Hoy en Donostia Agus Hernan (en castellano) y Nekane Altzelai (en euskara) han ofrecido una rueda de prensa para presentar una serie de recomendaciones en torno al futuro de la Ley 12/2016 de la CAV (ley de vĂctimas del Estado).
En vísperas del «Día Internacional del derecho a la verdad» (24 de marzo), queremos compartir con ustedes nuestra valoración de los resultados recogidos por la Ley 12/2016 y, en general, de la situación en que se encuentran el derecho de las víctimas, en este caso de las víctimas de las violencias del Estado, en su búsqueda de la verdad.
El pasado 14 de enero, en este mismo lugar, ofrecimos una rueda de prensa en la que situamos como prioritario en 2022 el eje del derecho de todas las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Terminamos el año 2021 generando las condiciones necesarias para cerrar definitivamente la cuestión de los ongi etorris. Toca ahora dar pasos resolutivos en superar las expresiones de discriminación que también sufren otras víctimas: las víctimas de las violencias del Estado.
Queremos recordar que el objetivo del Foro Social es superar toda expresión de discriminación, de obra o de palabra, hacía todo tipo de víctima, sin hacer distinciones ni categorizaciones en función de los agentes vulneradores de derechos.
El pasado mes de diciembre terminó el plazo de presentación de solicitudes de reconocimiento a la ley 12/2016. Más tarde el Gobierno Vasco ha hecho público que han sido 710 los expedientes presentados y admitidos a tramite. Una cifra que demuestra el enorme camino que queda todavía por recorrer para el reconocimiento de estas víctimas. Una cifra que nos deja una valoración agridulce.
Previamente, queremos reconocer el enorme esfuerzo que ha supuesto para ellas completar su solicitud de reconocimiento. Lo que supone revivir el sufrimiento que padecieron y que aún viven.
Queremos poner nuevamente en valor la importancia de esta Ley en la Comunidad Autónoma Vasca, o la ley similar que se pondrá en marcha en Navarra antes del verano, como el principal instrumento actual para el acceso a la verdad y la reparación. Aunque es obvio decir que el camino de la justicia para estas víctimas sigue estando cerrado en los tribunales o por la Ley de Secretos Oficiales como hemos visto el pasado viernes con la respuesta del CNI al caso Zabalza, generando una absoluta impunidad.
También queremos agradecer el importante trabajo que están realizando las 9 personas que componen la Comisión de Valoración que, con pocos medios y con el muro de la impunidad de archivos y leyes como la de Secretos Oficiales, está realizando una labor encomiable de investigación en la búsqueda de la verdad.
Sin embargo, debemos reconocer que son todavía pocas las víctimas que han dado este paso. Estas violencias, han generado 366 víctimas1 mortales, 1172 heridas y 4113 víctimas2 de la tortura reconocidas.
De ellas, 88 víctimas mortales y 66 personas heridas habían sido ya reconocidas en decretos anteriores. Es decir, solo un 13% han dado el paso de presentar sus solicitudes.
¿Porque ha ocurrido esto?
Las razones son múltiples. Existen, por supuesto, razones muy profundas y personales de no querer reabrir heridas.
Pero desde el Foro Social Permanente queremos poner el foco en tres razones que hemos identificado y que vemos preciso superar:
La primera, su desconfianza en la justicia. De las 366 víctimas del Estado identificadas, el 38% son casos sin esclarecer. Y estos otros “casos sin resolver” están fuera de la agenda pública.
La segunda, la profunda fractura en la confianza de estas víctimas en las políticas institucionales.
La tercera, esa sensación profunda de abandono, de ser víctimas de segunda categoría y de permanente revictimización.
Debemos reconocerlo: hoy es el día en que, en el subconsciente colectivo, persiste la idea de que cuando se habla de víctimas se piensa en las víctimas de ETA, y no en las del GAL, de la tortura o de las diversas policías. Esto es una expresión de discriminación que ha calado como sirimiri y empapado las posiciones de actores institucionales, políticos y grupos de comunicación.
Frente a esta situación, queremos hacer las siguientes recomendaciones:
Entendemos necesario empezar a trabajar en la reapertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes de reconocimiento. Esta medida debería estar acompañada de una extensa campaña de comunicación y de un servicio de acompañamiento a las víctimas desde sus ámbitos mas cercanos dotado con los medios y la formación adecuados.
Entendemos necesario dotar de mas medios de trabajo a la Comisión de Valoración para que pueda, en un plazo razonable, resolver la totalidad de los 710 expedientes, evitando alargar los plazos, lo que generaría inseguridad en las víctimas.
Desde el Gobierno Vasco se debería acompañar la resolución de los expedientes con actos de reparación que transmitan confianza a las víctimas. El ejemplo del 26 de junio del pasado año (día de las víctimas de la tortura) o el acto de Orbaizeta son gestos necesarios en la reconstrucción de esa confianza.
Por último, queremos animar a las víctimas que no lo han hecho a que sigan presentando solicitudes de reconocimiento a esta ley. Pese a que el plazo este cerrado, la normativa lo permite y sería un gesto importante.
Para superar discriminaciones y amparar a todas las víctimas, debemos avanzar en ese necesario «reseteo colectivo» que desde el Foro social Permanente propusimos el 14 de enero.
Y en este sentido, las instituciones y los partidos políticos tienen una obligación de ejemplaridad.
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(1) Según datos de la Fundación Egiari Zor
(2) Según datos del IVAC