Para las víctimas del Estado, la «Comisión de la Verdad» serviría como instrumento de reconocimiento del daño sufrido

Una delegación del Foro Social Permanente estará presente mañana miércoles en Bilbao en el acto de presentación en Europa del «Informe Final de la Comisión de la Verdad de Colombia».

No es casualidad que se haya elegido Bilbao para su presentación en Europa, porque, partiendo de las diferencias que nos separan, entendemos que el proceso de paz en Colombia está dejando importantes aprendizajes para nuestro proceso de construcción de paz.

En nuestra opinión, tres son los aprendizajes principales:

• El reconocimiento del daño causado con gestos simbólicos fuertes tanto por parte de la guerrilla de las FARC como también por parte del Estado.

• El marco de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) responsable de la aplicación de una justicia transicional.

• La búsqueda de la verdad a través del instrumento de la «Comisión de la Verdad».

Si bien el impulso a la vía judicial por parte de asociaciones de víctimas de ETA cuenta con el amparo judicial y policial, no es el caso para las víctimas del Estado.

Para estas víctimas, a fecha de hoy, debemos constatar que la vía judicial aparece ya como una vía muerta. No existe ninguna voluntad en los poderes judicial y policial para el esclarecimiento de estos casos. Y lo que es todavía más grave: tampoco en el Estado y en el Gobierno Español. Por lo tanto, solo les queda el acceso a la verdad como un elemento sanador de su dolor.

En el caso vasco, y según datos oficiales, son 364 las víctimas del Estado con resultado de muerte, producidas por sus diferentes expresiones (GAL, BVE, Triple A, diversas policías, tortura, etc). De ellas, el 38% son casos sin resolver o sin esclarecer. A estas cifras debemos añadir los cientos de heridos y las 4113 víctimas de la tortura.

En los últimos meses se está avanzando en esta cuestión. La pasada semana compareció en el Parlamento Vasco la Comisión de Valoración de la ley 12/2016 y certificó el reconocimiento a 46 nuevas víctimas del Estado, que se unen a las 35 reconocidas en 2021 y a las 187 derivadas del anterior decreto 107/2012 (268 en total).

Esta Comisión esta realizando un encomiable y riguroso trabajo que entendemos se asemeja al de una Comisión de la Verdad.

Sin embargo, en función de su propio mandato parlamentario y del cepillado sufrido por el Tribunal Constitucional, esta Comisión tiene importantes limitaciones.

Todo ello genera una enorme frustración en las víctimas del Estado, siendo esta hoy una de las expresiones más brutales de la discriminación que sufren.

Como sociedad, no podemos resignarnos a aceptar esta situación de negación a las victimas su legítimo derecho a la verdad.

Entendemos urgente y necesario avanzar en el esclarecimiento de los episodios de vulneración de los Derechos Humanos protagonizados por los distintos agentes perpetradores que han practicado la violencia, nunca esclarecidos, nunca investigados o sin consecuencias penales, para los que también habría que buscar alternativas a la prisión dentro de los parámetros internacionales establecidos. Y en este camino todos los instrumentos son necesarios.

¿Es posible una Comisión de la Verdad para el caso vasco?

Somos conscientes de que, pese a que dos de los partidos políticos del Parlamento Vasco la han considerado un instrumento a utilizar, una Comisión de la Verdad para el caso vasco no concita en este momento los consensos necesarios, ni institucionales ni políticos.

Sin embargo, como se demuestra en el caso de Colombia, la Comisión de la Verdad, donde ha funcionado, se ha demostrado como un elemento sanador para las víctimas en su derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Principalmente, para aquellas víctimas que, sabiendo que no van a poder acceder a la justicia, buscan la verdad, la Comisión de la Verdad es un instrumento de reconocimiento del daño sufrido.

El Foro Social Permanente entiende que una Comisión de la Verdad sería un instrumento interesante para responder a las demandas de verdad de las víctimas del Estado.

Pedimos a los distintos agentes institucionales y políticos con responsabilidad en su posible puesta en marcha que estudien la experiencia de Colombia desde una mirada abierta y obtengan los aprendizajes que nos permitan seguir avanzando con un único objetivo: responder al derecho de todas las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y consolidar las bases de no repetición.