Intervención de Agus Hernán en los cursos de verano de la UPV sobre el desarme y la desmovilización de ETA y la agenda post-ETA

Agus Hernán ha participado en el curso de verano de la UPV "Justicia Transicional en el País Vasco: el fin de ETA a la luz de los criterios de la ONU sobre DDR, y la agenda post-ETA", junto coo Paul Ríos, Laura Pego, Anais Funosas entre otras. Dejamos aquí su ponencia íntegra.

Arratsalde on denei,

Previamente agradecer a los organizadores, la Universidad del País Vasco, la oportunidad de expresarnos desde esta magnífica atalaya.

El Foro Social inicia su andadura en 2013 de la mano de Lokarri y Bake Bidea. Dos de sus promotores, Paul Rios y Anaiz Funosas, se encuentran entre los ponentes de esta tarde.

En aquel primer Foro Social, se aprobaron doce recomendaciones que han sido una verdadera hoja de ruta para el proceso desarrollado desde entonces. Doce recomendaciones que fueron fruto de un proceso de consensos bastante amplio y transversal. Una dinámica de diálogo y acuerdos consensuados que se ha convertido en uno de nuestros ADN.

Para aquellas recomendaciones y en todo el proceso posterior, el Foro Social siempre ha tenido como referencia principal el análisis de diferentes contextos posconflicto y la aplicación en ellos de los estándares internacionales.

Entre estos estándares internacionales, destacaríamos cuatro:

• Los relativos a las víctimas y su derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

• El DDR (Desarme, Desmovilización y Reintegración). Específicamente destinado a los denominados “excombatientes”, en nuestro caso los exmilitantes de la organización ETA.

• El denominado SSR, relativo a los procesos de reforma y de democratización de los cuerpos policiales y militares, la judicatura, etc.

• La Justicia transicional como instrumento de resolución transversal al conjunto del conflicto.

Cuatro estándares que han constituido un único pack en los procesos de paz que han tenido un resultado satisfactorio.

En general, la aplicación de estos estándares es consecuencia de un proceso de negociación acordado entre los que anteriormente fueron enemigos.

No es el caso vasco y ello constituye la primera singularidad.

El proceso abierto que cristaliza en la Conferencia Internacional de Aiete en 2011, si bien tiene unos acuerdos previos entre el Gobierno de Zapatero y ETA, no responde a un estándar clásico de negociación. Los 16 puntos acordados se dan por vía de facilitadores internacionales aceptados por ambas partes.

Sin embargo, la fragilidad de este queda expuesta a la llegada del Gobierno de Rajoy, que desbarata el esquema previsto para la mesa de Oslo sobre la resolución de las consecuencias del conflicto.

Este cambio de paradigma determina, a partir de entonces, un proceso de paz sin ninguna garantía de bilateralidad que todavía hoy seguimos arrastrando.

Tras esta introducción de contexto, voy a intentar profundizar en lo que se me ha pedido desde la organización: los estándares internacionales DDR de la ONU y su aplicación al caso vasco.

El departamento de la ONU para el DDR no reconoce el caso vasco como un proceso DDR. Sin embargo, puedo afirmar que siguen con interés el desarrollo de nuestro proceso como un proceso innovador aplicable a casos similares.

Hace menos de un mes fue analizado en Suecia en el marco de un encuentro de dinamizadores de procesos DDR en el mundo.

Ellos mismos nos dicen que no hay proceso DDR único y que su característica es saber adaptarse a los diversos contextos.

Este no reconocimiento, ¿impide su aplicación? Evidentemente no, aunque la dificulta.

Otra dificultad es que en nuestro país su aplicación no genera consenso, aunque su resultado – desarme y desmovilización- evidentemente sí. Como tampoco genera consenso la propía definición de “conflicto político”.

Ello nos permite afirmar que estamos en un proceso de construcción DDR a través de mecanismos innovadores.

El Desarme civil, realizado el 8 de abril 2017, respondió a estos estándares. El desarme de ETA fue completo, transparente, con verificación internacional, con participación del gobierno francés y su resultado dio confianza a la población. Hoy, en nuestro país, nadie discute que ETA se desarmó.

