Reflexiones y propuestas para la convivencia democrática

Para poder construir un proyecto de convivencia democrática exitosa en Euskadi, y más allá de las políticas de memoria y reparación sobre las que se ha avanzado de manera importante en estos últimos años, es preciso que nuestro modelo de convivencia incorpore otros elementos que puedan garantizar su sostenibilidad y adhesión social.

* Este artículo es una contribución al proceso "Compromiso social con la construcción de la convivencia" del Foro Social Permanente.

La convivencia puede ser entendida como un mero hecho social. Como un sinónimo de coexistencia, que simplemente revela que en una determinada sociedad confluyen personas y grupos sociales de diferente condición, sea ésta referida a la ideología o a otras circunstancias sociales como el origen, el género, la edad, la religión, la lengua o la condición económica. En realidad, desde esta perspectiva amplia, no existe sociedad sin convivencia puesto que las diferencias que se pueden basar en elementos como los referidos serán siempre relativas y emergerán en uno u otro grado en función de cada contexto.

Si nos centramos en las diferencias ideológicas, cabe decir en primer lugar que la diversidad de una sociedad, lejos de suponer un factor de división o una rémora para el desarrollo social, es en principio un síntoma muy positivo. La diversidad ideológica, el pluralismo político, son expresiones y consecuencias de la libertad. La libertad constituye el soporte necesario para que pueda aflorar la diversidad de planteamientos. Las sociedades homogéneas lo son por ser sociedades cerradas, en las que no se producen o no se permiten unos estándares mínimos de libertad. La diversidad de opiniones y planteamientos no es otra cosa que la consecuencia sana y saludable de una sociedad libre.

Si al sustantivo de la convivencia queremos añadirle el adjetivo de la democracia, las definiciones se hacen más complejas y los acuerdos más difíciles, y ello precisamente por la diversidad social, cultural y política que caracteriza una sociedad libre y desarrollada, en la que convivimos personas y grupos con perspectivas y aproximaciones que pueden ser diferentes o incluso contrapuestas. Ahora bien, convivencia democrática apunta a un cierto grado de armonía social, a un poder vivir juntos de manera pacífica como vecinos de un mismo ente político, paliando o previniendo los conflictos que emergen en la sociedad. Conflictos que pueden estar o haber estado muchas veces relacionados con cuestiones identitarias o ideológicas, pero que frecuentemente esconden también otras discrepancias de intereses sociales o económicos.

Una gestión democrática de la convivencia requiere una voluntad de ejercer políticas activas para la inclusión de las distintas identidades e ideologías en un cauce político común, garantizando a todos los ciudadanos de hecho (nacionales o extranjeros) todos los derechos humanos o fundamentales. Esta opción supone también reformar o acomodar las instituciones y las normas para construir ese espacio común más abierto y flexible, en el que todas las opciones no discriminatorias ni excluyentes puedan convivir y asumir como propio un amplio espacio público.

En una sociedad como la vasca, con el pasado traumático que ha vivido, esto supone la necesidad de hacer aflorar aquellos sufrimientos que no han podido ser expresados, lo que implica desde luego la obligación de reconocer y de reparar en la medida en que ello sea posible. Pero no solamente a través de procedimientos formales y punitivos, sino sobre todo mediante procesos sociales que permitan la expresión, la escucha, la socialización y la empatía. En una sociedad diversa como la nuestra coexistirán sin duda relatos diferentes leídos desde múltiples sensibilidades, pero es preciso establecer cauces para que afloren todos los sentimientos asociados a los daños injustamente provocados, sin pretensiones de cuantificación, sino con la aspiración de ir componiendo un mosaico de relatos que nunca estará acabado del todo, pero que al mismo tiempo tenga en consideración las diversas capas de la memoria de nuestra historia reciente, para que nos permita superar etapas y mirar hacia adelante, con aprendizajes que sean de utilidad para las nuevas generaciones.

Pero en la Euskadi de 2020, un proyecto de convivencia democrática no se puede limitar a cerrar positivamente el pasado violento o a permitir un mejor encaje de las diversas ideologías e identidades que nos atraviesan, aunque todo ello sea de enorme importancia e ineludible. Nuestra sociedad debe reconocerse como una sociedad económicamente desarrollada, pero en riesgo de desarrollar una progresiva brecha social, y como una sociedad que está mutando rápidamente desde una composición relativamente homogénea hacia una realidad poliédrica.

