26 de junio, Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura: Lectura y decálogo de recomendaciones del Foro Social Permanente

La cita este año cobra especial relevancia, ya que el 20 de junio del pasado año el Parlamento Vasco aprobó por unanimidad una Proposición No de Ley instando particularmente al Gobierno Vasco a sumarse a la iniciativa de Naciones Unidas de conmemorar este día. Mandato parlamentario que el Gobierno hizo suyo en aquel momento. Desde el Foro Social Permanente valoramos ambas posiciones como un paso importante en el reconocimiento de las victimas de la tortura.

LECTURA Y DECÁLOGO (pdf, primero en euskara y luego en castellano)

CONTEXTO

El 26 de junio es el “Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura”, a iniciativa de las Naciones Unidas.

La cita este año cobra especial relevancia, ya que el 20 de junio del pasado año el Parlamento Vasco aprobó por unanimidad una Proposición No de Ley instando particularmente al Gobierno Vasco a sumarse a la iniciativa de Naciones Unidas de conmemorar este día. Mandato parlamentario que el Gobierno hizo suyo en aquel momento. Desde el Foro Social Permanente valoramos ambas posiciones como un paso importante en el reconocimiento de las victimas de la tortura.

Es obvio que las circunstancias actuales que la crisis sanitaria ha generado y la convocatoria de elecciones para el 12 de julio dificultan la acordada celebración de forma oficial de este día. Desde el Foro Social Permanente entendemos que, en toda sociedad que se quiere profundamente democrática, reconciliada y convivencial, con la referencia de los derechos humanos como valor que obliga, el reconocimiento oficial de las victimas de la tortura debería estar por encima de las circunstancias coyunturales. El reconocimiento incondicional al dolor de las victimas, de todas las victimas, debe ser el único elemento que mueva estas iniciativas. Respetando, por supuesto, en estas circunstancias, los efectos de las medidas sanitarias.

El día de la votación de la mencionada PNL, representantes de la totalidad de sindicatos con representación en la CAV, así como representantes de asociaciones de víctimas del Estado, víctimas de la tortura a título individual y víctimas de ETA acudieron al Parlamento Vasco a acompañar la votación, aplaudir el consenso logrado y explicitar sus demandas ante las y los parlamentarios y los medios de comunicación allí presentes.

Desde el Foro Social Permanente valoramos ésta como una excelente noticia. La premisa que guía nuestro trabajo en lo que respecta a derechos de las víctimas es clara: todas las víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación; y las mismas vulneraciones de derechos humanos, han de contar con idéntico nivel de reconocimiento político y legal, pese a que el agente violento que las haya llevado a la práctica sea distinto.

Por ello, consideramos que una iniciativa institucional al más alto nivel de estas características, que junto a la unanimidad en el Parlamento contó, además, con un extenso consenso de organizaciones de la sociedad civil, suponía un avance en el camino hacia la superación definitiva de la discriminación que todavía persiste en el trato entre las diferentes víctimas en su derecho a la verdad, la justicia y la reparación, como sucede con las víctimas de la tortura. Y, sin tal reconocimiento, la convivencia democrática no puede ser plena. O, dicho de otra manera, convivencia y falta de verdad, justicia y reparación no parecen compadecerse.

Recordemos que el informe sobre la tortura en la CAV, elaborado por el Instituto Vasco de Criminología de la Universidad del País Vasco, bajo el encargo del Gobierno Vasco, otorgó credibilidad consistente, muy consistente o altamente consistente a, por lo menos, 4113 casos de tortura practicados por la Guardia Civil, la Policia Nacional y la Ertzaintza entre los años 1960 y 2014. El estudio se basó en la aplicación del Protocolo de Estambul (202 casos elegidos de forma aleatoria).

De entre todos esos casos, 651 (el 15.8% del total) corresponden a 581 mujeres.

