“No se puede pedir a la gente que haga ese camino y cuando empiezan a hacerlo, cerrárselo”

Hoy en Bilbao, Behatokia ha presentado un informe sobre el régimen de aislamiento en general y la situación de la cárcel de Córdoba en particular. En este post podrás encontrar el propio informe, así como las comparecencias de los miembros de Behatokia Teresa Toda y Aitzol Asla, este último del decanato del Colegio de la Abogacía, así como la intervención de Agus Hernan, portavoz del Foro Social Permanente. Asimismo, les dejamos aquí en vídeo unas declaraciones concedidas a Behatokia del ex preso Iñaki Alonso, recién salido de la cárcel de Córdoba.

[DOKUMENTUA]  Aislamiento y progresión de Grado. El caso de Córdoba 

Intervención de Teresa Toda

Tal como explicamos en la presentación del pasado 30 de junio, uno de los objetivos de Behatokia - Observatorio de la política penitenciaria aplicada a presos y presas condenados por delitos de motivación política- es dar a conocer circunstancias y/o hechos concretos que ocurran en determinadas prisiones, contribuyendo con ello a facilitar la búsqueda de posibles soluciones. Complementa así su objetivo general de difundir información, datos y distintos trabajos académicos y/o jurídicos sobre aspectos de la política penitenciaria no normalizada que aún se aplica a las estas personas presas.

El monográfico que presentamos hoy toca dos temas: por un lado, la situación que padecen las personas vascas presas por delitos de motivación política encarceladas en módulos de Aislamiento, y por otro las grandes trabas que tienen que superar en sus itinerarios de reintegración. Lo que ocurre en la cárcel de Córdoba es un buen ejemplo de ambos.

A fecha 8 de octubre, eran 20 las personas en esa situación, en Córdoba, Sevilla II, Huelva, Soto del Real y Estremera. Hace diez días, en Córdoba y Estremera esos presos fueron trasladados a módulos ordinarios. Aunque, paradójicamente, en Córdoba fueron separados en dos módulos.

Hace unos meses, Behatokia recibió una carta de los cinco presos vascos que estaban en Aislamiento en Córdoba, firmada en nombre de todos por Iñaki Alonso. Alonso se encontraba cumpliendo los últimos meses de su condena, de la cual los últimos once años los cumplió en ese módulo de aislamiento. Actuó asimismo como interlocutor ante la dirección de la prisión.

Tras su puesta en libertad tras cumplir integramente su condena en primer grado, Etxerat nos solicitó una reunión con él. Así lo hicimos el pasado 2 de octubre, en este Colegio de la Abogacía. Estuvieron presentes Iñaki Alonso y su abogada Onintza Ostolaza, Patrizia Belez de Etxerat, Agus Hernan del Foro Social Permanente y Aitzol Asla y yo misma en representación de Behatokia.

Lo que recogimos pone al descubierto una situación preocupante y algunas actitudes obstruccionistas. Acordamos preparar este Informe, para, además de dar los datos, plantear algunas reflexiones, más allá de los sucesos concretos.

Aitzol Asla os detallará las condiciones de vida en Aislamiento y Régimen cerrado, y yo me centraré en las dificultades para la progresión de grado.

Como sabéis, las vías que ofrece la Legislación para la reintegración están muy ligadas a los grados de clasificación de la persona presa. El primer grado es el más duro; el segundo es el ordinario en el que está la gran mayoría de la población presa, y el tercero es preparación para la libertad. La gran mayoría de las personas vascas presas por delitos de motivación política está en primer grado, debido a la legislación de excepción que se les aplica. Para progresar de grado, se debe participar en programas determinados, de tratamiento, que la Administración Penitenciaria está obligada a facilitar si la persona presa lo solicita.

Hace algunos años, ya en este nuevo tiempo, el Colectivo de Presas y Presos vascos EPPK acordó transitar las vías de la legalidad penitenciaria. Hoy en día, el 75% del colectivo ha empezado a dar estos pasos, encontrando en general numerosas dificultades. No está siendo nada fácil pasar de primer a segundo grado. Y menos en el caso de quienes están en módulos de aislamiento y régimen cerrado.

En este sentido, Córdoba es un buen ejemplo. Las personas presas allí fueron pioneras en emprender el camino; en enero 2017 empezaron a solicitar participar en los programas de tratamiento. La primera respuesta de la dirección fue que no había programa para ellas. Pero, siendo su derecho, con empeño, dos presos lograron entrar en un programa. Otros tuvieron que recurrir al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, que les dio la razón. En el Informe encontraréis un Auto interesante al respecto.

