Lectura del Foro Social sobre el acto del Gobierno Vasco ayer para reconocer a 35 víctimas de la violencia generada por el Estado

“Los consensos están ya construidos. Es hora de que los diferentes Gobiernos reconozcan su responsabilidad en la práctica de la tortura y así aportar a la construcción de la convivencia democrática”

La semana que termina ha sido intensa en lo que se refiere al reconocimiento de los derechos de las víctimas del Estado, especialmente de las víctimas de la tortura.
La rueda de prensa de personas torturadas por la Ertzaintza (17/06/21) organizada por la Fundación Egiari Zor, la declaración por unanimidad del Parlamento de Navarra (21/06/21), la comparecencia en el Parlamento Vasco de la Comisión de Valoración de la Ley 12/2016 para informar de su trabajo y perspectivas (23/06/21), el acto del viernes en Iruñea-Pamplona organizado por la “Red Navarra de Personas Torturas” y finalmente, el acto institucional ayer en el Palacio Euskalduna ha venido a situar el debate en su total dimensión.
En numerosas ocasiones hemos venido subrayando que, en los últimos dos años, se había construido un consenso unánime en el plano conceptual en torno al reconocimiento a todas las victimas en su derecho a la verdad, la justicia y la reparación, incluidas las víctimas de la tortura y, sin embargo, como ya expresamos en la nota emitida el pasado 25 de mayo, el Foro Social Permanente se encuentra especialmente preocupado debido a los retrocesos políticos que durante las últimas semanas se venían produciendo en el tratamiento hacia las víctimas del Estado en la Comunidad Autónoma Vasca.
Pese a que en los territorios históricos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa existe desde hace 2 años en marcha una ley de reconocimiento a las víctimas de la violencia del Estado; y pese a que los consensos políticos que se reflejan en diversos acuerdos institucionales (acuerdo del Parlamento Vasco del 20 de junio de 2019 sobre las víctimas de la tortura o las mociones promovidas en distintos Ayuntamientos) demuestran la existencia de un consenso político amplio sobre cómo hacer frente a la cuestión del reconocimiento y la reparación, las últimas semanas se venían multiplicando los elementos perturbadores de este consenso.
 
Nos referimos a decisiones judiciales que entorpecen la búsqueda de un trato equitativo por parte de las víctimas del Estado; el diferente tratamiento dado por instituciones a las preocupaciones y demandas trasladadas por víctimas organizadas en distintas organizaciones; las críticas a las grandes carencias del Centro-Memorial de Vitoria-Gasteiz realizadas por numerosas víctimas del Estado y de ETA; algunas declaraciones políticas o los virajes que organizaciones políticas han hecho al ser interpeladas por este colectivo de víctimas.
Todo esto ahonda en el hecho de que la propia Ley 12/2016 llega con mucho retraso debido, entre otras razones, a los recursos presentados ante el Tribunal Constitucional por determinados partidos políticos, lo que ha supuesto una revictimización de las personas afectadas.
Víctimas de la tortura
Esta situación de discriminación es especialmente delicada en lo que respecta a las víctimas de la tortura.
Recordemos que el informe sobre la tortura en la CAV, elaborado por el Instituto Vasco de Criminología de la Universidad del País Vasco, bajo el encargo del Gobierno Vasco, otorgó credibilidad consistente, muy consistente o altamente consistente a, por lo menos, 4113 casos de tortura practicados por la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Ertzaintza entre los años 1960 y 2014. El estudio se basó en la aplicación del Protocolo de Estambul (202 casos elegidos de forma aleatoria). De entre todos esos casos, 651 (el 15.8% del total) correspondían a 581 mujeres.
Además, ese mismo informe citaba que esas cifras se encontraban por debajo de la dimensión real de afectados. El propio Paco Etxebarria ha informado recientemente en el Parlamento Europeo que el IVAC cuenta ya con 500 casos más documentados en la CAV y estima que son otros 1000 los casos en Navarra.
Pese a esa dantesca fotografía de una realidad más que esporádica, por desgracia, los casos de tortura oficialmente reconocidos son sólo 103: unos pocos por sentencias judiciales, y otros por el Decreto 107/2012 del Gobierno Vasco. A esta cifra hemos de añadir los primeros casos de tortura reconocidos por la ley 12/2016 en el día de ayer, 35 en total. Sin embargo, los casos reconocidos continúan aún siendo demasiado pocos.
Celebración del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura
El 20 de junio de 2019, el Parlamento Vasco aprobó, a propuesta de Elkarrekin-Podemos, en el pleno por unanimidad instar al Gobierno Vasco a la conmemoración del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura.
El día de la votación de esta iniciativa, que tomó forma de PNL, representantes de la totalidad de sindicatos con representación en la CAV, así como representantes de asociaciones de víctimas del Estado, víctimas de la tortura a título individual y víctimas de ETA, acudieron al Parlamento Vasco a acompañar la votación, aplaudir el consenso logrado y explicitar sus demandas ante las personas parlamentarias y los medios de comunicación allí presentes.
 
