La tortura, un debate necesario y aún pendiente
El Foro Social Permanente quiere compartir su análisis sobre el debate abierto en las últimas semanas en torno al necesario reconocimiento de las víctimas de la tortura.
Desde el Foro Social Permanente expresamos nuestra convicción de que, mientras esta cuestión no se aborde en profundidad y en clave de resolución, seguirá persiguiéndonos de manera colectiva como sociedad. Es hora, por lo tanto, de poner los mecanismos para darle una solución definitiva.
Esa necesidad de solución viene subrayada por una sucesión de hechos que se han dado en las últimas fechas: informe de la CIA y denuncia de Pili Zabala; sentencia del Tribunal europeo; denuncia de las propias personas torturadas y de sus asociaciones representativas; iniciativas sociales; aparición del audio en el que se reconoce la práctica de la tortura; producciones audiovisuales de impacto como el documental “Non dago Mikel” y gestos de calado, como la presencia del vicepresidente del Gobierno español en su estreno en Madrid y otras declaraciones políticas, etc.
Los aterradores audios entre un miembro de los servicios de inteligencia y un alto mando de la Guardia Civil han supuesto, paradójicamente, un alivio para las víctimas de la tortura, ya que ha quedado patente ante toda la sociedad que esta lacra era una práctica sistemática, cerrando definitivamente la época en la que se llegaba a negar el propio sufrimiento padecido.
Todo lo anterior ha coadyuvado a que este asunto se encuentre de nuevo en el centro de la agenda política y mediática.
En ese sentido, recordar que el pasado 23 de junio de 2020 el Foro Social Permanente presentó un “Decálogo de recomendaciones” para poder afrontar esta cuestión aún pendiente de resolver. Entendemos que la citada aportación adquiere plena vigencia en el actual estado de cosas.
Unanimidad institucional
El Foro Social Permanente quiere destacar que el dato más relevante que ha puesto de manifiesto este debate es la existencia de una unanimidad institucional y política -en Navarra y en la Comunidad Autónoma Vasca- en torno al derecho de todas las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
Por el contrario, lamentamos que la “batalla del relato” interpartidaria oculte por momentos esta unanimidad y el indudable avance producido.
En el mencionado tránsito de la unanimidad institucional, la Ley 12/2016 y el Decreto 107/2012 del Gobierno Vasco y la Ley Foral 16/2019 del Gobierno de Navarra (recurrida en el Tribunal Constitucional) son instrumentos adecuados de reparación para las víctimas de la tortura.
Sin embargo, estas no pueden abordar la demanda fundamental de las víctimas de la tortura: el acceso a la verdad. Dado que, actualmente, su confianza en la justicia es nula. Por eso entendemos que la única manera de dar solución a esta cuestión es pasar de la existencia de esa “verdad social” ya asentada a que todos los agentes se pongan en clave de análisis y de propuestas de solución.
Asimismo, no podemos dejar de constatar que hay actitudes y declaraciones que ahondan en el desamparo de las víctimas de la tortura.
Los fríos datos nos dicen que, a día de hoy, de los 4.113 casos recogidos en el informe del IVAC y del Gobierno vasco (a falta de un informe similar en Navarra) solo 31 han sido reconocidos por contar con sentencias judiciales. A los que hay que sumar los 72 casos reconocidos por el Decreto 107/2012 del Gobierno vasco (relativos al periodo 1960 - 1978). Es decir, existen todavía, al menos, 4.010 casos por resolver.
¿Cómo afrontar la solución a esta cuestión?
El Foro Social Permanente entiende que, en la búsqueda de la verdad y la justicia para todas las víctimas, en este caso de la tortura, la solución no puede estar inspirada en la venganza. Para este tema, y para cualquier otro que tenga que ver con la resolución de las consecuencias del ciclo de violencias, la solución siempre deber ser la búsqueda de la justicia, pero nunca una justicia punitiva en clave de vendetta o represalia.
Si partimos de esta doble premisa -derecho de las víctimas y búsqueda de soluciones en clave no punitiva- debemos estudiar mecanismos en clave de resolución. La justicia en clave punitiva, también para los torturadores y sus responsables políticos, solo traería un alargamiento del sufrimiento y dificultaría la construcción de una convivencia democrática.
Existen mecanismos utilizados para este tipo de cuestiones y previstos en el ordenamiento jurídico internacional como la Justicia Transicional que, en nuestra opinión, sería lo más adecuado.
Pero tampoco podemos esperar a que se construya un consenso en torno al mecanismo (Justicia Transicional u otro). Desde ya podemos y debemos dar pasos. En este camino abogamos porque las personas victimarias y las que ostentaban la responsabilidad política, y que ampararon la práctica de la tortura, reconozcan el daño causado y que los gobiernos actuales desarrollen los actos de reparación que consideren necesarios.
Para finalizar, el Foro Social Permanente adquiere el compromiso de seguir trabajando con propuestas y labores de facilitación para dar una solución inclusiva también a esta consecuencia del ciclo de violencias.