Es cierto que es la primera vez que se ha dado en el mundo un desarme civil de estas características, pero como demuestra el estudio realizado por la Fundación Berghof alemana, este respondió completamente a los criterios de la ONU. Y, tal y como nos reconocen desde los propios responsables de esta cuestión en la ONU, incluso más que en otros conflictos que sí cuentan con su aval.

En relación con la segunda “D”, la desmovilización, y aunque en este momento la Fundación Berghof está realizando un estudio similar al realizado con el desarme, también entendemos que se ha producido en estos parámetros. ETA ha procedido a su disolución. Lo ha hecho implicando en el debate y la toma de la decisión al conjunto de su militancia –dicen que han participado 2.500 personas-, evitando así riesgos de escisiones. Ya en julio de 2014, ETA anunció su decisión de desmantelar sus estructuras militares. Además, lo ha hecho con verificación internacional, su decisión ha sido definitiva y ha dado seguridad a la población. Como en el caso del desarme, nadie cuestiona que ETA ya no existe.

La Reintegración de los ex–combatientes es un aspecto importante dentro de los estándares integrados de la ONU. El riesgo de una reintegración fallida puede conllevar consecuencias graves para el propio proceso.

El DDR preconiza dotar a estas personas de sus derechos civiles y propone mecanismos concretos de apoyo para que puedan reconstruir una vida digna. Mecanismos de formación, de apoyo económico, de acompañamiento, etc.

Evidentemente, en el caso vasco estas necesidades se están supliendo desde el círculo familiar y de amistades, la iniciativa civil y asociativa -como el caso de Harrera- o grupos de apoyo locales.

Sin embargo, es un aspecto que debe salir de esos círculos y convertirse en una cuestión que atañe al conjunto de la sociedad y a sus instituciones. Como proponemos en las recomendaciones del IV. Foro Social presentadas en abril en Donostia, son necesarias políticas públicas que permitan que estas personas puedan reintegrarse con normalidad. Y en esa tarea estamos actualmente.

Un pequeño foco sobre el RSS. Parece evidente que este tema no está en la agenda. Recordar simplemente que las recomendaciones del Foro de 2013 en su punto cuarto – «Promover y garantizar los derechos humanos»- y, especialmente, la décima recomendación proponía “redimensionar el número y la función de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para adaptarlos a larealidad. Asimismo, se deben reforzar los mecanismos de control de las fuerzas y cuerpos de seguridad por parte de las instituciones y la sociedad civil”.

Una pregunta importante: ¿la referencia a estándares internacionales nos ha servido para avanzar?

Rotundamente, sí.

En el proceso desde 2011, han sido numerosos los bloqueos que han existido. Esos bloqueos llevaron durante una serie de años a una sensación general de frustración.

Una parte de esos bloqueos han sido debates que cristalizaban en cuestiones semánticas. Otros, de método, e incluso de protagonismo o de réditos políticos.

Las referencias internacionales han permitido en Euskal Herria ir soltando esos nudos y avanzando definitivamente en esquemas de resolución.

Quisiera destacar dos lecciones importantes:

• La primera. El rol fundamental de la sociedad civil. Ha sido objeto de análisis en la primera mesa y no me voy a extender. Solo una idea: nuestro convencimiento de que la sociedad civil ha venido marcando la agenda de resolución, buscando mecanismos innovadores ha ido soltando los nudos y fomentando el diálogo entre partidos cuando parecía imposible. Aunque está mal que lo diga el Foro Social, nada de lo avanzado se habría logrado sin el empuje de la sociedad civil.

• La segunda: el mecanismo de la triangulación. En el caso del desarme el acuerdo entre los gobiernos, la comunidad internacional y la sociedad civil se demostró como un mecanismo de éxito. Mecanismo aplicado, en parte, también en la disolución, y necesario de aplicarse en el caso de la reintegración. En este caso con los vértices de los gobiernos, las propias personas presas y la sociedad civil.

La segunda parte se refiere a la agenda posETA.

