Construir una memoria crítica, inclusiva, es una, pero solo una, de las formas que hacen posible la a su vez construcción de la convivencia. Es evidente que otra serie de decisiones, en su mayor parte políticas, deben arropar esta construcción. Decisiones relativas a apoyo a víctimas, a presos, reconocimientos expresos de daños causados, etcétera.
* Este artículo es una contribución al proceso "Compromiso social con la construcción de la convivencia" del Foro Social Permanente.
Construir una memoria crítica, inclusiva, es una, pero solo una, de las formas que hacen posible la a su vez construcción de la convivencia. Es evidente que otra serie de decisiones, en su mayor parte políticas, deben arropar esta construcción. Decisiones relativas a apoyo a víctimas, a presos, reconocimientos expresos de daños causados, etcétera.
La construcción de esta memoria que pretende tener efectos sobre la convivencia social no puede sea elaborada y redactada por toda la sociedad. Alguien, algunos, deberán hacerlo. Pero sí es necesario que todos los grupos sociales, la sociedad civil (la sociedad sin más), asuman, estén conformes, les parezca razonable esa descripción de lo ocurrido. Ello exige algo obvio. Que ese alguien (o algunos), cuando redacten la memoria, lo hagan de tal forma que resulte posible que la misma sea asumida y aceptada por todos. Con esta intención, lo que debe tener especial importancia en esa memoria no es tanto lo que de hecho ocurrió en estos últimos tiempos sino, sobre todo, evaluar lo que ocurrió. El ejemplo típico. Sin duda, hay que relatar que hubo personas que mataron a otras. Pero lo relevante para la construcción de esta memoria inclusiva es que se califiquen esos acontecimientos como constitutivos de injustas y reprobables conductas. Ejemplo muy sencillo que nos lleva a desarrollar más la cuestión de la evaluación.
Se trata de describir hechos con evaluaciones de las conductas de los que los protagonizaron, que sean asumibles por todos incluido los mismos protagonistas. Operar en la descripción, quizás más en el terreno de lo realmente aceptable (al menos comprensible) para todos que de lo exigible desde el punto de vista de la defensa contundente de convicciones éticas y morales con sus correspondientes rechazos sin matices de cualquier trasgresión de esas convicciones. Ello no implica por supuesto exclusión en esa evaluación de determinadas prescripciones universales. Ciertos acontecimientos deberán ser negativamente considerados no sólo porque provocan dolor a personas concretas sino porque vulneran derechos humanos.
Con esta perspectiva realista –posibilista-, la descripción de los acontecimientos a evaluar debe incorporar el contexto social, político y cultural en y desde el que los mismos se producen. Ello debería conducir a evaluar que los actos de daño, de dolor causado, pueden ser entendibles dado ese contexto. Sin duda ello no puede llevar a una evaluación de relación causal cerrada -lineal- en la cual el contexto justifica el acto, lo hace justo. No. Lo hace comprensible. De alguna forma, otorga al mismo “una cierta racionalidad” (insisto en las comillas). Una acción que genera daño / injusticia, que surge como respuesta a un mal extendido en toda la sociedad que se pretende hacer desaparecer con esas acciones. No hay una acción individual y gratuita que busque sin más causar daño, sino una acción con la que se busca establecer una sociedad más justa. Sin duda la acción es objetivamente injusta e injustificable pero, dado su origen – insisto, su origen-, resulta comprensible.
En la medida que la memoria de hechos y evaluaciones establezca esta conexión entre contexto y acto, se genera, por un lado, mayor comprensión de aquellos que directa o indirectamente han resultado víctimas de dichos actos, y por otro lado, el que los causantes de los mismos, aunque asuman que el acto cometido fue injusto y reprobable, le encuentren un cierto sentido. El de la respuesta a un injusto contexto. Así, la descripción de lo ocurrido debería establecer que la decisión dirigida a provocar ese daño proviene de la vivencia de un contexto que hace entendible, aunque no justificable, esa decisión. A ese actor, aunque reconoce la injusticia del daño causado y la vulneración de derechos fundamentales, se le reconoce que no busca o buscó el daño por sí mismo.
Una consideración así parecería que facilitaría la convivencia. Efectivamente, hay algo que, en última instancia, puede resultar muy relevante para el actor que causa el daño. Ser entendido por los demás. Que su acción se hizo a partir de una realidad que le conducía a tomar decisiones para mejorar las condiciones de vida de todos y no por un gratuito capricho criminal. Al mismo tiempo y al otro lado, el otro -la víctima, cercano a la víctima, etc.- recoge del otro, del actor del responsable del daño, el reconocimiento de un injusto e injustificable daño causado.
Como paréntesis, una concreta descripción del contexto y sus consecuencias evaluativas donde encaja la reflexión antedicha. Las vulneraciones de derechos humanos que se dieron desde final de la guerra hasta la actualidad tienen su origen en la existencia de un conflicto general político y nacional. Pero su puesta en marcha, su ejecución no fue una consecuencia inevitable, indeseada y marginal respecto a las estrategias generales y contrapuestas que definieron y marcaron los conflictos. Tienen relevancia por sí mismos y por tanto son acreedores de una valoración autónoma. La descripción de la forma y amplitud de esos conflictos generales no puedo hacerse de tal manera que permita que los dramáticos o criminales acontecimientos puedan aparecer como inevitables o inexorables.
A la hora de hacer esta memoria y establecer esta relación entre contexto y acción con su correspondiente justificación, parece necesario hacer la evaluación teniendo en cuenta el momento. No puede tener la misma intensidad el concepto de compresión proveniente de la relación del contexto social y político de los años 60 hasta finales de los 70 con las acciones violentas, si la comparamos con otros momentos. Así la compresión es mucho menos intensa si analizamos esta relación entre contexto y acción en los años posteriores y sobre todo en los muy posteriores. En ambos casos, la comprensión no conduce a la justificación pero, y eso debe ser evaluado con rigor, hay momentos históricos en que el salto de compresión a injustificación es sólo un pequeño salto. Existe, pero no es comparable con el de tiempos posteriores, en los cuales podríamos decir que hay casi una ruptura. No es que exista una relación entre contexto y acción que conduzca de una situación intolerable a una decisión asimismo intolerable. Podemos afirmar que ya no hay relación, que el contexto perdió su relación con la puesta en marcha de la acción violenta.
Luego está el otro lado. Lo descrito hasta ahora pretende construir una memoria asumible por todos en lo que hace referencia básicamente a la violencia ejercida por ETA durante el tiempo pasado. Pero está todo el otro lado. Esto es, cómo se va a construir la memoria y, sobre todo, cómo se van a evaluar los acontecimientos, los hechos de esa memoria relativos a los asesinos, torturadores y represores provenientes de las instituciones del Estado o de instituciones políticas en el poder, sobre los muchos que son y se afirman victimas, y exigen reparación.
En principio, el proceso de evaluación debería ser el mismo. Actos evaluados como injustos y reprobables pero que proceden de decisiones que se supone obedecían a instancias superiores, en ejecución del interés general. Igual que en el supuesto anterior, la conexión implicaría una evaluación que incluyese la dimensión de comprensión pero no de justificación.
Reconozco que esta aproximación a este segundo grupo es algo formalista. Porque no creo que las actitudes de víctimas y sus correspondientes exigencias de uno y otro lado sean iguales. O sea que…otra historia.