Las condiciones están construidas y las mayorías consolidadas para afrontar las tareas pendientes en materia penitenciaria

Nekane Altzelai, el abogado Nazario de Oleaga y Agus Hernan han ofrecido hoy en Bilbao una rueda de prensa sobre la situación de la política penitenciaria.

Intervención de Nekane Altzelai (euskara) y Nazario Oleaga (castellano)

Comparecemos hoy en rueda de prensa con el fin de realizar un balance de los avances producidos en los dos últimos años en materia de política penitenciaria.

Fue en Junio de 2020 cuando, tras el confinamiento y de manera efectiva, comenzaron a darse pasos decisivos en materia de acercamientos, evolución de grados y fin del aislamiento.

Para contextualizar esta evolución, debemos retrotraernos al 23 de marzo de 2018, fecha en la que presentamos en el Aquarium de Donostia las conclusiones del IV. Foro Social.

Como consecuencia de esas conclusiones, y tras un trabajo de tejer extensos acuerdos en los planos institucional, político, sindical y con el propio EPPK, el 15 de mayo de 2018, tras la disolución de ETA, se identificó una “Agenda urgente de resolución” de cinco puntos, que se ha venido implementando desde entonces.

La entrevista de Pedro Sánchez en la televisión pública española el 18 de junio de 2018 dio perspectivas a todo este trabajo, aunque la repetición electoral y la pandemia ralentizaron su aplicación.

Desde entonces, mucho se ha avanzado, aunque aún queda trabajo por hacer.

Cuatro son los aspectos en los que se ha avanzado notablemente:

• El primero, la política de alejamiento. Hoy 102 personas presas se encuentran encarceladas en las cárceles de la Comunidad Autónoma Vasca y de Navarra y 65 en 12 cárceles periféricas.

• El segundo, la política de aplicación de grados. Hoy 22 personas presas se encuentran en tercer grado y el resto en 2º grado.

• El tercero, una humanización de la política penitenciaria en aspectos como el fin del aislamiento y el tratamiento de las personas presas aquejadas de graves enfermedades.

• Y el cuarto, el traspaso a la Comunidad Autónoma Vasca de las competencias en materia penitenciaria.

No obstante, debemos constatar que existe un tema de esta agenda de resolución que no ha avanzado: la acumulación de penas cumplidas en otros estados europeos.

Por otra parte, existen dos aspectos ya superados que han condicionado notablemente esta cuestión:

• Los «ongietorris»: gracias al trabajo realizado de manera discreta por numerosos agentes y a la decisión del propio EPPK, tiene encarrilada su resolución.

• La denominada “batalla del relato”. Aunque sectores mediáticos, políticos y alguna asociación de víctimas siguen empeñados desde Madrid en frenar los cambios, se trata de un tema que, en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, ya no condiciona.

Sin embargo, la existencia de lobbies con fuerte peso en sectores de la Audiencia Nacional ha generado nuevas dificultades que hace dos años no lo eran y que se han venido poniendo sobre la mesa. desde el Observatorio “Behatokia” del Foro Social.

Nos referimos, principalmente, a los escollos que la Audiencia Nacional está poniendo a los itinerarios de reintegración de las personas presas condenadas por delitos de motivación política y, particularmente, a los permisos en segundo grado y evolución a tercer grado.

Aspectos que deberían rodar con normalidad en una situación de aplicación de una política penitenciaria ordinaria, se han convertido en una verdadera carrera de obstáculos para las personas presas.

Intervención de Agus Hernan (euskera y castellano)

Nekane y Nazario han presentado un balance de claro-oscuros en el que, debemos subrayarlo, se han superado los aspectos más inhumanos que han primado durante 30 años: alejamiento, dispersión, aislamiento y primer grado, aunque aún quedan aspectos en marcha del andamiaje de excepcionalidad, construido en estos largos años para responder a una razón antiterrorista que desde hace 11 años ya no existe.

En este contexto, existen tres aspectos de urgente resolución en los que debemos seguir avanzando.

En primer lugar, la posición obstruccionista de determinados jueces de la Audiencia Nacional que está llevando a dos modelos, cada vez más evidentes, de concebir la política penitenciaria: por un lado, la visión punitivista de jueces de la Audiencia Nacional y, por otro, la que apuesta por políticas de reinserción, impulsada por el Gobierno Vasco y apoyada por el 91% del Parlamento Vasco.

Segundo, la ley 7/2014. Es necesario que el criterio a aplicar en el caso de la acumulación de condenas recaídas en otros estados de la Unión Europea sea el propio establecido por la normativa y resoluciones europeas en la materia.

Se trata de un tema que ha conseguido hacerse un hueco en el debate. Toca por tanto buscar los caminos de resolución.

En tercer lugar, los acercamientos aún pendientes. Aunque mucho se ha avanzado en este sentido, entendemos que a día de hoy no existe ninguna razón para no superar definitivamente, en un plazo razonable, esta consecuencia de la política de excepcionalidad y trasladar a las 65 personas presas en cárceles periféricas a cárceles vascas. Todos los actores reconocen de puertas para adentro que el ritmo debería ser mayor y más constante.

Se trataría de una decisión de sentido común y una aportación a la convivencia democrática.

Además, esto debería permitir terminar con una parte de los aspectos de la política de excepcionalidad aun vigentes (mantenimiento en prisión de los presos enfermos y septuagenarios, sistemática intervención de comunicaciones y limitaciones de correo, llamadas y visitas).

Además, en el contexto actual, entendemos necesario avanzar en acuerdos en dos debates pendientes o en curso:

El primero la ley 7/2003, que obliga al cumplimiento de condenas de 40 años sin redenciones, con sus periodos de seguridad y la desaparición de los jueces naturales en favor del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria en la Audiencia Nacional. Se trata de un tema que, pese a su complejidad, debe abrirse camino en el espacio de los acuerdos.

La definición de unos itinerarios de reintegración para las personas presas por delitos de motivación política que cumplen condena en la Comunidad Autónoma Vasca. El Gobierno Vasco ha abierto un periodo de recogida de aportaciones a su documento “Estrategia 2022-2025”. Son numerosos los actores vascos e internacionales que están aportando a este debate.

Constatada la voluntad política entre las partes implicadas, es hora de acordar las bases y contenidos de una política de Justicia Restaurativa a aplicar a esta tipología de personas presas para que quienes lo deseen puedan transitarla.

Llegar a esta situación es el fruto de un largo trabajo discreto, de tejer consensos entre numerosos agentes institucionales, políticos, sindicales y sociales.

Somos testigos de las dificultades y de las crisis que este proceso ha tenido, pero, afortunadamente, ha existido voluntad en todos los actores para superarlas, allanando el camino.

En este sentido, entendemos que, a fecha de hoy, tanto en los Parlamentos Vasco y de Navarra las condiciones están construidas y las mayorías consolidadas e, incluso, están maduras en el Congreso de los Diputados, para afrontar las tareas pendientes.

Paso a paso se va definiendo el marco de resolución en esta cuestión.

Existen nubarrones en el horizonte que pueden poner en cuestión los avances realizados y que, en consecuencia, hacen estos pasos más urgentes en el plazo corto, para permitir consolidar una situación que la haga difícil de revertir.

El Foro Social Permanente seguirá aportando en los foros discretos y públicos para que, más pronto que tarde, se dé una solución definitiva a la cuestión de las personas presas, sobre tres premisas: consensos, respeto a las víctimas y aplicación de una política penitenciaria ordinaria; y un fin: aportar a la convivencia democrática.