El Foro Social pide un 'reseteo' colectivo que supere discriminaciones y ampare a todas las víctimas

Hoy en Donostia, Nekane Altzelai y Agus Hernan han ofrecido una rueda de prensa para presentar los objetivos del Foro Social para el año 2022 en cuanto a la construcción del proceso de paz.

Prioridades del Foro Social para el año 2022
 

Intervención de Nekane Altzelai

A través de esta rueda de prensa pretendemos fijar nuestros objetivos para este año 2022 que acaba de comenzar.

Como demuestran las recientes encuestas publicadas, es ya un extenso consenso que los objetivos finales del proceso de construcción de paz son dos:

• Sentar las garantías de no repetición

• Avanzar en la reconciliación social

En este doble objetivo, quedan aspectos pendientes por resolver que, una vez resueltos de manera integral, nos permitirían sentar las bases para una convivencia democrática tal y como el Foro Social Permanente definió el pasado 6 de noviembre en Gasteiz en su propuesta de bases de para un “Pacto social e institucional para la convivencia democrática”.

El décimo aniversario de Aiete ha generado una mejor situación, que toca ahora consolidar, y ha permitido también, tras los pasos dados en los últimos años, adecuar los objetivos al escenario actual.

Es por ello por lo que, en las últimas semanas, estamos pidiendo a los actores que sepan leer adecuadamente el momento actual y, dejando de lado intereses partidistas, superen las inercias de un pasado reciente que todavía siguen existiendo.

Afrontamos 2022 con la convicción de que va a ser un año importante en la resolución de los tres nudos que quedan pendientes por resolver.

El primero, el derecho de todas las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, así como la superación de las expresiones de discriminación que todavía sufren muchas de ellas. Agus Hernan en su intervención profundizará en esta cuestión.

El segundo nudo, la resolución integral de la situación de las personas presas, que pasa, en primer lugar, por el acercamiento en este año de todas estas personas a las cárceles vascas y de Navarra y también por resolver dos debates nucleares:

• La superación de la todavía excepcionalidad penitenciaria en cuestiones como los permisos penitenciarios en segundo grado, la evolución a tercer grado y el acceso a las libertades provisionales

• La definición de un itinerario de reintegración fundamentado en la Justicia Restaurativa, acordado con todos los actores institucionales y políticos, incluidas las propias personas presas, que defina los pasos a dar por las personas presas dentro de las cárceles y el acompañamiento institucional en el momento de la libertad provisional y el fin de condena.

Y el tercero, la construcción de una memoria crítica inclusiva, superando la crispación que genera el debate inter-partidario de la batalla del relato con amplio eco mediático. Sin duda, se trata del nudo más difícil de desatar. El objetivo en este aspecto es llevar este debate del espacio actual de la crispación a un espacio más constructivo. Para ello, es conocido el compromiso del Foro Social, anunciado el pasado 14 de diciembre, de aportar desde el mecanismo de los “Diálogos improbables”.

Para finalizar esta primera parte, queremos recordar la misión del Foro Social Permanente: identificar los nudos que bloquean el proceso de construcción de paz, analizar experiencias internacionales, hacer recomendaciones y construir los consensos necesarios para desatar esos nudos.

Un método de éxito que ha funcionado en cuestiones como el desarme civil de ETA, su disolución, la cuestión de las víctimas y los presos o, más recientemente, los ongi etorris.

Intervención de Agus Hernan

Afrontamos este año 2022 desde la convicción profunda de que se van a dar pasos decisivos en las tres cuestiones anteriormente citadas.

Pero en el Foro Social Permanente nuestra prioridad va a estar puesta en el primer aspecto enunciado por Nekane: las víctimas, todas las víctimas.

En este aspecto, el objetivo del Foro Social es superar toda expresión de discriminación de obra o de palabra hacía todo tipo de víctima, sin hacer distinciones ni categorizaciones en función de los agentes vulneradores de derechos.

Hemos terminado el año 2021 generando las condiciones necesarias para cerrar definitivamente la cuestión de los ongi etorris. Toca ahora dar pasos resolutivos en superar las expresiones de discriminación que también sufren otras víctimas: las víctimas del Estado.

Es innegable que durante estos últimos años se ha iniciado una dinámica en positivo en lo que respecta a dotar a las víctimas del Estado de los derechos que les corresponden.