Desde el Foro Social Permanente valoramos entonces que una iniciativa institucional al más alto nivel de estas características que, junto a la unanimidad en el Parlamento, contó, además, con un extenso consenso de organizaciones de la sociedad civil, suponía un avance en el camino hacia la superación definitiva de la discriminación que todavía persiste en el trato entre las diferentes víctimas en su derecho a la verdad, la justicia y la reparación.
El año pasado las circunstancias que la crisis sanitaria generó, junto con la convocatoria de elecciones al Parlamento Vasco para el 12 de julio, dificultaron la acordada celebración de forma oficial.
Exhortamos, entonces, al Gobierno Vasco a que pusiera todo su esfuerzo en la celebración oficial de este día en 2021, haciendo especial énfasis en ir más allá de lo simbólico, y en adoptar medidas concretas como las recomendadas en el Informe sobre la tortura en Euskadi, para garantizar la no posibilidad de repetición. Mas recientemente, el pasado 3 de marzo, reiteramos esta demanda y, desde entonces, hemos trabajado con el fin de que este importante paso pudiera materializarse.
Valoramos muy positivamente el acto de ayer organizado por el Gobierno Vasco en el Palacio Euskalduna de Bilbao y el trabajo que viene realizando la Comisión de Valoración.
Un acto institucional de reconocimiento a las primeras 35 víctimas que han sufrido la violencia del Estado, la mayoría de ellas a través de las torturas.
Nos congratulamos de que gracias al trabajo de muchos agentes la fecha del 26 de junio queda desde este año marcada en rojo en la agenda de la resolución.
Desde el Foro Social Permanente damos gran valor a este primer paso, por tratarse de un acto absolutamente necesario y un avance en el reconocimiento público y oficial de algunas víctimas de la violencia del Estado, además de poner en vías de reparación esas vulneraciones de derechos humanos.
Sin embargo, también tomamos nota de la demanda de las víctimas de las torturas de la Ertzaintza en su comparecencia del viernes 17 pidiendo un “acto específico de reconocimiento a todas las víctimas de la tortura”.
En lo que respecta a las víctimas de la tortura, los consensos están ya construidos. Con el trabajo de todas hemos conseguido levantar el manto de sospecha que existía sobre estas víctimas y que tanto dolor les ha causado.
Por ello, hoy, desde el Foro Social Permanente, recomendamos:
- A los Gobiernos con responsabilidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado que se han valido de la tortura, una asunción expresa de su responsabilidad en
esta práctica.
- Un compromiso expreso a los agentes institucionales y políticos de nuestro país para
que continúen dotando a las víctimas de la tortura de los derechos que les corresponden.
Ambos aspectos serían una importante aportación al proceso de construcción de loa convivencia democrática

Esta sociedad no puede aceptar pasos atrás en esta cuestión tan sensible