Hay condiciones para que Ley de Información Clasificada sirva para conocer la Verdad, también para las víctimas de desapariciones forzadas

Agus Hernan y Nekane Altzelai han ofrecido hoy una rueda de prensa en Donostia con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzosas.

Comparecemos un año más con motivo del 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Una fecha auspiciada por las Naciones Unidas y que el Foro Social Permanente ha hecho suya, incluyéndola desde hace ya cinco años en su agenda de trabajo.

La desaparición forzada es una grave vulneración de Derechos Humanos, recogida en la Carta de las Naciones Unidas.

Debemos constatar que, transcurrido un año más, no ha habido ningún avance en los 7 casos documentados de personas que han sido hechas desaparecer en el caso vasco, y que aún continúan desaparecidas, a manos de muy diversos agentes que se han valido de la violencia.

Nos referimos a los casos siguientes:

• Los tres jóvenes coruñeses, residentes en Irun, José Humberto Fouz Escobero, Jorge Juan García Carneiro y Fernando Quiroga Veiga, desaparecidos entre Biarritz y Donibane Lohitzune el año 1973.

• Eduardo Moreno Bergaretxe “Pertur”, desaparecido en Behobia el 23 de julio de 1976.

• Tomás Hernández, desaparecido en Hendaia el 15 de mayo de 1979.

• José Miguel Etxeberria Álvarez “Naparra”, desaparecido el 11 de junio de 1980.

• Jean Louis Larre, desaparecido el 7 de agosto del año 1983 en Léon (Landas).

En nuestro caso, la desaparición forzada ha sido utilizada en un total de 14 casos documentados, ya que han existido otros siete casos de personas que han sido hechas desaparecer y que han sido localizadas tiempo más tarde. Los más prolongados, los de Joxean Lasa y Joxi Zabala, desaparecidos durante 13 largos años. Un caso que demuestra como la persistencia de las familias y el trabajo de los abogados y de la sociedad civil pueden traer como resultado que, por fin, las familias pudieran enterrarles en Tolosa.

Decimos “casos documentados” porque somos conscientes que podrían existir otros sobre los que diversos agentes continúan trabajando.

Dos son las premisas que guían el trabajo del Foro Social Permanente:

• Todas las víctimas, e insistimos en el concepto de todas, tienen derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación.

• A igual vulneración, igual debe ser el reconocimiento.

En este caso, el del derecho a la verdad cobra una relevancia absoluta y en esta cuestión queremos centrar esta comparecencia.

Son numerosas las víctimas que han expresado que la verdad sería un elemento sanador para su dolor. Estas consideran el derecho a conocer la verdad como el elemento nuclear, el punto de partida, lo que entienden por justicia, lo que verdaderamente necesitan.

Si en el caso de las víctimas de ETA existen varios instrumentos que les permitirían acceder a la verdad – por citar un ejemplo, la “Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo” en la Audiencia Nacional- no podemos decir lo mismo para el caso de las víctimas del Estado.

En el caso de las víctimas del Estado son 38% los casos sin resolver. Debemos constatar que para ellas la esperanza de acceder a la verdad es hoy casi inexistente.

Sin embargo, en torno a la búsqueda de la verdad, hay tres aspectos que en este momento ofrecen algo de luz al final del túnel:

El primero, el trabajo que está realizando la Comisión de Valoración de la Ley 12/2016. Sus informes de alta calidad han permitido ya reconocer y reparar a 81 víctimas del Estado. Si lo sumamos a las 187 derivadas del anterior decreto 107/2012, son 268 las víctimas del Estado que ya han obtenido reconocimiento.

Queremos expresar desde el Foro Social Permanente nuestro reconocimiento al trabajo que, con medios limitados, vienen realizando los miembros de la Comisión de Valoración.

De manera expresa, queremos manifestar nuestro apoyo a las seis recomendaciones que la Comisión de Valoración formuló en su comparecencia del 29 de junio en el Parlamento Vasco.

Expresamente queremos destacar dos.

La que se refiere a que, antes de que se pueda reabrir un segundo plazo para presentar expedientes como propuso el Foro Social Permanente el pasado mes de febrero, se debe acometer una reforma legal de la propia Ley y, especialmente, el “cambio urgente” en lo que se refiere a igualar las indemnizaciones con las víctimas de ETA.

La que solicita dar la máxima publicidad a los casos reconocidos de graves vulneraciones de Derechos Humanos. Debemos amparar a estas víctimas y acompañarlas, para romper el manto de silencio que durante décadas ha existido. En este sentido, queremos sugerir al Gobierno Vasco que ponga en marcha, de la manera que estime conveniente, dinámicas de divulgación social de los casos reconocidos por la Comisión de Valoración. Este paso, entre otros, permitiría ir deconstruyendo la percepción social de que cuando se habla de víctimas solo se piensa en víctimas de ETA.

El segundo, el arranque este mismo de mes de septiembre de una Ley similar en Navarra.

Y el tercero, el debate en el Congreso de los Diputados del proyecto de Ley de Información Clasificada.

Si bien el anteproyecto es decepcionante y no responde en absoluto a las expectativas que varias de las víctimas del GAL y de la tortura tienen puestas en el acceso a estos archivos secretos, sí entendemos que, a tenor de las valoraciones expresadas por los distintos grupos parlamentarios, existen condiciones suficientes en el Congreso de los Diputados para, en la fase actual del debate de la ley, trabajar por un acuerdo que tenga como único principio el acceso a la verdad de las víctimas de graves vulneraciones de Derechos Humanos.

No es justo ni es humano negar a las víctimas el derecho a saber y, en este sentido, nos congratulamos de las decenas de alegaciones formuladas desde numerosos y plurales actores del Estado Español que, esperemos, permitirán mejorar este anteproyecto.

En este sentido, estamos convencidas de que la mayoría de los grupos parlamentarios van a trabajar en las próximas semanas para acordar las enmiendas necesarias basadas en el Derecho Internacional de no discriminación entre víctimas de vulneraciones de Derechos Humanos y en el objetivo de que todas las víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación.

Dotar a estas víctimas, en especial a víctimas de desapariciones forzadas, de la verdad que les corresponde es imprescindible. Y ello es responsabilidad de la sociedad vasca en su conjunto, de su ciudadanía, de sus agentes institucionales y políticos y de sus organizaciones sociales.

Porque solo así será posible continuar avanzando en la construcción de la convivencia democrática.