En primer lugar, la unanimidad política construida en lo referente al derecho de todas las víctimas - y decimos bien, de todas - a la verdad, la justicia y la reparación. Un avance inimaginable hace escasos años.

La segunda cuestión, el dotarse de instrumentos de reparación. La principal, la ley de la Comunidad Autónoma Vasca, o la ley similar que se pondrá en marcha en Navarra antes del verano. Sin olvidar el valor del informe en la CAV que, mediante protocolos internacionalmente avalados, certifica el número de personas torturadas y que, esperamos, este año en Navarra se puedan dar pasos similares en el buen sentido.

Hay que destacar también los consensos políticos y sindicales expresados en iniciativas institucionales, específicamente hacia las víctimas del Estado, a favor de reconocer victimizaciones como las producidas por los años de excepcionalidad penitenciaria, la tortura, etc.

Sin embargo, este reconocimiento tiene el riesgo de quedarse en algo teórico, vacío de contenido, si no se da un reseteo colectivo.

¿Por qué decimos esto? Debemos reconocerlo: hoy es el día en que, en el subconsciente colectivo, persiste la idea de que cuando se habla de víctimas se piensa en las víctimas de ETA, y no en las del GAL, de la tortura o de las diversas policías. Esto es una expresión de discriminación que ha calado como sirimiri y empapado las posiciones de actores institucionales, políticos y grupos de comunicación.

Pero por si esto no fuera suficiente, tiene además expresiones mucho más brutales, como la falta de reacción y amparo institucional y política ante la filtración de las grabaciones sobre la bomba que acabó con la vida del cartero José Antonio Cardosa, las declaraciones de Rafael Vera, Ramón Jauregui y Villarejo o la condecoración por parte del Ministerio del Interior con una medalla pensionada a un policía condenado en 1994 por violar derechos humanos una década antes.

Tenemos el convencimiento de que actos así en ningún caso hubieran sido tolerados si hubiesen hecho referencia a víctimas de ETA o hubiesen tratado de enaltecer o justificar la violencia que las golpeó. Y así tiene que ser.

Otra expresión se refiere a los “casos sin resolver”. De las 364 víctimas del Estado identificadas, el 38% son casos sin esclarecer. Y esta cuestión está fuera de la agenda pública.

Pero tiene también otras expresiones, como son la tardanza en poner en marcha las respectivas leyes en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra o el manto de sospecha que durante años ha existido sobre las víctimas de la tortura.

La propia Ley 12/2016 de la Comunidad Autónoma Vasca, pese al avance que ha representado, ha dejado un sabor agridulce, tal y como han expresado en público y en privado miembros de la Comisión de Valoración o las propias víctimas organizadas en la Fundación Egiari Zor.

Desde el primer encuentro de trabajo con 18 víctimas realizado por el Foro Social Permanente el 19 de marzo de 2019, siempre han trasladado en público o en privado esa sensación profunda de abandono, de ser víctimas de segunda categoría y de permanente revictimización. Y esto ha provocado una profunda fractura en la confianza de estas víctimas en las políticas institucionales y una desconfianza en la justicia.

Por todo ello, entendemos que es urgente y necesario realizar ese reseteo colectivo que antes mencionábamos, de modo que se ampare a todas las víctimas por igual, sin equidistancias y sin discriminaciones. En este sentido, las instituciones, los partidos políticos y los medios de comunicación tienen una obligación de ejemplaridad.

Además, es necesario que las instituciones reconstruyan la confianza con estas víctimas. Para ello, y reconociendo la ley como instrumento principal de reparación, entendemos necesario reabrir de nuevo el plazo de presentación de expedientes a la Ley de la Comunidad Autónoma Vasca, acompañándolo de una verdadera campaña de información y dotando de más medios a la Comisión de Valoración.

En el acceso a la verdad es necesario liberar el acceso a los archivos, modificando en este sentido la Ley de secretos oficiales.

Si entendemos que todas las víctimas son de todos y todas, de toda la sociedad, si debemos ampararlas a todas, entonces debemos avanzar en la superación de las dinámicas cruzadas de discriminación todavía existentes y, para ello, es necesario empatizar, respetar y hacer nuestro como sociedad el sentimiento de lo sucedido que cada una de las víctimas pueda tener.

Avanzar en este terreno es un principio irrenunciable para sentar las bases definitivas de una convivencia democrática en nuestro país, basada en una cultura de derechos humanos y paz que nos permitirá avanzar hacia la reconciliación.