Los primeros programas que les propusieron eran muy generales, y, además, por parte de las personas técnicas encargadas “no había ninguna continuidad, ni en tiempo ni en contenidos”, en palabras del propio Iñaki Alonso.

Pero a pesar de participar en los programas, de cumplir las obligaciones legales y demás, no se les ha concedido la progresión de grado. Cuando han recurrido a la Audiencia Nacional, se les ha denegado. Los argumentos utilizados en los autos se repiten una y otra vez sin apenas cambios, en los parámetros del pasado, de épocas ya superadas. Encontraréis varios en el Informe, merece la pena leerlos. Reflejan muy bien esas actitudes obstruccionistas tan arraigadas que aún persisten en la Audiencia Nacional y en otras instancias, incluidas las direcciones de algunas prisiones.

Durante años se ha reclamado a estas presas y presos vascos que aceptasen la legalidad penitenciaria, que recorriesen los caminos que ofrece la legislación. No es aceptable que una vez que empiezan a dar los pasos encuentren el camino lleno de obstáculos. No es lo que requiere el momento actual, donde existe un extenso consenso entre los agentes institucionales, políticos, sindicales y sociales coinciden en la necesidad del cambio en política penitenciaria.

Queremos anunciar también que este Informe será trasladado también a Instituciones Penitenciarias, al director de la prisión de Córdoba y a los presos vascos que están allí, a los arartekos de la CAV y Navarra -hay dos presos navarros- y al Defensor del Pueblo de Andalucía, al EPPK así como a todos los agentes con los que trabaja el Foro Social.

Intervención de Aitzol Asla, abogado y miembro del BEHATOKIA

Egunon, buenos días. Tras lo expuesto por Teresa, voy a explicar brevemente lo que son los regímenes penitenciarios implicados en este Informe, y en especial lo referido al Aislamiento.

Como sabéis, el Reglamento Penitenciario detalla tres grados de clasificación de las personas presas: Primer grado, el más restrictivo; Segundo grado, el ordinario, y Tercer grado que es ya de camino a la libertad. La gran mayoría de la población presa se encuentra en segundo grado.

Cada grado tiene un régimen de vida: El Régimen Cerrado es el que se aplica a las personas penadas clasificadas en primer grado (Artículos 91.2 y 91.3 del Reglamento Penitenciario). El Régimen Ordinario es el que se aplica a las personas penadas clasificadas en segundo grado (art. 74).

Dentro del régimen cerrado, hay dos modalidades: El artículo 91.2 dice que: “Serán destinados a Centros o módulos de régimen cerrado aquellos penados clasificados en primer grado que muestren una manifiesta inadaptación a los regímenes comunes”. Y en el art. 91.3 se regulan los Departamentos especiales, es decir, módulos de Aislamiento: “Serán destinados a departamentos especiales aquellos penados clasificados en primer grado que hayan sido protagonistas o inductores de alteraciones regimentales muy graves, que hayan puesto en peligro la vida o integridad de los funcionarios, Autoridades, otros internos o personas ajenas a la Institución, tanto dentro como fuera de los Establecimientos y en las que se evidencie una peligrosidad extrema”.

Actualmente, la mayoría de las personas vascas presas por delitos de motivación política todavía se encuentran clasificadas en primer grado y por lo tanto, viven en un régimen cerrado. Aunque no estén sancionados y su actitud dentro de prisión sea ejemplar, a día de hoy la mayoría sigue en este régimen cerrado de primer grado. De ellas, 14 se encuentran aún en módulos de castigo o aislamiento. Cabría señalar que a lo largo de los años han sido decenas las personas presas por delitos de motivación política que han cumplido toda su condena en módulos de aislamiento. Lo que es absolutamente ilegal. Es decir que el propio sistema incumple su marco legal.

Al analizar esta situación de esas personas, debemos tener en cuenta cómo son esos módulos: Están diseñados para el cumplimiento de la sanción más grave, la de aislamiento. Por tanto, allí el régimen de vida es tan duro y restrictivo, que el propio Reglamento establece que “la sanción de aislamiento nunca será superior a 14 días y siempre con la aprobación del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria (JVP)”.

