También el Estado español debe reconocer el daño causado durante el ciclo de violencias

Con motivo del día Internacional de la convivencia en paz, el Foro Social ha hecho pública una declaración sobre la discriminación que sufren las víctimas del Estado. En este sentido, el Foro Social está elaborando un documento con los testimonios de víctimas que presentara en los Parlamentos vasco y navarro.

Con motivo de la celebración hoy del “Día Internacional de la convivencia en paz”, designado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2017, el Foro Social Permanente quiere hacer las siguientes consideraciones:

1. Es innegable que durante estos últimos años se ha iniciado una dinámica en positivo en lo que respecta a dotar a las víctimas del Estado de los derechos que les corresponden.

En primer lugar, la unanimidad política construida en lo referente al derecho de todas las víctimas - y decimos bien, de todas - a la verdad, la justicia y la reparación. Un avance inimaginable hace escasos años.

La segunda cuestión, el dotarse de instrumentos de reparación. La principal, la ley 12/2016 de la Comunidad Autónoma Vasca, o la ley similar que se pondrá en marcha en Navarra en torno al verano. Sin olvidar el valor del informe en la CAV que, mediante protocolos internacionalmente avalados, certifica el número de personas torturadas y que, esperamos, este año en Navarra se puedan dar pasos similares en este sentido.

Hay que destacar también los consensos políticos y sindicales expresados en iniciativas institucionales, específicamente hacia las víctimas del Estado, a favor de reconocer victimizaciones como las producidas por los años de excepcionalidad penitenciaria, la tortura, etc.

3. En teoría, las condiciones para avanzar en un reconocimiento igualitario a todas las víctimas desde los planos institucional, político y social están suficientemente reunidas. Sin embargo, debemos constatar que en los últimos meses se vienen produciendo una serie de actuaciones de discriminación hacía las victimas del Estado que están suponiendo pasos atrás en los consensos construidos. Cada semana nos encontramos con un nuevo episodio, a cada cual más grave. Los ejemplos son numerosos.

4. Ante esta realidad, desde el Foro Social Permanente hemos situado esta temática como eje prioritario de trabajo y, concretamente, en los últimos meses hemos venido poniendo el foco en las numerosas expresiones de discriminación que hemos venido constatando.

La mesa redonda celebrada el pasado sábado en el Palacio de Miramar y los testimonios de víctimas del estado en la mesa redonda celebrada en Madrid el pasado 6 de abril han puesto voz a ese tratamiento no igualitario que sufren de manera permanente, que les provoca una sensación de abandono, de ser víctimas de segunda categoría, y que genera una profunda re-victimización entre las víctimas del Estado, además de una profunda fractura en la confianza de estas víctimas en las políticas institucionales y una desconfianza en la justicia. Las víctimas del Estado se sienten profundamente desamparadas.

Con los testimonios de Tamara Muruetagoiena, Karmen Galdeano, Eneko Etxeberria, Maider García Martin, junto a los de Axun Lasa e Idoia Zabalza recogidos el pasado 6 de abril en Madrid, el Foro Social Permanente está elaborando un documento que presentara en los Parlamentos de Gasteiz-Vitoria e Iruñea-Pamplona.

5. El tratamiento a las víctimas, a todas las víctimas, debe tener como referencia única los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Los tratados suscritos por el Estado Español son de obligado cumplimiento y cualquier política que pretenda la desmemoria debe ser descartada. En este sentido, es necesario que el Gobierno Español actual de un paso decidido en el reconocimiento de los abusos cometidos en las profundas conculcaciones de derechos humanos que se han producido durante el ciclo de violencias, reconociendo el daño causado y corrigiendo las políticas discriminatorias o de ocultación que se vienen aplicando.

6. Mientras no se afronte de manera decidida esta cuestión, amparando a todas las víctimas y superando la profunda discriminación aún existente, será imposible dar pasos resolutivos en la construcción de la convivencia democrática, basada en una cultura de derechos humanos y paz que nos permitirá avanzar hacia la reconciliación.