanente, en aquel momento, acompañamos aquella iniciativa y valoramos la aprobación por unanimidad como un paso importante hacia el escenario futuro donde las víctimas de la tortura sean de una vez reconocidas como se merecen.
Recordemos que la premisa que guía nuestro trabajo en lo que respecta a derechos de las víctimas es clara: todas las víctimas, incluidas las víctimas de la tortura, tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación; y las mismas vulneraciones de derechos humanos, han de contar con idéntico nivel de reconocimiento político y legal, pese a que el agente violento que las haya llevado a la práctica sea distinto.
Cabe destacar que el informe sobre la tortura en la CAV, elaborado por el Instituto Vasco de Criminología de la Universidad del País Vasco, bajo el encargo del Gobierno Vasco, otorgó credibilidad consistente, muy consistente o altamente consistente a, por lo menos, 4113 casos de tortura practicados por la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Ertzaintza entre los años 1960 y 2014. El estudio se basó en la aplicación del Protocolo de Estambul (202 casos elegidos de forma aleatoria).
De entre todos esos casos, 651 (el 15.8% del total) correspondían a 581 mujeres.
Además, ese mismo informe citaba que esas cifras se encontraban por debajo de la dimensión real de afectados. No se recogían, por ejemplo, los casos de la Comunidad Foral de Navarra, que un reciente primer informe también elaborado por el Instituto Vasco de Criminología, a petición del Gobierno de Navarra, ha cifrado en 169 (casos entre los años 1960 y 1978).
Pese a esa dantesca fotografía de una realidad “más que esporádica”, por desgracia, los casos de tortura oficialmente reconocidos a día de hoy continúan siendo sólo 103: unos pocos por sentencias judiciales, y otros por el Decreto 107/2012 del Gobierno Vasco.
Esta es la clara fotografía de la discriminación que este colectivo tan extenso de víctimas sufre hoy en día.
El pasado año 2020, comprensiblemente, fue dificultosa la celebración de forma oficial de este día, debido a las circunstancias que la crisis sanitaria y la convocatoria de elecciones al Gobierno Vasco generaron.
Pero las circunstancias son ya distintas este 2021, pese a que seguimos condicionados por la crisis sanitaria. Este año se ha producido un cambio de paradigma en lo que respecta a las víctimas de la tortura: los audios de la conversación entre Director del CESID Alberto Perote y el capitán de la Guardia Civil Pedro Gómez Nieto, han supuesto un verdadero terremoto que ha desmontado el relato de quienes mantenían una actitud negacionista ante la tortura y las circunstancias de la muerte de Mikel Zabalza.
Además, son numerosos los pasos dados por diversos actores:
Publicación del informe de la CIA que demuestra la responsabilidad de Felipe González en la organización del GAL;
Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenando a España por la no debida investigación de las denuncias de tortura;
Denuncia de las propias personas torturadas y de sus asociaciones representativas, además de otras iniciativas sociales;
La publicación del aterrador audio del diálogo entre un miembro del CESID y un Guardia Civil en el que se reconoce la práctica de la tortura;
Producciones audiovisuales de impacto como el documental “Non dago Mikel” y gestos de calado, como la presencia del Vicepresidente del Gobierno español en su estreno en Madrid;
Actos de reparación del Gobierno Vasco y del Parlamento de Navarra a la familia de Mikel Zabalza;
Declaraciones del Delegado del Gobierno en Euskadi y otras declaraciones políticas;
Etc.
Por una parte, consideramos que estos pasos suponen un antes y un después que termina con el manto de sospecha que, durante décadas, se había impuesto sobre las víctimas de la tortura, creándoles mas sufrimiento y ahondando en su desamparo.
Por otra parte, queremos destacar que el dato más relevante que ha puesto de manifiesto este debate es la existencia de una unanimidad institucional y política -en Navarra y en la Comunidad Autónoma Vasca- en torno al derecho de todas las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, con especial mención a las víctimas de la tortura.
Es por ello que hoy, en esta rueda de prensa, desde el Foro Social Permanente deseamos volver a incidir en la importancia de continuar dando pasos hacia un escenario de pleno reconocimiento de todas las víctimas de vulneraciones de derechos humanos que han ocurrido en el contexto del ciclo de violencias vivido durante los últimos años.
Así, instamos:
Por un lado, a que, tratando de lograr el máximo consenso posible, el Gobierno Vasco, cumpliendo el mando del Parlamento Vasco, trabaje para celebrar este próximo 26 de junio el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, y explicitar de forma simbólica el reconocimiento que las víctimas de la tortura. Nos parece fundamental que, dentro del respeto a las normas sanitarias, en este acto estén invitadas víctimas que han sufrido torturas por parte de los cuerpos policiales citados en el anteriormente citado informe del IVAC. El mandato unánime del Parlamento Vasco en el 2019 debe materializarse este próximo junio en forma de un acto de reconocimiento a las víctimas de la tortura al más alto nivel.
Por otro lado, instamos también a los gobiernos vasco y navarro a que continúen apoyando a las víctimas de la tortura, poniendo a su disposición todos los medios de los que disponen, en la senda hacia la consecución de los derechos que les corresponden: verdad, reconocimiento oficial, reparación y garantías de no repetición.
Hoy anunciamos que desde el Foro Social Permanente comenzaremos a trabajar de forma discreta con partidos, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil afectadas y las propias víctimas de la tortura para facilitar que el amplio consenso logrado en el Parlamento Vasco en junio del 2019 dé sus frutos.
Es hora de continuar dando pasos. Es hora de hacer frente a tantos años de discriminación. Es hora de reconocer de forma oficial el drama que ha supuesto la tortura y las responsabilidades derivadas de la misma. Como decíamos, la realidad que viven las víctimas de la tortura se encuentra hoy en el centro de la agenda política y mediática. Pero mientras esta cuestión no se aborde en profundidad y en clave de resolución, seguirá persiguiéndonos de manera colectiva como sociedad. Es hora, por lo tanto, de garantizar los mecanismos para darle una solución definitiva.
En ese sentido, en esa búsqueda de la verdad y la justicia para todas las víctimas, en este caso de la tortura, creemos que la solución no puede estar inspirada en la venganza. Para este tema, y para cualquier otro que tenga que ver con la resolución de las consecuencias del ciclo de violencias, la solución siempre deber ser la búsqueda de la justicia, pero nunca una justicia punitiva en clave de vendetta o represalia.
En este camino abogamos porque las personas víctimas sean de una vez reconocidas de forma oficial; porque las personas victimarias, además de aquellas que ostentaban la responsabilidad política, y que ampararon la práctica de la tortura, reconozcan el daño causado; y porque los gobiernos actuales desarrollen los actos de reparación necesarios, tanto de forma simbólica como de forma oficial.
Para ser mas claros. Reclamamos verdad para las víctimas, en este caso de la tortura, pero no deseamos eternizar más esta situación con penas de cárcel a los torturadores.
Desde el Foro Social Permanente entendemos que, en toda sociedad que se quiere profundamente democrática, reconciliada y convivencial, con la referencia de los derechos humanos como valor que obliga, el reconocimiento oficial de las víctimas de la tortura debería estar por encima de las circunstancias coyunturales. El reconocimiento incondicional al dolor de las víctimas, de todas las víctimas, debe ser el único elemento que mueva estas iniciativas. Sin reconocimiento, la convivencia democrática que estamos construyendo nunca podrá ser plena.