No se pueden aceptar discriminaciones entre los derechos de las víctimas

En la rueda de prensa de hoy, por un lado, hemos detallado la lógica que durante los siguientes meses guiará el trabajo del Foro Social Permanente en lo referente a víctimas; y, por otro, hemos presentado el encuentro “Escuchar para construir la convivencia” que celebraremos en Donostia el próximo 23 de febrero y donde tendremos la oportunidad de conocer los testimonios de víctimas de distintas violencias que han tenido lugar en el seno del denominado “conflicto vasco”.

Intervención de Aitzpea Leizaola y Agus Hernán

La premisa principal que guía el trabajo del Foro Social Permanente en lo referente a los derechos de las víctimas ha sido y es claro: el derecho de todas las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

Bajo nuestro punto de vista, es imprescindible conocer, dar a conocer, reconocer y reparar todos los sufrimientos que han ocurrido en el seno del denominado conflicto vasco. Y ello, es responsabilidad de la sociedad vasca en su conjunto, de su ciudadanía y de sus agentes institucionales y políticos.

Esta fue la principal conclusión del Vº Foro Social que celebramos el pasado mes de octubre, que resumimos así: “conocer la verdad, toda la verdad y todas las verdades, nos hará más libres como sociedad”.

Es por ello que nuestra labor se centrará primordialmente en promover y facilitar procesos de recuperación de la verdad a nivel local y a nivel institucional, con el objetivo de lograr oficializar de una vez por todas el reconocimiento de todas y cada una de las víctimas, y ofrecerles la reparación que les debemos. Para ello, hemos puesto en marcha distintos espacios para el diálogo y la escucha colectiva, donde encontrarnos, escucharnos, conocer, y reconocer.

Ejemplo de ello será el encuentro “Hitzorduak” entre víctimas de diferentes expresiones de violencia que hemos organizado en el Palacio Miramar de Donostia-San Sebastián el próximo 23 de febrero (sábado), a partir de las 10.30 de la mañana.

Mediante el mismo, nuestro objetivo es que víctimas de distinto signo, que han experimentado graves vulneraciones de derechos humanos producidas por violencias de distintas procedencias, puedan encontrarse, escucharse, narrar las experiencias vividas y reflexionar sobre los retos futuros.

En concreto, la jornada constará de dos mesas de debate:

En la primera participarán dos personas que conocen de primera mano lo que supone perder a un padre: por un lado, María Jauregi, hija del ex-Gobernador Civil de Gipuzkoa y víctima de ETA Juan María Jauregi; y, por otro, Peru del Hoyo, hijo del preso recientemente fallecido en prisión Kepa del Hoyo.

La segunda mesa estará compuesta por personas que han padecido sufrimientos motivados por razones políticas en el seno del denominado conflicto vasco y que, bajo nuestro punto de vista, han de ser tomados en consideración y referidos para la superación definitiva del mismo con garantías de no repetición.

En concreto, serán: Arritxu Marañon, concejala socialista en el Ayuntamiento de Zumaia que ha vivido durante largos años con escolta; Jone Artola, familiar de preso que conoce con toda su crudeza los efectos de la política de alejamiento y dispersión; Pablo Martínez, funcionario de prisiones; y Isidro Murga, procesado en el macrosumario 18/98 por ser miembro del consejo de administración de “Egin”.

El Foro Social Permanente ya ha organizado dinámicas similares en Iruña/Pamplona, Vitoria-Gasteiz, Barcelona y Bilbao anteriormente, con gran éxito. La participación es completamente abierta y todo el que desee asistir tiene las puertas abiertas.

Organizamos este acto en un momento complicado, debido al bloqueo que durante las últimas semanas están sufriendo en el seno de la Ponencia del Parlamento Vasco las materias que nos preocupan: la memoria y la construcción de la convivencia.

Por ello, hoy, en nombre del Foro Social Permanente, deseamos reiterar el llamamiento a los partidos políticos que nos representan a que hagan un esfuerzo en la búsqueda de los espacios de acuerdo y consenso que la sociedad les demanda. La responsabilidad de construir la nueva convivencia democrática futura corresponde a toda la ciudadanía vasca y navarra, a sus sectores sociales, a sus iniciativas populares, y también a sus representantes políticos. No podemos permitirnos volver a una situación de bloqueo como la vivida durante la anterior legislatura. Nuestra sociedad no comprendería un retroceso así.

Además, las víctimas que han sufrido las violencias practicadas desde estamentos oficiales continúan aún a la espera de más novedades sobre la tramitación de las nuevas Leyes que las debieran dotar de reconocimiento oficial. Esto, nos preocupa de igual manera.

Somos plenamente conscientes de que dar pasos a nivel institucional hacia el reconocimiento de víctimas de la violencia policial, la guerra sucia y la extrema derecha es importante y complicado, porque así se logra no sólo romper con el relato de sectores negacionistas del conflicto que mantienen que sólo ha existido una violencia, sino que se contribuye a dibujar una verdad poliédrica mucho más real y más acorde con las experiencias sufridas por la sociedad vasca y navarra, donde queda patente que las violencias han sido plurales, complejas y practicadas por diversidad de agentes.

Desde nuestro punto de vista, una Ley de reconocimiento a víctimas debe servir para conocer y dar a conocer realidades que hasta ahora eran, por parte de grandes sectores de nuestra sociedad, desconocidas. Ha de servir para, dando a conocer, garantizar que no volverá a repetirse nada parecido. Pero además, también debe servir para ayudar a sanar a personas que se han sentido excluidas durante largos años.

Para ello, el trato equitativo es conditio sine qua non. Lo hemos dicho reiteradamente: desde el Foro Social Permanente no hacemos distinciones entre tipos de violencias ni establecemos jerarquías entre víctimas. Todos los sufrimientos son distintos y su gestión es muy personal; pero todos son sufrimientos.

Así pues, entendemos que existe un línea roja que todas y todos debemos respetar, la sociedad civil y las instituciones: a igual vulneración de derechos humanos, igual nivel de reconocimiento y reparación. No se pueden aceptar discriminaciones entre víctimas.

Las víctimas que durante largos años han sufrido la violencia llevada a la práctica y auspiciada directa o indirectamente por estamentos oficiales, merecen exactamente el mismo nivel de reconocimiento del que gozan las víctimas de ETA.

Trabajemos todas y todos porque nunca mas ninguna victima sea discriminada.