El Foro Social constata el silencio institucional y político ante la promoción de un guardia civil condenado por torturas

El pasado 25 de enero tomo posesión de su cargo, como nuevo jefe de la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana, el general Arturo Prieto Bozec. Su nombramiento había sido publicado en el BOE el 5 de noviembre, por decisión del Ministro del Interior.

Después de dejar pasar un tiempo suficiente para analizar las reacciones ante este nombramiento, queremos constatar el clamoroso silencio que se ha producido entre las instituciones y los partidos políticos que deberían ser ejemplo en esta cuestión.

Una vez más debemos constatar que se aplica una diferente vara de medir para los casos en los que se discrimina a las víctimas de ETA.

Arturo Prieto, junto a Daniel Simón Santamaría, fue declarado culpable, en 1999 por la Audiencia de Bizkaia, de los malos tratos sufridos por Juan Ramón Rojo, Francisco Palacios y Xabier Arriaga.

Ambos fueron condenados a 18 meses de prisión que no tuvieron que cumplir. En el mismo caso fueron juzgados otros seis agentes que resultaron absueltos.

Arturo Prieto, junto a Diego Pérez de los Cobos y Manuel Sánchez Corbí, también fue investigado en 1992 en el caso de torturas a Kepa Urra, último con condena en el Estado español, donde tres guardias civiles fueron condenados a cuatro años de prisión.

Y estos silencios que revictimizan a las víctimas del Estado son constantes.

Pero no es un caso aislado. Por ejemplo, hay que recordar la falta de reacción y amparo institucional y político ante la filtración de las grabaciones sobre la bomba que acabó con la vida del cartero José Antonio Cardosa; o las declaraciones de Rafael Vera, Ramón Jauregui y Villarejo o la condecoración por parte del Ministerio del Interior con una medalla pensionada a un policía condenado en 1994 por violar derechos humanos una década antes.

Tenemos el convencimiento de que actos así en ningún caso hubieran sido tolerados si hubiesen hecho referencia a víctimas de ETA o hubiesen tratado de enaltecer o justificar la violencia que las golpeó. Y así tiene que ser.

Hoy es el día en que, en el subconsciente colectivo, persiste la idea de que cuando se habla de víctimas se piensa en las víctimas de ETA, y no en las del GAL, de la tortura o de las diversas policías. Esta es una expresión de discriminación extendida entre las posiciones de actores institucionales y políticos.

Por el contrario, el objetivo marcado por el Foro Social para este año es avanzar definitivamente en la superación de toda expresión de discriminación de obra o de palabra hacia todo tipo de víctima, sin hacer distinciones ni categorizaciones en función de los agentes vulneradores de derechos.

En ese sentido, es necesario que las instituciones reconstruyan la confianza con estas víctimas y para ello, reiteramos la propuesta que lanzamos el pasado día 14 de enero: es urgente y necesario realizar un reseteo, de modo que se ampare a todas las víctimas por igual, sin equidistancias y sin discriminaciones. Y en este objetivo las instituciones y los partidos políticos tienen una obligación de ejemplaridad.