«En la Audiencia Nacional se está generando un enorme tapón en los itinerarios de reintegración de las personas presas»

Aitzol Asla, Agus Hernan y Teresa Toda han presentado hoy el monográfico de Behatokia que detalla los permisos denegados por la Audiencia Nacional.

BEHATOKIA MONOGRÁFICO 5 Permisos y terceros grados, frenados en la Audiencia Nacional

Intervención de Teresa Toda (Behatokia)

La preocupación y temores que el Foro Social Permanente viene expresando en los últimos meses - y que en julio de 2021 recogía el anterior Monográfico de Behatokia- sobre las trabas en la Audiencia Nacional a los itinerarios de reintegración de las personas vascas presas por delitos de motivación política se están viendo confirmados y agudizados a tenor de las decenas de denegaciones y revocaciones de permisos y/o terceros grados que se acumulan ya en el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria. Con fecha 25 de marzo, eran 76 denegaciones, afectando a 34 personas. Todos los detalles están en nuestra publicación y el anexo.

Los informes que publicamos, sobre denegación de permisos el primero y terceros grados el segundo, llegan a la conclusión de que nos encontramos ante una invasión del campo del Derecho Penitenciario por parte del Derecho Penal. Con las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 7/2003 se ha generado un cuadro normativo tan rígido que dificulta enormemente el tratamiento penitenciario. Pero además, se aprecia una involución muy ideológica en la interpretación de las normas jurídicas; incluso, en algunos expedientes y resoluciones del Ministerio Fiscal se percibe una posición que implica la negación del tratamiento como principio básico del Derecho penitenciario. Sin duda, una situación inquietante.

Inquietud que refleja también el artículo del jurista y ex-miembro del CGPJ Emilio Olabarria que incluye este Monográfico.

El peso de las modificaciones introducidas al amparo de la excepcionalidad de la legislación antiterrorista es grande. Hablamos de leyes y artículos que deberían estar obsoletos o estar siendo superados en aplicación de la norma en función de la realidad social y política presente, no la de hace una o dos décadas. A ello se añade la presión del “lobby” contrario a los avances en política penitenciaria y a la construcción de la convivencia democrática, un lobby que mezcla a ciertas asociaciones de víctimas de ETA y los intereses político-electorales de la derecha española. No ha conseguido detener los cambios iniciados por el Gobierno de Pedro Sanchez, pero sí ralentizarlos, sobre todo en esta segunda fase de progresión de grado y reintegración. Hay otra dimensión que no podemos pasar por alto: la dimensión humana.

Estas resoluciones sistemáticamente negativas acaban suponiendo un impacto negativo sobre las presas y presos que van dando estos pasos, y generan un sentimiento de frustración, tanto en las personas afectadas como en sus familiares y entornos. Hay que recordar que las frustraciones y los caminos cegados no aportan a la consolidación de las garantías de no repetición.

Antes de pasar la palabra al abogado Aitzol Asla, que no puede estar presente pero hace su intervención en vídeo sobre aspectos jurídicos, y a Agus Hernan en la valoración en nombre del Foro Social., quisiera hacer un apunte.

Respecto al tercer grado, señalar que, además de trabas excepcionales, subyace la restrictiva idea de que estar en régimen abierto, en tercer grado, no es estar cumpliendo la pena, no es continuar presa. Quisiéramos subrayar que todas las personas presas que fueron de ETA han cumplido íntegramente sus condenas, y en condiciones excepcionales. El tercer grado es un camino previsto por la legislación ordinaria para reforzar el espíritu del artículo 25 de la Constitución Española, que recoge la reinserción social.

Intervención de Agus Hernan (Foro Social Permanente)

Los datos que hoy ha presentado Behatokia demuestran una fotografía que confirma nuestros análisis y alertas anteriores. Se está generando un enorme tapón en los itinerarios de reintegración de las personas presas en lo que debería ser una dinámica rodada en el otorgamiento de permisos conforme a la legislación ordinaria.

Si se deniegan los permisos se limita la expectativa natural de progresión a tercer grado. Aunque no es necesariamente obligatoria, la lógica penitenciaria es que, tras una etapa disfrutando de permisos en segundo grado, si estos se desarrollan de manera satisfactoria, como es el caso, la persona presa progrese a tercer grado.

Está sucediendo lo que nunca ha ocurrido hasta ahora: La Fiscalía de la Audiencia Nacional está recurriendo sistemáticamente los criterios de las Juntas de Tratamiento. Está recurriendo lo informes favorables de aquellos profesionales designados para, precisamente, hacer un seguimiento personalizado de la persona prensa. Poniendo en duda su profesionalidad.

¿Por qué? Lo hemos venido alertando. Existe un lobby entre ciertos jueces y fiscales de la Audiencia Nacional que quiere entorpecer los avances en este terreno y, en general, los pasos hacía la convivencia democrática.

Un lobby que responde a impulsos políticos y que, en este caso, pretende menoscabar a la propia administración de justicia.

Lo que está ocurriendo nos preocupa mucho. Estamos en una fase de consolidación de las garantías de no repetición.

Lo que está ocurriendo está generando una enorme frustración en las propias personas presas, en sus familiares y en sus entornos. Y la frustración no ayuda nada al objetivo que nos une a todas y todos: generar las garantías de no repetición desde una cultura de derechos humanos.

Para revertir esta situación hacemos dos recomendaciones:

A las propias personas presas. A perseverar en este camino superando la frustración de los rechazos. Pese a las dificultades y nuevos escollos se están dando pasos, se está avanzando.

A los diversos agentes. La necesidad de perseverar en esta fase en los consensos institucionales, políticos, sindicales y sociales. Debemos seguir aunando consensos y voluntades para que estas personas presas puedan transitar los itinerarios de reinserción previstos en la legislación ordinaria, lo que contribuirá a una convivencia democrática.