Además, ese mismo informe citaba que esas cifras se encontraban por debajo de la dimensión real de afectados. No se recogían, por ejemplo, los casos de la Comunidad Foral de Navarra, que un reciente informe también elaborado por el Instituto Vasco de Criminología, a petición del Gobierno de Navarra, ha cifrado en 169 (casos entre los años 1960 y 1978).

Pese a esa dantesca fotografía de una realidad “más que esporádica”, por desgracia, los casos de tortura oficialmente reconocidos son sólo 103: unos pocos por sentencias judiciales, y otros por el Decreto 107/2012 del Gobierno Vasco.

Ante esta realidad de discriminación que sufren las víctimas de la tortura, desde el Foro Social Permanente, hacemos el siguiente análisis:

Avances

Comprendemos que en la Comunidad Autonoma Vasca se han dado pasos importantes en el reconocimiento de las victimas de la tortura:

1. El primero de ellos, el anteriormente mencionado “Proyecto de investigación de la tortura y los malos tratos en el País Vasco entre 1960 y 2014” que fue presentado en diciembre del 2017;

2. El segundo, el Decreto 107/2012 del Gobierno Vasco que posibilitó el reconocimiento de algunas víctimas de la tortura de entre los años 1960 y 1978.

3. El tercero, la aprobación y puesta en marcha de la Ley 12/2016, de 28 de julio, de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999, que debería posibilitar el reconocimiento oficial de más víctimas de la tortura, una vez que la comisión de valoración estudie los casos.

4. Y el cuarto, la mencionada resolución por unanimidad del Parlamento Vasco de 20 de junio de 2019 en referencia a la celebración de forma oficial del “Día Internacional en Apoyo a las víctimas de la tortura”.

En la Comunidad Foral Navarra se han dado tambien los primeros pasos hacia el reconocimiento de las víctimas de la tortura:

• La aprobación de la Ley 16/2015 que pretendía reconocer a las víctimas de la violencia policial (pese a que los recursos presentados contra esta se encuentran en estos momentos pendientes de resolución).

• Primer informe elaborado por el Instituto Vasco de Criminología por encargo del Gobierno de Navarra sobre los casos de tortura correspondientes a la comunidad foral de entre los años 1960 y 1978.

Bloqueos

Es obvio que aún faltan pasos por dar. El más importante es la verdad para las víctimas. Y junto a esto, el reconocimiento del daño causado por parte de las y los funcionarios públicos que torturaron, y el reconocimiento de la responsabilidad del Estado y otras instituciones que ampararon estas prácticas contrarias a los derechos humanos y prohibidas tajantemente por distintas jurisdicciones internacionales.

El recurso de algunos partidos políticos contra la Ley de 16/2015 de Navarra dificulta enormemente el trabajo en este sentido

Disensos

Por desgracia, todavía siguen existiendo disensos en lo que respecta a esta realidad. Por ejemplo, la polémica política que se generó tras la presentación del informe del equipo dirigido por Paco Etxebarria sobre los casos en la CAV difuminó el avance que supuso la elaboración de un estudio de estas características.

En este aspecto, el siempre respetable debate inter-partidario conocido como la “batalla del relato” incide de manera negativa en la posibilidad de un desarrollo en mayor profundidad de medidas de reconocimiento para las víctimas.

RECOMENDACIONES

Por todo ello, consideramos que es imprescindible y recomendamos:

1. La adopción de medidas concretas como las recomendadas en el Informe sobre la tortura en Euskadi. Las primeras recomendaciones en este sentido las hizo Amnistía Internacional ya en el año 1984, y posteriormente, desde mediados de los años 90, el CPT, y el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura también han reiterado en sus informes la importacia de la adopción de medidas tras sus visitas al Estado español.

2. Entre todas las medidas, consideramos que la primordial es el reconocimiento oficial de las víctimas de la tortura y la adopción de medidas concretas para garantizar la no posibilidad de repetición de la misma.