Tres son los aspectos que quedan pendientes:

• Las víctimas y su derecho a la verdad, la justicia y la reparación

• La reintegración de las personas presas, que en el caso vasco se inicia desde dentro de la cárcel

• La memoria inclusiva, basada en un denominador común: una convivencia democrática basada en una cultura de paz y derechos humanos

Vamos por partes.

Si analizamos el roll que han jugado las victimas en otros contextos internacionales nos encontramos con realidades muy diferentes. En este aspecto el caso vasco también es singular. Aquí las victimas deberán jugar un papel nuclear.

Como aspecto previo queremos destacar que este país se ha logrado un consenso que hace tres años parecía imposible y que debemos poner en valor. Este consenso se ha construido precisamente sobre la base de los estándares internacionales. El derecho de todas, y digo bien, TODAS las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

Hoy las víctimas de diferentes expresiones de violencia se reconocen entre ellas. Empatizan con el dolor de las otras.

Aunque la ley 12/2016 está recurrida por el Gobierno central, lo cual genera evidentes dificultades para las víctimas de la violencia de estado, las dinámicas de reparación se han generalizado, sean estás desde los gobiernos navarro y vasco, los ayuntamientos, o sectoriales, como los recientes actos de la patronal o la iglesia.

Fueron muchos años de silencio y no reconocimiento y, sin embargo, la mayoría de las víctimas de este país no están en un esquema de revancha o venganza, sino de construcción de la convivencia. Por ello, les debemos respeto y un gran reconocimiento. Una mayoría de víctimas que, pese a no estar organizadas en ninguna asociación, también merecen ser escuchadas y que sus opiniones también tengan eco en ciertos medios de comunicación.

La reintegración de las personas presas. Es un aspecto de plena actualidad.

Tras muchos años en que el nudo de esta cuestión ha estado bien “apretado” hoy en día este nudo se va soltando.

Desde el 9 de abril de 2017, al día siguiente del desarme, numerosos agentes empezamos a trabajar en generar espacios de diálogo entre los gobiernos, los partidos políticos, los sindicatos y la sociedad civil, que generasen a su vez una serie de acuerdos mínimos. Se trataba de construir las confianzas necesarias entre diferentes para ir definiendo lo que en nuestras conclusiones de la primera parte del IV. Foro Social definimos como una “hoja de ruta para la reintegración de las personas presas”.

Y trabajábamos con el horizonte de que, tras la disolución de ETA, se podría avanzar en esta cuestión. Podemos afirmar que el propio PP en Madrid venía trabajando también en ese escenario.

Ese largo trabajo ha ido recogiendo sus frutos en acuerdos institucionales en los Parlamentos Vasco y de Navarra y en Juntas Generales, en temas como transferencias de competencias en materia de prisiones, presos enfermos y acercamiento.

No ha sido un camino fácil. Se han producido parones y acelerones como el que estamos viviendo estas dos últimas semanas. Pero la perseverancia ha permitido que exista ahora un extenso consenso consolidado en nuestro país en torno a lo que hemos definido como “agenda urgente de resolución” y que contempla cinco puntos:

• personas presas enfermas y mayores de 70 años

• acercamiento

• evolución de primer a segundo grado

• acumulación de penas cumplidas en Francia

• transferencias en materia penitenciaria

Nos encontramos en una fase en la que se está definiendo el terreno de juego y, aunque aún quedan muchas cosas por definir, el propio Presidente del Gobierno Español va poco a poco dibujando su hoja de ruta. Falta empezar a aplicarla.

Y aquí, de nuevo, adquiere toda su virtualidad la triangulación a la que hacía referencia anteriormente: Generar un acuerdo amplio, inclusivo y transversal entre los gobiernos, los propios presos y la sociedad civil será la clave del éxito.

En ese recorrido de los presos, dos son las características principales:

• legalidad penitenciaria

• reconocimiento del daño causado

La hoja de ruta deberá definir precisamente estos aspectos, pero esta debe construirse sobre cuatro criterios clave:

• PRIMERO: mantener el consenso institucional, político y sindical en esta fase, y para ello el diálogo debe ser el instrumento.

• SEGUNDO: Que las propuestas sean en clave exclusiva de resolución. Que estén pensadas para que las recorran el conjunto de los presos.

