El Foro Social llama a acabar con categorizaciones y discriminaciones que generan víctimas de segunda

El Tribunal de Estrasburgo ha rechazado las demandas de las familias de Xabier Pérez de Arenaza y Josu Muguruza, muertos por los GAL, contra la decisión del Gobierno español de denegar parte de las indemnizaciones.

La premisa principal que guía el trabajo del Foro Social Permanente en lo referente a los derechos de las víctimas ha sido y es claro: todas las víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación; y las mismas vulneraciones de derechos humanos, han de contar con idéntico nivel de reconocimiento político y legal, sin tomar en consideración cuál ha sido el agente violento que las ha llevado a la práctica. Sin equidistancias y sin discriminaciones.

Este es un principio irrenunciable para sentar las bases definitivas de una convivencia democrática en nuestro país, basada en una cultura de derechos humanos y paz.

Son muchos los obstáculos que dificultan los avances en este sentido. La reciente sentencia del Tribunal de Estrasburgo, en su pronunciamiento en torno a las demandas interpuestas por las familias de Josu Muguruza Guarrotxena y Xabier Pérez de Arenaza Sogorb, supone un nuevo obstáculo en ese camino. La decisión del Tribunal de Estrasburgo ahonda, una vez más, en la consideración de “víctimas de segunda categoría” que las víctimas de la violencia practicada por el Estado siguen padeciendo hoy en día, tal y como nos han trasmitido en las múltiples reuniones y encuentros, públicos y privados, que el Foro Social ha mantenido con ellas.

Desde el Foro Social no vamos a entrar a rebatir jurídicamente este fallo, porque no es nuestra función, aunque sí creemos que los actores implicados deben reflexionar profundamente sobre la situación discriminatoria que genera esta sentencia en concreto y las cuatro precedentes que desestimaron las demandas de otras familias de víctimas del terrorismo de Estado.

La sentencia de Estrasburgo choca frontalmente contra los consensos asumidos abiertamente por la mayoría social, política, sindical e institucional de nuestro País. Por el trabajo que realiza el Foro Social con los partidos políticos podemos afirmar que todos ellos, con sus matices, coinciden hoy en un aspecto: la necesidad de garantizar el derecho que tienen todas las víctimas, de todas las expresiones de violencia, a ser reconocidas y reparadas. Existe un consenso muy mayoritario en este sentido.

Sin embargo, a la hora de materializar esos consensos en iniciativas legislativas de reconocimiento y reparación, en muchas ocasiones, surgen dificultades aún no superadas. Son muchos los ejemplos que aún hoy siguen generando situaciones de desigualdades entre víctimas, como por ejemplo, además de la sentencia de Estrasburgo, la reciente negativa del Gobierno español a arrojar luz sobre la muerte de Zabalza.

Por otra parte, en otras ocasiones sí se consiguen materializar estos consensos políticos, institucionales y sociales. Hay que poner en valor los avances experimentados recientemente en torno al reconocimiento de la realidad de la tortura, las víctimas de la dispersión, las desapariciones forzosas, etc.

Es por ello que creemos que hacen falta nuevas ideas, mecanismos novedosos que, apoyándose en esos grandes consensos, sirvan para superar cada uno de los obstáculos que se plantean a la hora de reconocer y reparar a todas las víctimas del ciclo de violencias, superando categorizaciones y tratamientos discriminatorios. En ese sentido, creemos, tienen un papel central tanto el Gobierno vasco como el navarro, a los cuales apelamos a que hagan suyo el compromiso de garantizar de forma efectiva la superación de esta situación de desamparo.

Además, el papel de la sociedad civil se convierte en indispensable para elaborar el gran puzzle del pleno reconocimiento que demanda nuestra sociedad. Porque no podemos, no queremos, pasar pagina: es necesario conocer y reparar tanto sufrimiento que, por desgracia, ha sido tan diverso y tan plural.

Las víctimas deben obtener el reconocimiento que les corresponde, y dejar de ser categorizadas, de una vez por todas, según la violencia que las golpeó. Nunca más ninguna víctima debe sentirse excluida.