3. Investigar de forma específica los casos en los que personas han perdido la vida mientras se encontraban bajo custodia policial, o a consecuencia de las lesiones sufridas durante la detención, para que estas puedan ser explícitamente reconocidas como víctimas mortales de la tortura1.

4. Continuar poniendo luz sobre la verdad de todo lo sucedido, mediante nuevas investigaciones académicas, hasta que se esclarezca definitivamente lo que esta flagrante vulneración de derechos humanos ha supuesto en su totalidad. Para ello, sería necesario que las instituciones de la CAV y la Comunidad Foral de Navarra sigan dotando de recursos económicos a los equipos investigadores. Además, sería deseable una mayor impicación de las universidades vascas en las futuras investigaciones de este tema (UPV-EHU, Mondragon Unibersitatea, Deusto y Universidad Pública de Navarra), además de interesante que se traste la realidad de las víctimas de la tortura en las aulas de las Universidades (p.e en la asignatura de ética o en acciones puntuales concretas).

5. Dar credibilidad a las víctimas de la tortura, reconocerlas y visibilizar las razones que permitieron que sus derechos humanos pudieran ser vulnerados bajo el auspicio o la cobertura de los estamentos oficiales.

6. Adoptar medidas para visibilizar y reconocer de forma específica que las razones de género en las torturas sufridas por mujeres han significado un agravante de vulneración; y han convertido las torturas, además, en una forma más de violencia machista que las mujeres torturadas han padecido de forma específica. Y, además, que se reconozca esta realidad de forma expresa, pues la opresión y formas de exclusión de motivación política que las mujeres han sufrido en el seno del ciclo de violencias, están estrechamente relacionadas con el sistema heteropatriarcal. No pueden comprenderse las violencias sufridas por personas de este colectivo en este contexto, dejando a un lado las razones de género que las han agravado. El “Proyecto de investigación de la tortura y los malos tratos en el País Vasco entre 1960 y 2014” cita y analiza que existen diferencias en lo referente a los patrones o técnicas de tortura empleadas en función del género. Pero es necesaria una lectura en mayor profundidad.

7. Es necesario que todas las instituciones (Gobierno Vasco, Gobierno de Navarra y Gobierno de España) reconozcan de forma oficial e institucional a todas las víctimas de la tortura, garantizando los mecanismos necesarios para ello.

8. Dotar a las víctimas de la tortura del legítimo derecho a la justicia que les corresponde, ofreciéndoles facilidades en la asistencia jurídica.

9. Ofrecer a las víctimas los necesarios mecanismos que puedan posibilitar una reparación efectiva de la vulneración de derechos sufrida.

10. Que la realidad de las víctimas de la tortura y los derechos que les corresponden por haber sufrido una grave vulneración de derechos humanos quede fuera del conflicto inter-partidario para que pueda ser abordada con efectividad.

UN APUNTE FINAL

Para terminar, quisiéramos hacer un llamamiento a esas miles de personas torturadas de nuestro país, en especial a aquellas que lo fueron entre los años 1978 y 1999, para que soliciten al Gobierno Vasco que la vulneración de derechos que sufrieron sea reconocida al amparo de la nueva Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos. El plazo para presentar solicitudes está abierto hasta diciembre del 2021.

Por otra parte, quisiéramos de nuevo apelar a la necesidad de destensar el debate político inter-partidario. Nuestra experiencia nos ha enseñado que el endurecimiento del tono que estamos viviendo hoy en día tiene consecuencias directas en las iniciativas relativas a la resolución de las consecuencias del ciclo de violencias, como el reconocimiento de los legítimos derechos de las víctimas y que, además, produce un peligroso enquistamiento de la denominada “batalla del relato”.

Sólo garantizando a todas las víctimas sus derechos lograremos hacer frente al reto que compromete a la sociedad vasca en su conjunto: crear las bases de la convivencia democrática futura.