Euskadi es una sociedad democrática avanzada y, como tal, es diversa y son varias las identidades que coexisten en su seno. La diversidad identitaria y cultural es y será el sustrato sobre el que se deberán construir e implementar las políticas públicas. La diversidad no es negociable, y menos aún para un pueblo pequeño y complejo como el nuestro. Al mismo tiempo, nos caracteriza desde hace tiempo un panorama demográfico acuciante y hasta cierto punto alarmante, con una pirámide poblacional insostenible a largo plazo, que nos exige tenerla en cuenta ante cualquier proyecto de convivencia social. Nuestra población actual sufre un acelerado proceso de envejecimiento que nos convertirá en pocas décadas en una sociedad muy diferente, con intensas afecciones al funcionamiento económico y al sostenimiento de nuestro modelo social. En este contexto, solo puede ser la inmigración la oportunidad de subsanar, entre otros, los problemas de la estructura demográfica vasca. Sin embargo, tanto en mentalidad colectiva como en estructura institucional seguimos estando lejos de asumir que necesitamos revisar nuestras propias ideas actuales de convivencia democrática de cara a un escenario diferente. Y ello constituye tanto una necesidad ética como una conveniencia económica. Hoy no podemos imaginar y construir un modelo de convivencia democrática obviando esta relevante cuestión económica, social y cultural.

Nuestro modelo de convivencia se basa también en determinados logros sociales y políticos que son ampliamente compartidos y valorados tanto en el plano del pensamiento como en el de la implementación. El modelo social de país, que parte de la colaboración de los sectores públicos y privados, pero garantizando derechos y servicios sociales de calidad mínima para todos los ciudadanos constituye un elemento imprescindible en la articulación de un proyecto de convivencia democrática que afronte con garantías la actual crisis económica, sanitaria y de seguridad.

Al mismo tiempo, tampoco podemos seguir anclados en esquemas identitarios limitados. Es necesario interiorizar que ni los elementos culturales ampliamente compartidos garantizan el resultado de una identidad común o de la convivencia armónica, ni la ausencia de los mismos impide la existencia de una fuerte identidad compartida en torno a un mismo proyecto político o referencia territorial.

En definitiva, para poder construir un proyecto de convivencia democrática exitosa en Euskadi, y más allá de las políticas de memoria y reparación sobre las que se ha avanzado de manera importante en estos últimos años, es preciso que nuestro modelo de convivencia incorpore otros elementos que puedan garantizar su sostenibilidad y adhesión social. A las políticas señaladas, de vocación transicional, se hace necesario acompañar otros tres grandes ejes de actuación política. El primero de ellos es el de la apuesta de país por la innovación científica y social que impulse el valor añadido, la creatividad y el emprendimiento, tanto en el ámbito público como en el privado. En segundo lugar, la opción activa por una verdadera gestión democrática de la diversidad cultural que nos permita aprovechar de manera justa e inteligente la creciente diversificación social y cultural y las oportunidades y rentabilidades que ello aporta. Finalmente, la convivencia armónica debe basarse en el aseguramiento de unos derechos y servicios sociales avanzados, sostenibles y de calidad que garanticen un suelo de cobertura social universal justificado en unos valores de cohesión y solidaridad y una calidad de vida elevada y ampliamente compartida. No en vano, un robusto Estado de bienestar es parte esencial del relato común sobre el que se puede anclar una convivencia que permita a la vez reformar y ampliar el marco sobre el que diferentes los proyectos identitarios e ideológicos podrán debatirse y confrontarse con mayores dosis de calidad democrática.

En la actualidad es decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Deusto, en la que ha sido Director del Instituto de Derechos Humanos durante 15 años. Previamente, ejerció como asesor jurídico del Ararteko (Defensor del Pueblo del País Vasco) y fue presidente de la ONG de apoyo a inmigrantes extranjeros Bilbo Etxezabal entre 1993 y 2000. Ha sido Vocal del Foro estatal para la Integración Social de los Inmigrantes. En la actualidad es miembro del Comité Científico del Observatorio del Pluralismo religioso en España.