El Foro Social remite el informe sobre los obstáculos en el proceso de reintegración a Gobierno, jueces, fiscales, cárceles e instituciones
Tras la presentación el pasado martes en Donostia del 4º informe monográfico de “Behatokia- Observatorio de la política penitenciaria aplicada a presos y presas de motivación política”, en este caso centrado en los escollos que se están encontrado en la Audiencia Nacional las personas presas vascas en sus itinerarios de reintegración, el Foro Social Permanente desarrollará hasta el final de año una batería de iniciativas con el fin de dar a conocer este nuevo nudo y generar los consensos necesarios para darle una solución.
Tras la presentación el pasado martes en Donostia del 4º informe monográfico de “Behatokia- Observatorio de la política penitenciaria aplicada a presos y presas de motivación política”, en este caso centrado en los escollos que se están encontrado en la Audiencia Nacional las personas presas vascas en sus itinerarios de reintegración, el Foro Social Permanente desarrollará hasta el final de año una batería de iniciativas con el fin de dar a conocer este nuevo nudo y generar los consensos necesarios para darle una solución.
En concreto, esta misma semana el informe ha sido remitido a todos los actores institucionales, políticos, sindicales y sociales con los que el Foro Social viene trabajando en esta cuestión, entre ellos el propio EPPK.
Además, lo ha trasladado ya al Ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska; a la nueva Ministra de Justicia, Pilar Llop; a la Fiscal General de Estado, Dolores Delgado; a la Presidenta de la Sección Primera de la Sala de lo Penal, Concepción Espejel; al magistrado-juez del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro Antonio, así como a las direcciones y juristas de todos los centros penitenciarios en los que cumplen condena las personas condenadas por delitos de motivación política.
A partir de septiembre, el Foro Social Permanente solicitará sendas reuniones a la presidenta del Parlamento Vasco Sra. Bakartxo Tejeria y del Parlamento de Navarra Sr. Unai Uhalde, así como a los Arartekos de la Comunidad Autónoma Vasca y de Navarra, solicitándoles su amparo e intervención.
Asimismo, se dirigirá a las Comisiones de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, de relaciones Ciudadanas del Parlamento de Navarra y a las Comisiones de Justicia del Congreso y del Senado.
Desde septiembre de 2020, el Foro Social Permanente viene alertando de la influencia de un lobby contrario a estos cambios y medidas penitenciarias. Un lobby que, movido por intereses diferentes, reúne a sectores políticos, policiales, mediáticos, sectores de víctimas de ETA organizadas y otros sectores instalados en Instituciones Penitenciarias, la Fiscalía y la judicatura.
Actores con una agenda anti-resolución, en este caso con incidencia directa sobre resoluciones en materia penitenciaria como son el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, la Fiscalía y la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El papel de estas tres instancias es determinante debido a la actual normativa legal.
No decimos que se trate de situaciones o actitudes que estén definitivamente instaladas en dichas instancias, pero sí se puede afirmar que suponen un claro riesgo de bloqueo en procesos que deberían ser fluidos, puesto que encajan en los parámetros marcados por la legislación y reglamento penitenciarios.
Cabe hablar de posiciones muy ideologizadas, alentadas desde posiciones políticas definidas en contra de la apertura de nuevos tiempos, que buscan frenar procesos que se derivan de una aplicación normalizada de la legislación penitenciaria ordinaria. En ocasiones, se apoyan en cuestiones jurídicamente interpretables, pero en otros casos resulta evidente que se construyen sobre ciertas interpretaciones de las normas jurídicas que aparecen contrarias a Derecho.
Es incuestionable el gran alivio que el fin del aislamiento, la evolución a 2º grado y los acercamientos a cárceles del País Vasco y de Navarra, y periféricas a ambos territorios, acometidos durante la primera fase, han supuesto para las personas presas y en especial para sus familias y personas allegadas.
En este sentido, valoramos positivamente que esta misma semana el Gobierno Español, tras culminar la primera fase, haya iniciado la segunda fase prosiguiendo con la política de acercamientos, ya desde las cárceles periféricas a las cárceles del País Vasco y de Navarra. Además, tomamos nota del gesto humanitario que supone la evolución a 3er grado del preso gravemente enfermo Mikel Arrieta.
Un paso importante que corrobora la voluntad política compartida hacia el objetivo final de la sociedad, que sigue siendo que todas las personas presas por delitos de motivación política estén en las cárceles de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, en los casos que corresponda en tercer grado y aplicándoseles la acumulación de penas cumplidas en el Estado Francés y, sobre, todo, participando activamente en un itinerario de reintegración que aporte a la construcción de la convivencia democrática. Esta es la mejor garantía para un itinerario exitoso de reintegración.
