Sería un paso importante que el Gobierno español asumiera su responsabilidad política en la vulneración de derechos humanos

El Foro Social Permanente considera un dato relevante que en los últimos 10 años el número de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en nuestro país haya descendido de un 22,6%. Es decir, 1.593 efectivos menos, con lo que el total actual es de 5.454 agentes.

Este dato aparece en un informe del Gobierno Español de fecha 18/06/2019 que el Diputado Jon Iñarritu, autor de la pregunta parlamentaria al Gobierno que dio lugar a este informe, ha hecho llegar al Foro Social Permanente.

Precisamente esta cuestión es una de las 12 recomendaciones del primer Foro Social celebrado en 2013. Concretamente la recomendación numéro 10, que dice: «Recomendamos redimensionar el número y la función de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para adaptarlos a la realidad. Así mismo, se deben reforzar los mecanismos de control de las fuerzas y cuerpos de seguridad por parte de las instituciones y la sociedad civil».

Se trata de un avance en el proceso de resolución. Y este avance se está produciendo de manera natural, sin darse debate.

Es evidente que queda aún mucho camino por hacer en este aspecto y que habrá que dar pasos decididos, tanto en el redimensionamiento ( el ratio actual policía por cada mil habitante en nuestro país es de 6,6 mientras que en el Estado Español es de la mitad : 3,61 ) como en el reconocimiento de la responsabilidad de estos cuerpos hacia sus víctimas.

La Guardia Civil y la Policía Nacional, durante el ejercicio de sus funciones, han sido responsables de un gran número de violaciones de derechos humanos durante el ciclo de violencia que ha vivido nuestro país.

Según la Fundación Egiari Zor, 219 personas han perdido la vida y, según datos del Gobierno Vasco, 746 resultaron heridas de diversa consideración a manos de estos cuerpos.

Además, según el informe de torturas elaborado por encargo del Gobierno Vasco, sobre los 4.113 casos documentados en la CAV la Guardia Civil está implicada en 1.792 casos y la Policía Nacional es responsable de 1.785 de tortura ¹ .

El derecho internacional en materia de los derechos humanos es claro en este sentido: estima gravísimo que aquellos que deberían ocuparse de preservar estos derechos se dediquen a violarlos.

Con dificultades se ha conseguido tejer en nuestro país un amplio consenso transversal sobre el derecho de todas las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. También en el caso de las víctimas de la tortura, como hemos visto el pasado 20 de junio en el Parlamento Vasco sobre la necesaria reparación que se les debe a estas víctimas, instaurando para ello un día para su reconocimiento.

Sin embargo, las víctimas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado nos han transmitido en los encuentros realizados que “todavía hoy se sienten víctimas de segunda o tercera categoría”, no reconocidas y discriminadas.

La sociedad vasca no puede admitir que nunca más ninguna víctima de ETA, del GAL o de los cuerpos policiales se sienta discriminada ni social ni institucionalmente. En este sentido, el mencionado consenso tiene el peligro de quedarse en un mero enunciado, sin concreción, si entre todas las personas no conseguimos llenarlo de contenido.

Es por ello que creemos que se debe avanzar de manera decidida en políticas de reconocimiento y de memoria hacia las víctimas del Estado.

Las víctimas son muy escépticas hacía conseguir justicia. Y lo que reclaman es principalmente la verdad y su reconocimiento.

En este objetivo, entendemos que sería un paso importante que el Gobierno Español, en nombre de los diferentes gobiernos que en su día fueron responsables de esas violaciones de derechos humanos, asumiese su responsabilidad política en las mismas y pidiese disculpas a las víctimas.

Es muy importante que construyamos una memoria crítica compartida que, sin olvidar nada de lo ocurrido, nos permita avanzar como sociedad hacia la construcción de una convivencia democrática.