Sin embargo, las personas de las que estamos hablando pasan años, décadas, en ese tipo de establecimientos. Iñaki Alonso lo resumió así en el encuentro del pasado 2 de octubre: “No hay condiciones, porque todo esto está hecho para pasar 14 días de aislamiento, o dos fines de semana, o siete días.... según sea la sanción, y vuelta al módulo, pero nosotros estamos años y años”. Sin estar sancionados.

En el Informe encontraréis más detalles, pero quisiera incidir en que estos módulos están específicamente diseñados para el máximo aislamiento entre las personas, que permanecen en sus celdas 20 horas al día. En el caso de Córdoba, por ejemplo, el módulo está bajo el nivel del suelo; se accede por una entrada como la de un garaje, con lo cual lo único que se percibe desde las ventanas de las celdas es un muro alto y encima un trozo de cielo. Además, en esas ventanas, hay también una reja sobre los barrotes, dificultando más la aireación e iluminación. En otras cárceles las han quitado hace años.

En estos módulos no hay gimnasio, ni salas comunes, ni otras facilidades. Por la tipología de presos que cumplen sanciones, hay un ambiente tenso, sumamente agresivo y ruidoso. Pese a que el Reglamento así lo estipule, en la mayoría tampoco existen programas de tratamiento para las personas allí internadas. Lograrlos lleva tiempo, tesón y determinación, como ha ocurrido en Córdoba.

Como señala el propio Iñaki Alonso, “estar en Aislamiento y no poder progresar es todo uno. Lo segundo surge de lo primero”.

Y esta realidad es sobre la que Behatokia quiere poner el foco hoy, deseando que contribuya a resolver este tipo de situaciones.

Intervención de Agus Hernan

El pasado 20 de septiembre, desde el Foro Social Permanente hicimos pública nuestra creciente preocupación por la incidencia cada vez mayor de un “lobby” de presión muy importante, anclado en lógicas del pasado y que pretende condicionar el cambio ya en marcha en política penitenciaria. Principalmente en lo que se refiere a las resoluciones judiciales o administrativas que, ajustadas a la legislación penitenciaria ordinaria, deberían facilitar procesos como la progresión de grado, con el objetivo de la reintegración plena de las personas presas.

Decíamos entonces que se trataba de un lobby que reúne a agentes políticos, asociativos, mediáticos, sectores de víctimas de ETA organizadas y sectores de la fiscalía y la judicatura, además de personas con responsabilidades en ciertas prisiones.

El informe presentado hoy por Aitzol Asla y Teresa Toda pone el foco precisamente sobre esta última realidad.

Personas con responsabilidades en ciertas prisiones son hoy uno de los principales obstáculos que están encontrando en esta fase una parte de las personas presas en su itinerario de reintegración. ¿Cómo es posible que, cuando desde el propio Ministro del Interior se defiende la aplicación de una política ordinaria, se acepte que en ciertas prisiones se bloquee sistemáticamente la aplicación de esa política ministerial? ¿Cómo es posible que los argumentos que sirven para las Juntas de Tratamiento de la mayoría de las prisiones, no valgan en Córdoba, Sevilla II, Huelva, Estremera o Soto del Real?

El caso de Córdoba es paradigmático. El informe de Behatokia prueba la perseverancia, desde enero de 2017, de las personas allí presas en dar pasos dentro de la legalidad penitenciaria. Y prueba también que, sistemáticamente, se les sigue aplicando un “corta y pega” en las respuestas negativas a las solicitudes de evolución de grado. Con argumentos sacados de etapas anteriores y sin ningún criterio individualizado. Esto se da tanto por parte de la Junta de Tratamiento como por parte del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria.

La consecuencia es permanecer en régimen de primer grado y en régimen de aislamiento lo que les impide dar cualquier paso y les condena a cumplir su condena íntegra en esas condiciones.

Para finalizar, queremos reiterar que no es de recibo que, precisamente cuando las personas presas inician ese itinerario individualizado de reintegración, cuando hoy son mas de 50 las personas presas que se encuentran ya en régimen de segundo grado y tercer grado, todavía existan estas realidades que bloquean las políticas publicas centradas en la reintegración de las personas presas.

Con este Informe de BEHATOKIA y el empeño continuado del Foro Social Permanente en propiciar el diálogo y facilitar los acuerdos, seguimos aportando a que ese cambio de política penitenciaria, que ya va dando tímidos pasos en la buena dirección, se fortalezca y avance, contribuyendo al horizonte común de una convivencia democrática respetuosa con todos los derechos humanos