El Foro Social Permanente en Navarra hemos organizado hoy en el Palacio del Condestable de Iruñea una comparecencia con un doble objetivo: por un lado, expresar por primera vez nuestro análisis del denominado “caso Altsasu” y, por otro, para explicar nuestros deseos y esperanzas para la nueva legislatura del Parlamento y Gobierno de Navarra.
Decimos que la rueda de prensa de hoy tienn un doble objetivo, aunque en realidad se trata de uno único: construir una convivencia democrática en Navarra, profundamente impactada por el largo ciclo de violencia, pero también por la sentencia para los 8 jóvenes de Altsasu.
Queremos empezar por el “caso Altsasu” de manera deliberada, porque entendemos que en este caso ha cristalizado la fotografía que vive hoy el proceso de resolución en Navarra.
Por una parte, el modelo de la mayoría de la sociedad. Un modelo de futuro, que mira a la construcción de una convivencia democrática y, frente a este, un modelo anclado en el pasado, que sólo concibe la resolución en una lógica de vencedores y vencidos.
Todo lo que ha sucedido después de aquel 15 de octubre de 2016 es un verdadero despropósito. El último, la decisión de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional del pasado 7 de marzo, ratificando las desproporcionadas condenas impuestas a los ocho jóvenes de Altsasu.
Previamente, queremos expresar toda nuestra empatía y solidaridad a los 8 jóvenes y a sus familias aquí representadas por la grave injusticia que están sufriendo.
El Foro Social Permanente se pronunció sobre esta cuestión el 4 de noviembre de 2016, en el marco del encuentro entre víctimas de distintas expresiones de violencia que organizó en el Parlamento de Navarra. Se trataba del primer acto público que organizábamos en la Comunidad Foral.
Entonces, condenamos lo ocurrido, lamentamos la dimensión que estaba tomando esta pelea y pedimos que el tema fuese juzgado en la jurisdicción ordinaria de Pamplona.
A partir de ese momento, el Foro Social ha evitado pronunciarse de manera oficial sobre el denominado «caso Altsasu». Se trataba de una actitud reflexionada, dado que el Foro Social trabaja en la resolución de las consecuencias del ciclo de violencia vivido en nuestro país y, en nuestra opinión, el hecho acaecido no debía haber sido nunca ligado a este ciclo de violencia.
Nos parecían de tal desproporción las acusaciones que esperábamos que, en algún momento la ponderación se impondría y los hechos se juzgarían con la mesura necesaria y la proporcionalidad adecuada.
Sin embargo, debemos reconocer que la realidad es tozuda y nos ha obligado a revisar nuestra posición.
Son los tribunales y los sectores negacionistas del conflicto en Navarra y en Madrid los que se empeñan en relacionar estos hechos con el ciclo de violencia que, afortunadamente, estamos superando entre todas y todos.
Si bien es cierto que la acusación de terrorismo ha sido finalmente retirada, el caso no ha sido devuelto a la Jurisdicción Ordinaria. Al contrario, la Sala de Apelaciones ratifica unas condenas de entre 3 y 12 años absolutamente desproporcionadas.
A la lectura de la sentencia y de las condenas, queremos poner el foco en el agravante de discriminación. Nos parece especialmente grave y peligrosa su aplicación en este caso, ya que entendemos que abre una enorme puerta a un uso extensivo del modelo punitivo en función de criterios políticos e ideológicos.
Por otra parte, todo indica que el Parlamento y Gobierno de Navarra iniciarán en breve su nueva legislatura.
A la lectura del preacuerdo de gobierno realizado entre el PSN, Geroa Bai, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra, la construcción de la convivencia y la resolución de las consecuencias del denominado ciclo de violencia están recogidas, dando continuidad a las principales políticas ya iniciadas hace cuatro años. Nos parece un paso importante y así lo valoramos.
Desde el Foro Social Permanente en Navarra creemos que la legislatura que se inicia debe ser la “legislatura que permita construir la convivencia democrática en Navarra”.
Lo afirmamos siendo conscientes de la existencia de un sector negacionista con un notable peso. Pero, pese a esta realidad, también somos conscientes de que la mayoría de la sociedad navarra, su mayoría política y la totalidad de sus sindicatos, quieren un futuro de convivencia que, mirando al pasado, se construya basado en una cultura de derechos humanos y de paz. Esta es la única alternativa que tiene futuro, el resto es anclarse en el pasado.
Un análisis con perspectiva nos lleva al convencimiento de que las condiciones están reunidas, y que todas y todos debemos tener altura de miras y saber aprovechar esas condiciones. Es momento de fortalecer y acelerar estas políticas tanto desde las instituciones como desde la sociedad civil.
Los acuerdos puntuales ya logrados en la anterior legislatura entre PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, Izquierda-Ezkerra y la totalidad de los sindicatos de Navarra en materia de personas presas enfermas y acercamiento, deberían ser un campamento base suficiente para trabajar las tres cuestiones pendientes que necesita resolver la construcción de una convivencia democrática: verdad, justicia y reparación para todas las victimas, sin discriminaciones; resolución de la cuestión de las 35 navarros presos y de las huidas y, por último, memoria compartida que sin olvidar nada de lo ocurrido mire al futuro.
Pero existe también un aspecto que se ha convertido en un obstáculo y que debemos transformar en una oportunidad: el “caso Altsasu”
Esta sentencia echa por tierra el trabajo que la mayoría de los partidos, los sindicatos, la sociedad civil y el Gobierno de Navarra hemos venido desarrollando por construir un carril central de resolución de las consecuencias.
No podemos, no queremos resignarnos a esta situación. Desde el respeto a las sentencias judiciales, se debe buscar una solución ponderada al “caso Altsasu” a través de una sentencia proporcional. Todavía se está a tiempo.
Decimos que debemos transformarlo en una oportunidad. Altsasu es mucho más. Es sobre todo ejemplo del trabajo a realizar, algo que deseamos valorar públicamente.
Frente a aquellos sectores negacionistas que se empeñan en estigmatizar a Altsasu, la sociedad civil ha sabido construir una respuesta transversal e inclusiva, abarcando a las instituciones con el Ayuntamiento a la cabeza, la ciudadanía y las familias.
Lo decimos alto y claro: Altsasu apuesta por la convivencia construyendo un modelo que podría ser una referencia para el trabajo a realizar los próximos cuatro años.
Pero para ello es necesaria una sentencia que no añada más leña a una situación siempre frágil y que tenga por vocación reforzar un futuro de convivencia democrática, desde el respeto a todas las víctimas de todas las expresiones de violencia y a una memoria compartida.