El Foro Social alerta de los retrocesos políticos en la CAV en el tratamiento a las víctimas del estado

“Son preocupantes los retrocesos políticos que durante las últimas semanas se han venido dando en el tratamiento hacia las víctimas del Estado en la CAV. Imploramos a todas las partes a que recapaciten y hagan suyas actitudes constructivas, para que no ahonden en la revictimización y categorización que sufre este colectivo de víctimas”

Nuestra sociedad vive un nuevo tiempo, un tiempo de construcción. Los pasos que se han venido dando durante esta última década, en gran medida, gracias al impulso de organizaciones de la sociedad civil, como las que participan en el seno del Foro Social Permanente, han abierto una ventana de oportunidad, y nos han situado en un nuevo escenario donde la construcción de la convivencia democrática del futuro es la prioridad absoluta para todas nosotras. Con el trabajo de muchos actores y personas, estamos sentando las bases de una nueva sociedad, donde todas las personas sean dueñas de los derechos que les corresponden y donde garanticemos que nada parecido a lo que hemos sufrido volverá a repetirse.

Para ello, indudablemente, es necesario cerrar las consecuencias de largos años de conculcación de derechos, lo que en el Foro Social Permanente hemos denominado en innumerables ocasiones como “los tres nudos pendientes”:

• El primero, el derecho de todas las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, superando la discriminación que todavía persiste.
• El segundo, la definitiva desactivación de la aún vigente política de excepcionalidad penitenciaria y la aplicación de una política normalizada a las personas presas.
• Y, el tercero, impulsar desde los espacios sociales la construcción de una memoria crítica inclusiva, que respete todos los relatos.

Hoy, mediante esta nota, queremos aportar nuestro análisis sobre la resolución del primero de los nudos.

Es innegable que se ha iniciado una dinámica de cambio en lo que respecta a dotar a todas las víctimas de los derechos que les corresponden. Tenemos, por primera vez, leyes de reconocimiento tanto en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa como en Nafarroa, puesta en marcha recientemente; informes que, mediante protocolos internacionalmente avalados, certifican el número de personas torturadas durante los últimos 60 años; mayorías políticas y sindicales expresadas en iniciativas institucionales a favor de reconocer victimaciones como las producidas por los años de excepcionalidad penitenciaria; etc.

Comunidad Foral de Navarra

En el caso de la Comunidad Foral de Navarra, es especialmente esperanzador el hecho de que el Tribunal Constitucional haya declarado constitucional la Ley Foral 16/2019 de reconocimiento a personas asesinadas, torturadas o gravemente heridas en Navarra por la violencia del Estado frente a los recursos interpuestos por los sectores negacionistas que tratan de boicotear la construcción de la convivencia democrática.

Desde el Foro Social Permanente valoramos muy positivamente esta decisión que hará posible la puesta en marcha de la ley, pues consideramos que esta contribuye a la construcción de la convivencia democrática, haciendo posible el reconocimiento de forma oficial y pública de muchas víctimas y muchas vulneraciones de derechos humanos cometidas por el Estado. En ese sentido, creemos que es muy importante que, una vez se diluciden los plazos y vías para presentar las solicitudes, las víctimas a las que la ley pretende ofrecer asistencia así lo hagan y, ese sentido, les aninamos a llevar a cabo este trámite.

Comunidad Autónoma Vasca

Por el contrario, es preocupante la situación que observamos en la Comunidad Autónoma Vasca. Nos preocupan especialmente los retrocesos políticos que durante las últimas semanas se han venido dando en el tratamiento hacia las víctimas del Estado.

Pese a que en los territorios históricos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa existe desde hace 2 años en marcha una ley de reconocimiento a las víctimas de estas violencias; y pese a que los consensos políticos que se reflejan en diversos acuerdos institucionales, como pueden ser las mociones promovidas en distintos Ayuntamientos, demuestran la existencia de un consenso político amplio sobre cómo hacer frente a la cuestión del reconocimiento y la reparación, las últimas semanas se han multiplicado los elementos perturbadores del consenso.

Nos referimos a decisiones judiciales que entorpecen una vez más la búsqueda de un trato equitativo por parte de las víctimas del Estado; el diferente tratamiento dado por responsables políticos a las preocupaciones y demandas trasladadas por víctimas organizadas en distintas organizaciones; o los virajes que organizaciones políticas han hecho al ser interpeladas por este colectivo de víctimas.
 

Igualdad de condiciones

Desde el Foro Social Permanente queremos incidir de forma expresa en que este tipo de actuaciones dificultan poder continuar dando pasos hacia la convivencia democrática del futuro, porque siguen revictimizando, discriminando y categorizando a las víctimas del Estado. Una situación de humillación que creíamos definitivamente superada.

Es por ello que instamos a los agentes institucionales y políticos a una nueva reflexión sobre el papel que han de desempeñar en este momento del proceso de construcción de paz, hagan suyos los compromisos que la sociedad vasca les demanda, y eviten a toda costa actitudes que puedan revictimizar a estas victimas.

La premisa principal que guía el trabajo del Foro Social Permanente en lo referente a los derechos de las víctimas ha sido y es claro: todas las víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación; y las mismas vulneraciones de derechos humanos, han de contar con idéntico nivel de reconocimiento político y legal, sin tomar en consideración cuál ha sido el agente violento que las ha llevado a la práctica. Sin equidistancias y sin discriminaciones.

Este es un principio irrenunciable para sentar las bases definitivas de una convivencia democrática en nuestro país, basada en una cultura de derechos humanos y paz.

En este objetivo, todas las víctimas deben quedar fuera del legitimo debate inter-partidario de la denominada “batalla del relato” y, para ello, el requisito básico es que todas las víctimas sean tratadas en igualdad de condiciones.

Las víctimas deben obtener el reconocimiento que les corresponde, y dejar de ser categorizadas, de una vez por todas, según la violencia que las golpeó. Nunca más ninguna víctima debe sentirse excluida, menos aún por representantes públicos.

Son muchos los obstáculos que pueden dificultan los avances en la construcción de la convivencia democrática del futuro, y varios los retos pendientes. Corresponde a todas las partes adoptar actitudes constructivas que dejen a un lado intereses de parte, por el bien común. Desde el Foro Social Permanente, imploramos a todas las partes a que hagan suyas estas actitudes.