Un año con pasos decididos para seguir desmontando la excepcionalidad penitenciaria

El Foro Social Permanente hace balance del año que ha pasado desde que la CAPV asumió la competencia penitenciaria.

Un año desde la transferencia de prisionesEl próximo 01 de octubre se cumple un año de la asunción por la Comunidad Autónoma Vasca de la competencia en materia penitenciaria. Una transferencia extremadamente simbólica que se materializó coincidiendo precisamente con el Xº aniversario de la Conferencia Internacional de Aiete.

Pese a la enorme complejidad que, en diferentes aspectos, está teniendo su implementación, desde el Foro Social Permanente queremos expresar nuestra valoración positiva de los pasos dados hasta este momento, en lo que se refiere a la política penitenciaria aplicada a las personas que cumplen condena por delitos de motivación política.

Esta transferencia es uno de los cinco puntos de la “Agenda urgente de resolución”, hecha pública el 15/05/2018 por el Foro Social tras la disolución de ETA, consecuencia de un trabajo de tejer micro-acuerdos en los planos institucional, político, sindical y con el propio EPPK e implementada desde entonces.

En primer lugar, queremos destacar el extenso consenso sobre el que se realizó la transferencia. Este consenso se visibilizó en el pleno monográfico sobre política penitenciaria del Parlamento Vasco del 13/03/2019.

Este consenso está situado en la «aplicación a esta tipología de personas presas de una política penitenciaria ordinaria». En estos doce meses, se están dando pasos decididos para seguir desmontando el complejo andamiaje de la excepcionalidad penitenciaria.

Por una parte, se está materializando una política de acercamientos desde las cárceles periféricas a las tres cárceles de la Comunidad Autónoma Vasca. Esperamos que el reinicio en julio de los acercamientos se mantenga con la misma determinación e intensidad, lo que permitiría concluir esta etapa este mismo año.

Por otra parte, en lo que se refiere a la aplicación de políticas de evolución de grados (permisos en 2º grado y cumplimiento en 3º grado), queremos subrayar que las Juntas de Tratamiento Penitenciario y el órgano correspondiente del Gobierno Vasco están realizando un tratamiento científico y personalizado. Un tratamiento que no podría ser de otra manera, ya que no estamos hablando de beneficios, sino simplemente de la aplicación de los derechos que les corresponden.

Sin embargo, esta voluntad se encuentra con la posición obstruccionista de determinados jueces de la Audiencia Nacional y del lobby que les apoya, que está llevando a un choque de trenes, cada vez más evidente, entre dos maneras de concebir la política penitenciaria: por un lado, la visión punitivista de jueces de la Audiencia Nacional y, por otro, la que, apuesta por políticas de reinserción, impulsada por el Gobierno Vasco y apoyada por el 91% del Parlamento Vasco.

Existen dos tareas que se deben acometer durante este curso político:

1.- Desmantelar definitivamente aspectos de la política de excepcionalidad penitenciaria como el mantenimiento en prisión de los presos enfermos y septuagenarios, la sistemática intervención de comunicaciones y limitaciones de correo, llamadas y visitas.

2.- La tarea principal pasa por definir unos itinerarios de reintegración para las personas presas por delitos de motivación política que cumplen condena en la Comunidad Autónoma Vasca. Uno de los pilares de la “Estrategia 2022-2025” es la Justicia Restaurativa.

En este terreno, se han realizado diversas experiencias de Encuentros restaurativos -la última en 2021-2022 (cárceles de Burgos y Logroño)-. En este sentido, y constatada aquí la voluntad política entre las partes implicadas, es hora de acordar las bases y contenidos de una política de Justicia Restaurativa a aplicar a esta tipología de personas presas para que, quienes lo deseen, puedan transitarla.

Llegar a esta situación ha sido posible por la conjugación de tres aspectos: la movilización de la sociedad civil en sus diversas expresiones, las propias decisiones de los presos agrupados en el EPPK y los micro-acuerdos multilaterales.

Es el fruto de un largo trabajo discreto, de tejer consensos entre numerosos agentes institucionales, políticos, sindicales y sociales.

Somos testigos de las dificultades y de las crisis que este proceso ha tenido, pero, afortunadamente, ha existido voluntad en todos los actores para superarlas, allanando el camino.

El Foro Social Permanente seguirá aportando en los foros discretos y públicos para que, más pronto que tarde, se dé una solución definitiva a la cuestión de las personas presas que aporte a la convivencia democrática.