El Foro Social pide al Defensor del Pueblo navarro que medie con Instituciones Penitenciarias y con la dirección de la cárcel de Córdoba
Esta mañana, Teresa Toda y Juanje Soria, en representación de BEHATOKIA (Observatorio de la política penitenciaria aplicada a personas presas condenados por delitos de motivación política) y del Foro Social Permanente en Navarra, respectivamente, se han reunido en Iruña-Pamplona con Francisco Javier Enériz Olaechea, Defensor del Pueblo de Navarra y Carlos Sarasibar, Secretario General de esta institución.
En el encuentro, les han presentado el informe sobre la cárcel de Córdoba elaborado por BEHATOKIA, que fue presentado el pasado 29 de octubre en Bilbao.
En la cárcel de Córdoba se encuentran actualmente encarceladas 5 personas por delitos de motivación política, de los cuales dos son navarros, Igor Portu eta Xabier Pérez Aldunate (este último a la espera de acercamiento).
Han recordado cómo, desde 2017, el Colectivo de Presas y Presos vascos EPPK acordó transitar las vías de la legalidad penitenciaria. Hoy en día, el 75% del colectivo ha empezado a dar estos pasos, encontrando, en general, numerosas dificultades. No está siendo nada fácil pasar de primer a segundo grado.
El caso de Córdoba es paradigmático. El informe de Behatokia prueba la perseverancia, desde enero de 2017, de las personas allí presas en dar pasos dentro de la legalidad penitenciaria. A pesar de participar en los programas, de cumplir las obligaciones legales y demás, no se les ha concedido la progresión de grado. Y cuando han recurrido a la Audiencia Nacional, se les ha denegado.
Los argumentos utilizados en los autos se repiten una y otra vez sin apenas cambios, en los parámetros del pasado, de épocas ya superadas. Los autos recogidos en el informe reflejan muy bien esas actitudes obstruccionistas tan arraigadas que aún persisten en la Audiencia Nacional y en otras instancias, incluidas las direcciones de algunas prisiones.
La consecuencia de todo ello es que los presos permanecen en régimen de primer grado y en régimen de aislamiento, lo que les impide dar cualquier paso y les condena a cumplir su condena íntegra en esas condiciones.
Ambos representantes han recordado al Defensor del Pueblo de Navarra cómo durante años se ha reclamado a estas presas y presos que aceptasen la legalidad penitenciaria, que recorriesen los caminos que ofrece la legislación. Entendemos que no es de recibo que, precisamente cuando las personas presas inician ese itinerario individualizado de reintegración, cuando hoy son más de 50 las personas presas que se encuentran ya en régimen de segundo grado y tercer grado, todavía existan estas realidades que bloquean las políticas públicas centradas en la reintegración de las personas presas.
El Foro Social Permanente en Navarra ha pedido al Defensor del Pueblo que intermedie con Instituciones Penitenciarias y la dirección de la cárcel de Córdoba para que estos presos puedan acceder a un programa de reintegración adecuado a su especificidad.
Para finalizar el Foro Social Permanente ha valorado como un paso en la buena dirección la salida del régimen cerrado (aislamiento) de 20 personas presas en las cárceles de Huelva, Cordoba, Sevilla y Estremera. Se trataba de una de las situaciones puestas en evidencia en el informe sobre la cárcel de Córdoba.
Se trata de una medida diseñada para durar un máximo de 14 días pero que a muchísimas personas presas les ha sido impuesta en la totalidad de la condena. Considerar un “privilegio” la salida del aislamiento de estas personas, como algunos responsables han considerado, además de una barbaridad desde un punto de vista reglamentario, es algo absolutamente inhumano.
