El Foro Social se reúne con la Presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, para compartir el Informe sobre las trabas a la reintegración por parte de la AN
Una delegación del Foro Social Permanente se ha reunido hoy con Bakartxo Tejeria, Presidenta del Parlamento Vasco. Tras la reunión, Agus Hernan, Teresa Toda y Aitzol Asla han realizado declaraciones en el Parlamento.
Como representantes de Behatokia agradecemos sinceramente el interés que ha mostrado la presidenta Bakartxo Tejería por las cuestiones que le hemos planteado en la reunión.
Son las cuestiones que se recogen en el Informe que le hemos entregado, el cuarto monográfico de Behatokia, centrado en las dificultades que están encontrando las personas vascas presas por delitos de motivación política en sus recorridos por los itinerarios de progresión marcados por la Legislación y reglamento penitenciarios ordinarios vigentes. Dificultades que pueden suponer -y están suponiendo ya- un claro riesgo de bloqueo de procesos que deberían ser fluidos, puesto que encajan totalmente en la legislación que se aplica a las personas presas en el Estado español.
Las personas vascas presas a las que nos referimos en este informe han asumido las vías recogidas en dicha legislación ordinaria para su progresión de grado, encaminadas a sus respectivos y personales procesos de reintegración, al final de sus condenas. Han realizado escritos personales reconociendo el daño causado. Se encuentran en segundo grado penitenciario, gran parte de ellas tiene cumplida más de la mitad de su condena y muchas ya las tres cuartas partes. Están participando en actividades, programas específicos, cursillos e incluso trabajando en las prisiones donde están recluidas. Reúnen pues los requisitos necesarios para poder solicitar y disfrutar de permisos, progresión a tercer grado, libertades condicionales...
Sin embargo, muchas de ellas están tropezando con obstáculos imprevistos, tanto en las Juntas de Tratamiento de ciertas prisiones como en los ámbitos de la Audiencia Nacional que son determinantes en materia de cumplimiento de condenas: el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, la Sección Primera de la Sala de lo Penal y el Ministerio Fiscal.
Más de una vez se ha alertado de la existencia de un “lobby” contrario al cambio en la política penitenciaria de excepción aplicada a estas personas presas. Ese “lobby”, muy ideologizado, tiene influencia en ámbitos políticos y en aquellos que inciden directamente en resoluciones sobre materia penitenciaria, como los mencionados de la Audiencia Nacional.
En los autos que recoge el Monográfico, se aprecian claros signos de esa influencia. En cuestiones que hace menos de dos años no suponían ningún problema, se constatan actitudes de marcha atrás. Por ejemplo, no son pocos los casos en que se recurren decisiones que cuentan con el aval unánime de Juntas de Tratamiento, o se deniegan permisos incluso después de que se hubiera disfrutado de alguno. Hay lecturas tremendamente ideologizadas, alentadas desde posiciones políticas que buscan frenar y atascar los procesos derivados de la mera aplicación de la legislación penitenciaria ordinaria. Quizás hoy no sean actitudes definitivamente enquistadas en esas instancias, pero ya están generando trabas a procesos que encajan totalmente dentro de la legislación vigente.
Transcurridos diez años desde el fin de la actividad de ETA, y casi cuatro desde su desaparición, cuando estas personas presas han aceptado la legalidad penitenciaria y el Gobierno español ha procedido a trasladarlas a prisiones de Euskadi, Navarra y periféricas, -reclamación que cuenta con un respaldo y acuerdos muy mayoritarios en las instituciones, organizaciones políticas, sindicales y sociales de la sociedad vasca y navarra-, esta situación genera seria inquietud y puede desembocar en profunda frustración en una sociedad que intenta sentar las bases de una convivencia democrática que respete todos los derechos de todas las personas, incluidas las personas presas.
Ante todo ello, el Foro Social Permanente reitera la necesidad de consensos y criterios muy claros y reforzados para sostener con firmeza la reclamación de profundizar en el cambio en política penitenciaria, uno de los tres nudos aún sin resolver del proceso que se abrió hace diez años en Aiete. Siempre, por supuesto, desde el respeto absoluto al dolor de las víctimas, de todas las víctimas, que debe ser reconocido y reparado en términos de igualdad en el marco de una convivencia democrática.
