Es necesario que todos los agentes institucionales, políticos, sindicales o sociales empujemos hoy todos juntos en la resolución de esta agenda urgente

Nazario Oleaga y Teresa Toda han ofrecido en nombre del Foro Social permanente una rueda de prensa junto a Joseba Azkarraga de Sare y Patricia Velez de Etxerat, para abordar los aspectos de urgente tratamiento que deben estar en toda agenda de resolución, en materia de reintegración de las personas presas por razones de motivación política

Desde el mismo día del anuncio de desaparición de ETA el pasado 03 de abril en Ginebra, son numeroso los agentes que han situado la cuestión de las personas presas en el centro de la agenda política.

El Foro Social ha desarrollado un proceso de reflexión interna y, con estos elementos, esta realizando, junto a Sare y Etxerat, una ronda de reuniones formales y encuentros con el objetivo de compartir estas reflexiones con numerosos agentes institucionales, politicos, sindicales y personalidades de la sociedad civil.

Como aspecto previo queremos afirmar que entendemos que la resolución de la problemática de las personas presas irá intrínsecamente ligada a una dinámica de reparación a las víctimas, que podrá tener diferentes concreciones que habra que ir construyendo desde el respeto y el acuerdo.

Entendemos que el nuevo tiempo abierto con la desaparición de ETA abre una situación en la que la política penitenciaria debería adecuarse. Constatamos que esa reflexión la comparte la mayoría política, sindical y social del país. Incluso son numerosos los portavoces vascos del partido en el gobierno que asi se han expresado en numerosas ocasiones.

Entendemos que es momento de articular las mayorías institucionales, políticas, sindicales y sociales tambien en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra e Iparralde. Tres carriles, junto a Iparralde,, pero que tienen una estación final única: una sociedad en paz sin personas presas o huidas.

Como en el caso del desarme entendemos que, en este tema, es necesario construir un esquema de resolución basado en la triangulación de acuerdos entre los Gobiernos Vasco y Navarro, el propio EPPK y la sociedad civil. En este sentido, reiteramos la conveniencia de que cualquier decisión que tenga que ver con las personas presas se haga con el acuerdo de éstas. Un esquema de resolución basado en una demanda que genera consenso: simple y llanamente la aplicación ordinaria de la actual legislación penitenciaria. No defendemos ninguna estrategia de “contraprestaciones” ni de “privilegios“.

El Foro Social Permanente entiende que, en este nuevo escenario, cinco son los aspectos de urgente tratamiento que deben estar en toda agenda de resolución:

1. Personaspresasaquejadasdeenfermedadesgraves.Laspolíticasquea los mismas se apliquen deberán estar presididas por el principio de humanización de las penas, evitando siempre que el cumplimiento de la pena incida negativamente en la enfermedad o padecimiento que sufren y adaptando dicho cumplimiento a esta situación médica.

2. Lugardecumplimientodelapenaodestinopenitenciario.Esnecesario superar la aplicación de la vigente política de cumplimiento en centros penitenciarios alejados del lugar de residencia o domicilio y procurar el acercamiento efectivo de los presos a centros penitenciarios cercanos a su ámbito familiar.

3. Política de grados. Es necesario superar la situación de mantenimiento en primer grado en la que hoy en día se tiene clasificado al 92% de los y las presas, y transitar a una nueva política en que la progresión de grado responda verdaderamente a las circunstancias de cada preso y su situación penitenciaria, tal y como determina la legislación penitenciaria, y no a los delitos por los que fuera condenado u otras circunstancias ajenas a su devenir en prisión, como se viene haciendo actualmente.

4. Acumulación de penas. Es necesario, igualmente, que el criterio a aplicar en el caso de la acumulación de condenas recaídas en otros estados de la Unión Europea sea el propio establecido por la normativa y resoluciones europeas en la materia penitenciaria, y no a los delitos por los que fuera condenado u otras circunstancias ajenas a su devenir en prisión, como se viene haciendo actualmente.

5. Resulta también necesaria la materialización de la transferencia de las competencias en materia penitenciaria a la Comunidad Autónoma Vasca y a la Comunidad Foral de Navarra y la devolución de la competencia en materia de vigilancia penitenciara a los juzgados naturales.

Es necesario que todos los agentes institucionales, politicos, sindicales o sociales empujemos hoy todos juntos en la resolución de esta agenda urgente.

Hablamos de «agenda urgente» porque somos conscientes de que, más adelante, deberemos afrontar la cuestión de las personas juzgadas con la ley 7/2003 o aquellas cuya sentencia está basada en declaraciones realizadas bajo torturas. Somos realistas y entendemos también que se debe establecer una agenda evolutiva.

Es evidente que nadie en este país tiene la llave de las cárceles. Pero entendemos que, para llegar a ese escenario, deben darse tres factores previos: el citado acuerdo amplio previo aquí, la participación de las propias personas presas y, finalmente, generar una corriente de opinión en el estado español favorable a una flexibilización de la política penitenciaria.

Somos realistas. No esperamos gestos espectaculares. Somos conscientes de que los movimientos, si los hay, se producirán gradualmente.

Este nuevo tiempo requiere de dinámicas integradoras. La convivencia en este país se va a construir generando espacios en los que todos los sectores se sientan razonablemente cómodos. Solo de esta manera se podrá realizar la necesaria reconciliación social.

En este sentido, y en relación con las víctimas, el Foro Social Permanente entiende que en el proceso vasco de resolución las víctimas ocupan y deberán ocupar un lugar nuclear. No fue así durante largos años. La sociedad tiene una gran deuda con las víctimas. Pese a sufrir en silencio el olvido y el no reconocimiento, la mayoría de las víctimas de este país no están en un esquema de venganza y revancha, sino de convivencia y reconciliación. Siempre desde el absoluto respeto a otras maneras de convivir con el sufrimiento que puedan tener otras víctimas.

En esta cuestión, las víctimas deben ser informadas y escuchadas. Todas las víctimas. Las que están organizadas y la mayoría de las víctimas de este país que no están organizadas en ninguna asociación.

Entendemos necesario articular mecanismos de contraste de las nuevas políticas en materia penitenciaria. Contrastar, escuchar, pero nunca condicionar las políticas públicas.

Defendemos un amplio acuerdo político, sindical y social que articule una solución equilibrada y razonable que responda a los derechos de las víctimas y al ansia mayoritaria de la sociedad de avanzar, en un plazo razonable, hacia un escenario sin personas presas.