El 'lobby' no ha podido impedir que se vaya materializando el cambio en la política penitenciaria

Hoy, en el Colegio de la Abogacía de Bilbao, Teresa Toda y Aitzol Asla han presentado el tercer número de la publicación semestral del Behatokia, observatorio de la política penitenciaria. En este número, además de constatar con datos los avances en el cambio a pesar del "lobby", también destaca una entrevista a la jueza Garbiñe Biurrun.

Behatokia 3  PDF

Intervención de Teresa Toda

Mañana 19 de junio se cumplirá un año exacto desde que se reiniciaron los traslados efectivos de los anuncios realizados durante los meses de pandemia de abril y mayo.

Con la fotografía de datos que presentamos hoy en nuestro tercer Behatokia semestral, podemos constatar el cambio que en política penitenciaria ha dado el Gobierno de Pedro Sánchez, siendo el de los traslados el aspecto más visible. Aitzol Asla os detallará los datos, yo sencillamente apuntaré que ya no hay personas vascas presas por delitos de motivación política ni en Levante, ni en Galicia, solo 3 en Andalucía y ninguna en aislamiento. La inmensa mayoría está en prisiones limítrofes con la CAV y Navarra. Aparte de otras consideraciones, hay que subrayar el alivio que supone para tantas familias y personas allegadas.

Con todo, aún quedan por resolver puntos de la “Agenda Urgente de Resolución” planteó el Foro Social en setiembre 2018. Entre ellos, destaca la cuestión de la acumulación de penas, que sigue pendiente y afecta gravemente a más de medio centenar de personas.

Pero es indudable que se va avanzando, que en este terreno, las cosas no están como estaban hace 3 años, y, pese a la existencia de un “lobby” bastante poderoso contrario al cambio, se está a punto de completar una primera fase.

Sin embargo, como decimos, no todo está hecho, ciertos pasos aún se quedan cortos. Encaramos meses decisivos para la resolución de este nudo que sigue sin desatar del todo, en la perspectiva de la construcción de convivencia democrática en la sociedad vasca y navarra.

Tres aspectos nos parecían necesarios para abordar la cuestión penitenciaria, y, poco a poco, se van asentando: voluntad manifiesta del Gobierno español para superar la anterior fase de excepcionalidad penitenciaria, la implicación clara de las personas presas afectadas, dando pasos importantes que aportan a esa perspectiva, y la voluntad de los gobiernos vasco y navarro, así como de las organizaciones de la sociedad civil implicadas, para aportar a los procesos de reintegración. Constatamos la implicación de los gobiernos e instituciones de Navarra y la CAV, y más en el caso de la CAV, donde la firma de la transferencia de competencias penitenciarias ha venido seguida de anuncios sobre una forma de gestión más humana y abierta, dentro de la normativa vigente.

Hay, pues, elementos positivos en el balance. Pero, a la vista de ciertos problemas que van apareciendo, ya en enero advertimos de la necesidad de que los itinerarios de reintegración cuenten con garantías suficientes para que quienes los inicien los puedan completar sin tropezar con trabas imprevistas, cuestiones que no están en la legislación ordinaria, la que debería aplicarse con normalidad a estas personas presas. Y, al encarar la segunda fase, la de la reintegración, nuestra preocupación se está viendo confirmada.

Estamos ya identificando resistencias por parte del citado “lobby”, con su enfoque de una concepción vengativa de las penas de prisión, abiertamente contra los planteamientos más avanzados que apuestan por cumplimientos de pena que consoliden la aportación de las personas que han cumplido condenas por delitos de motivación política a la convivencia democrática de las sociedades a las que regresan. Es cierto que la capacidad de este lobby de condicionar el cambio en política penitenciaria es cada vez más limitada, pero no así su visibilidad mediática y utilización por parte de ciertas fuerzas políticas. No obstante, hay que constatar que sus planteamientos encuentran eco en estamentos judiciales decisivos, como la Audiencia Nacional, generando dificultades a los itinerarios penitenciarios ordinarios. De hecho, estamos ya trabajando en un Behatokia monográfico específicamente sobre el lobby tan bien implantando en la Audiencia Nacional.

En el crispado ambiente de la política en el Estado español, donde se llega a insultos y críticas a asociaciones y víctimas individuales de ETA que defienden la legalidad de los acercamientos, es cada vez más necesaria la consolidación de una corriente de opinión mediática, jurídica, de asociaciones y personas comprometida que acompañe a la mayoría de 55% de diputadas en el Congreso Español ya favorable a la convivencia democrática en la CAV y Navarra, y a las medidas y pasos necesarios para consolidarla.

Ese fue precisamente uno de los fines con los que el Foro Social Permanente impulsó la creación del Behatokia. El año pasado, en condiciones difíciles se organizó en Madrid la jornada de setiembre o el viaje a Andalucía en octubre y, tras el fin de la pandemia, retomaremos este eje de trabajo con mas determinación mirando hacia el Estado Español.

En este mismo sentido, junto a los últimos datos, Behatokia presenta hoy una profunda entrevista con la jueza Garbiñe Biurrun. La jueza hace una interesante aportación al insistir en la necesidad de una labor pedagógica desde las propias instituciones, para desactivar prejuicios y opiniones basadas en hechos falseados, manipulados, o mal comprendidos. Cree necesario que se explicase claramente el objetivo y base legal de las decisiones que se van tomando: “El Gobierno debería estar explicando todo el día por qué ha decidido acercar a estas personas presas, igual que nos han explicado las vacunas y otras cosas”, afirma. Considera que hay un enorme desconocimiento de lo que es la respuesta penal y la propia prisión, a la que la sociedad ha dejado “fuera” tanto física como mentalmente. Son asimismo interesantes sus reflexiones sobre las víctimas, el ejercicio de la justicia, o el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria.