• TERCERO: Evitar los protagonismos o los cálculos electorales.

• CUARTO: escuchar la opinión de las personas presas. Este es un aspecto necesario. De la misma manera que los presos no pueden hacer diseños solos desde sus celdas y lejos de la realidad, tampoco se pueden hacer diseños “fuera” sin contar con los que tienen que hacer ese recorrido.

Pero, así como decimos que debemos escuchar a las personas presas, también creemos fundamental que los cambios en política penitenciaria se hagan escuchando a las víctimas.

El método aplicado por Macron en enero en París nos parece acertado. Es preciso explicar a las víctimas esos cambios, escuchar sus opiniones, decirles que no se trata de ningún privilegio, sino de la aplicación estricta de la legislación en materia penitenciaria y que los beneficios previstos se ajustan a los aplicados a cualquier preso.

Las víctimas, todas las víctimas, deben ser escuchadas. Las organizadas y la mayoría no organizada. Pero las políticas públicas deben estar basadas en el interés general, que en este caso es seguir avanzando hacia la resolución integral. 

Con relación al reconocimiento del daño causado, entendemos que es preciso que los presos recorran ese camino, buscando espacios de diálogo con las victimas que lo deseen. Pero como pidió su portavoz, Olarra Guridi, en enero pasado: para ello es preciso generar los espacios constructivos y programas adecuados.

Y una cuestión previa fundamental: a los presos que quieren avanzar en esos espacios de diálogo la permanencia en el primer grado se lo impide. Tantas veces se les ha pedido desde los partidos políticos y la sociedad que lo hagan y ahora se les impide hacerlo.

Un último y doble apunte: No nos debemos equivocar sobre el momento en el que estamos. Debemos empujar para superar una fase de excepcionalidad penitenciaria. Para ello, debemos extender los consensos y dar voz a voces que hasta ahora se han expresado muy tímidamente. Y en este momento la sociedad civil vuelve a tener un rol fundamental. Más tarde llegaran cuestiones como la ley 7/2003 y las condenas basadas fundamentalmente en declaraciones obtenidas bajo torturas.

Una aplicación ordinaria de la legislación penitenciaria será seguramente el modelo de “justicia transicional a la vasca” objeto también de esta mesa redonda.

Y entiendo que tampoco debemos equivocarnos sobre los tiempos. Aunque es comprensible que sectores como las familias y los allegados de los presos tengan prisa, la ansiedad es mala consejera. El acelerón de estas dos últimas semanas no quiere decir necesariamente que se vaya a dar una aceleración en la aplicación de estos anuncios. Que nadie espere resultados espectaculares.

Para ir terminando, el tercer y último aspecto se refiere a la memoria inclusiva que algunos llaman, en mi opinión muy desafortunadamente, “la batalla del relato”.

En el método ya clásico del Foro, voy a destacar primero los consensos sobre los disensos.

Se ha extendido un acuerdo sobre la necesidad de construir una memoria, como dice Gorka Landaburu, con espejo retrovisor. Que nos permita avanzar si, pero sin pasar página y sin dejar de mirar atrás.

Aunque en este aspecto también la sociedad va por delante, debemos reconocer que este es un asunto con más disensos que consensos entre los partidos políticos. De hecho, acabamos de vivir una fase en la que los partidos políticos “han puesto pie en pared”. Fase que, aunque con menor intensidad, aún persiste.

Por supuesto, es legítimo que cada cual tenga su relato, pero yo me hago las siguientes preguntas:

- ¿si se es capaz de generar amplios acuerdos en víctimas y presos, porque no se puede dar en el relato?

- ¿le vamos a privar a la sociedad de un acuerdo de mínimos en este aspecto?

Mi convencimiento profundo es que, en la medida en que se suelten los nudos de víctimas y presos, se podrá afrontar más serenamente el relato, construyendo una memoria lo más inclusiva posible, en la que todos los relatos se sientan razonablemente representados.

Pero para eso, seguramente, deberemos esperar a la próxima legislatura del Parlamento Vasco y Navarro. Eskerrik asko