Es necesario situar también en la agenda de resolución la problemática de las personas huidas por delitos de motivación política

La vuelta a Euskal Herria esta semana de los huidos Joseba Sarrionandia y Agustín Azkarate y la presentación en Pamplona de la película-documental « Kaxa Hutsak » sobre la vida del deportado Josu Lariz Iriondo, han puesto sobre la mesa la difícil realidad que todavía siguen viviendo 41 personas (8 de ellas deportadas), diez años después de la Conferencia Internacional de Aiete.

Se trata de una problemática desconocida y fuera de la agenda mediática a la que, debemos reconocer, esta resultando muy difícil avanzar en una solución colectiva.

Dos son los aspectos que hacen complicado transitar ese camino:

• la actitud de la Audiencia Nacional que niega a las y los abogados de estas personas acceso a sus respectivos expedientes judiciales impidiendo así el estudio de las posibilidades de avanzar hacia a su posible regularización jurídica;

• la utilización retorcida de la prescripción, alargándola permanentemente y condenando a muchos y muchas a una situación de no retorno.

Frente a esta problemática ha sido la voluntad de Sarrionandia y Azkarate, y de un total de 201 personas huidas, lo que han permitido que hayan decidido retornar a sus lugares de origen desde que en 1998 las personas que componían este colectivo decidieron iniciar el camino de retorno.

El Foro Social Permanente abordó esta cuestión en la segunda parte del IV. Foro Social (Irún, enero de 2018) y, con posterioridad, realizó un encuentro de trabajo con una delegación de cinco de estas personas retornadas, el 9 de noviembre 2019 en Donostia.

En un contexto en que se esta avanzando de manera decidida hacia un escenario de normalización política en lo que se refiere a la cuestión de las personas presas, entendemos necesario situar también en la agenda de resolución la problemática de estas 41 personas huidas por delitos de motivación política.

En este sentido, entendemos que las conclusiones del IV. Foro Social siguen siendo de absoluta actualidad. Propuestas inclusivas que permitirían crear las condiciones necesarias para, en un plazo razonable, dar una solución integral también a esta cuestión.

Estas son nuestras recomendaciones:

1. Facilitar por parte de las instituciones pertinentes la vuelta de aquellas personas huidas contra quienes no existan procedimientos judiciales abiertos o que, si los hubo, hayan prescrito.

2. Garantizar la vuelta de aquellas personas sobre las que únicamente existan acusaciones basadas en testimonios obtenidos bajo tortura, adoptando las medidas necesarias para ello.

3. En el marco de una justicia de carácter transicional, se debería articular una solución jurídica para todas aquellas personas que sufren aún lo que cabe denominar la “pena de deportación”, es decir, la estancia prolongada y restringida en un tercer país al que la persona deportada fue enviada por las autoridades sin mediar procedimiento judicial alguno y, por lo tanto, resolución alguna que acuerde esa situación.

4. La no utilización de la cercana prescripción de procedimientos judiciales con objetivos represivos, reactivándolos días antes de que se produzca dicha prescripción -como ha ocurrido ya en varias ocasiones-, imposibilitando el regreso o prolongando penas de prisión.

5. El cese de la negativa por parte de la Audiencia Nacional a dar información a los abogados de personas huidas sobre su situación jurídica, impidiendo así el estudio de las posibilidades de avanzar hacia a una posible regularización.

6. Recomendamos así mismo que las personas presas, expresas, huidas y deportadas sean participantes activas en el desarrollo del proceso de construcción de paz y normalización.