Finalmente, recordamos que el objetivo del Foro Social Permanente sigue siendo que todas las personas presas por delitos de motivación desarrollen sus itinerarios en las cárceles de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, en tercer grado; beneficiándose en los casos que competa de la acumulación de penas ya cumplidas en el Estado francés y, sobre, todo, participando activamente en un itinerario de reintegración que aporte a la construcción de la convivencia democrática.
 

Intervención de Aitzol Asla

Como ha dicho Teresa, yo os voy a detallar y analizar los datos. Son datos a fecha de 14 de junio.

Actualmente, son 210 las personas presas por delitos de motivación política, cuya inmensa mayoría se identifica con los planteamientos de EPPK. 30 son mujeres, 180 son hombres. De estas personas, 57 se encuentran en las prisiones de la CAV y Navarra; 128 en otras prisiones del Estado español y 25 en las del Estado francés. En porcentajes, estas cifras nos indican que el 13% de este colectivo está ahora en el “kilómetro 0”, cerca de sus familiares y entorno social. El 61% se encuentra en prisiones situadas entre 150 y 400 kilómetros de la CAV y Navarra. El 7% continúa en cárceles entre 400 y 600 km y el 1% a más de 600 km.

Así pues, estaríamos cerca de que se cerrase la primera fase de este proceso de cambio, con los traslados y acercamientos. La mayoría está en prisiones periféricas a la CAV y Navarra, sin discriminaciones respecto a la actitud política de estas personas.

Son datos significativos, y más si los comparamos con los que difundimos hace seis meses:

En enero, eran solo 25 las personas en cárceles de Euskal Herria, el 13% del total. Hoy, tal como he señalado, son 57, el 31%. El 41% se encontraba en cárceles entre 150 y 400 kilómetros, hoy es el 61%. Entonces, el 18% estaba en prisiones entre 400 y 600 kilómetros de distancia, ahora ha descendido al 7%, y del 28% que estaba a más de 600 kilómetros se ha pasado al 1% de hoy.

Podemos constatar, por tanto, que el cambio en política penitenciaria que Pedro Sánchez anunció hace tres años se está produciendo; eso sí, a pesar del acelerón de los últimos meses, las cosas se han movido más lentamente de lo que cabía esperar. No obstante, es destacable que hoy tan solo quedan tres presos de EPPK en Andalucía; ya no hay ninguna persona presa por estos motivos en Galicia o Levante y, así, para cientos de familiares y personas allegadas han terminado, o están a punto de terminar, esos tan largos y duros viajes.

Aunque el balance global tenga aspectos positivos, es necesario decir que algunos puntos de nuestra Agenda Urgente de Resolución no se han cumplido aún, y no parece que vaya a ser fácil el camino hacia su cumplimiento. Hay están las dificultades que plantea la legislación excepcional para la progresión de grado o la libertad condicional, yendo más allá de la legislación ordinaria. Ahí está también la no acumulación de condenas cumplidas en otros estados, con todo lo que supone. Son 50 las personas afectadas por esta norma en el Estado español. Y son 60 las condenadas con la ley 7/2003.

Ya estamos encontrando trabas nuevas para la progresión de grado, especialmente hacia el tercer grado. En el tercer Monográfico de Behatokia, sobre la cárcel de Zuera, analizábamos algunos ejemplos. La situación no ha mejorado desde entonces, y estamos preparando, como se ha dicho ya, un nuevo monográfico sobre las actitudes reticentes enquistadas en la Audiencia Nacional, que coinciden con los planteamientos del “lobby” contrario a los cambios existente en el Estado español.

En este sentido, quisiéramos subrayar la actitud de las personas presas del EPPK. Están desarrollando el camino que el Colectivo abrió en 2017, es decir, dar los pasos que plantea la legislación penitenciaria ordinaria para la progresión de grado, pese a las dificultades que ponen algunas Juntas de Tratamiento y la Audiencia Nacional. Estas personas han presentado escritos individuales reflexionando sobre su trayectoria, reconociendo el daño causado y empatía con las víctimas.

Haciendo con los datos sobre clasificación por grados el mismo ejercicio que hemos hecho con los traslados, vemos que solo quedan 6 personas en primer grado, el más duro, y de ellas 3 están con aplicación del artículo 100.2 que lo suaviza. En enero, sin embargo, eran 78 las personas en primer grado, de ellas 34 con artículo 100.2.

Hoy en día, la mayoría de este colectivo, 157 personas, está en segundo grado, 5 de ellas con artículo 100.2. En enero eran 100, y 3 con artículo 100.2.

La modificación más pequeña está en el tercer grado: si en enero eran 11 las personas así clasificadas (5 de ellas en prisión atenuada), hoy son 13 (8 de ellas en prisión atenuada).

Si tenemos en cuenta que entre las personas presas en el Estado español 53 han cumplido ya las ¾ partes de la condena, y por tanto, tendrían posibilidad de estar en tercer grado o libertad condicional, podemos intuir dónde estarán los problemas o trabas en la siguiente fase.

Sabemos que el camino no va a ser fácil, pero tenemos la seguridad de que los pasos dados no caen en el vacío. Está muy extendido en la CAV y Navarra el convencimiento de que resolver la cuestión penitenciaria será una aportación importante a la construcción de la convivencia democrática. Y en el Estado español son cada vez más las voces a favor de estos cambios, pese a la fuerza que demuestre el “lobby”. El Foro Social Permanente sigue dispuesto a hacer todas las aportaciones necesarias.