Egiari Zor: idatzizko ekarpena

2012an sortutako fundazio bat da Egiari Zor Fundazioa, eta euskal gatazka politikoaren testuinguruan Frantziako eta Espainiako estatuen indarkeria jasan duten biktimen eskubideen alde lan egitea du helburu.

Sobre Egiari Zor Fundazioa

Egiari Zor Fundazioa se creó el año 2012. Tiene como objetivo trabajar a favor de los derechos de las víctimas que han sufrido la violencia de los Estados francés y español en el contexto del conflicto político vasco.

Componen la fundación familiares de personas asesinadas o fallecidas como consecuencia de distintas expresiones de violencia protagonizada por los estados español y francés, sus fuerzas de seguridad y grupos vinculados a los mismos directa o indirectamente; así como personas heridas o torturadas en el contexto de violencia de motivación política vivido en las últimas décadas.

Son cuatro nuestras principales líneas de trabajo:

1. Superar la categorización que las víctimas del conflicto vasco han sufrido hasta hoy, y trabajar para garantizar el mismo nivel de reconocimiento a todas las personas que han sufrido iguales vulneraciones de derechos humanos. Para ello, ponemos a disposición de las víctimas los mecanismos legales existentes (ayuda en tramitaciones, asesoramiento…), o trabajamos para la puesta en marcha de mecanismos novedosos que posibiliten el reconocimiento.

2. Sacar a la luz las verdades ocultadas. Muchos de los sufrimientos vividos en el seno del conflicto permanecen aún hoy día ocultos, bien porque no se conocen, bien porque han sido deliberadamente ocultados. Trabajamos para sacar todos ellos a la luz, para conocer y dar a conocer todo lo que ha sucedido, y garantizar así que lo vivido no volverá a repetirse en el futuro. Ello lo llevamos a cabo mediante charlas o labores de investigación.

3. Reivindicar que es necesario un nuevo modelo de justicia para construir la convivencia: para alcanzar el escenario donde todas las consecuencias del conflicto están superadas y resueltas, es necesario no seguir generando más sufrimiento. Por ello, consideramos necesario construir un nuevo modelo de justicia cuyo objetivo final sea la verdad y no el castigo, para no prolongar más el conflicto, no eternizar sus consecuencias y no obstaculizar la resolución. Ello, tan solo será posible tomando como base el amplio compromiso de los sectores institucionales y sociales vascos. Trabajamos día a día para socializar esta reflexión.

4. Denuncia pública de la impunidad de nuestros victimarios: trabajamos para conocer, dar a conocer y denunciar públicamente cuáles son las responsabilidades directas e indirectas de los crímenes que nos golpearon, porque en muchas ocasiones, aún hoy día, no han sido asumidas.

 

Aportaciones al proceso “Compromiso social con la construcción de la convivencia democrática”

Egiari Zor participa activamente en el seno del Foro Social Permanente, espacio dinamizador que integran diferentes organizaciones de la sociedad civil y personas a título individual, que tiene por objetivos impulsar el proceso de paz vasco y ayudar a desatascar los nudos que atenazan la resolución de las consecuencias del ciclo de violencia vivido durante los últimos años.

Concretamente, Egiari Zor, participa en el grupo de trabajo que trata las temáticas de memoria y derechos de las víctimas.

En octubre del año 2020 el Foro Social Permanente presentó su proceso “Compromiso social con la construcción de la convivencia democrática” mediante el cual pretende recoger aportaciones de amplios sectores sociales que componen la sociedad vasca sobre los retos pendientes en lo que la construcción de la convivencia se refiere.

Mediante el presente documento desarrollamos distintas reflexiones y sugerencias en torno a cuestiones que nos interpelan de manera directa como víctimas que han sufrido la violencia del Estado, con el deseo y finalidad de que enriquezcan el proceso.

En las presentes líneas reflexionamos en torno a cuestiones como la deslegitimación de la violencia, la construcción de una memoria democrática, la promoción de una convivencia conciliada, etc., retos, todos ellos a los que, consideramos, hemos de hacer frente como sociedad para resolver de una vez por todas las consecuencias del conflicto político vasco, y sentar así las bases para la construcción de una convivencia futura donde todas las personas somos dueñas de los derechos que nos corresponden.

Enumeramos, en concreto, 7 grandes retos a los que como sociedad, consideramos, hemos de hacer frente:

1. A misma vulneración, mismo reconocimiento, sin discriminaciones.

2. Creación de un nuevo marco de consenso sobre el que establecer las bases para que lo vivido no se repita jamás: ética como herramienta pedagógica y educadora, y no como arma arrojadiza.

3. Mismo grado de visibilidad y esfuerzo clarificador para todas las vulneraciones de derechos humanos.

4. Deslegitimar toda forma de violencia para construir una nueva sociedad con el carácter inviolable de los derechos humanos como base.

5. Adecuación de la terminología excluyente para no humillar a las víctimas.

6. Explorar nuevas vías para dotar a las víctimas del derecho a la justicia que les corresponde: verdad como mecanismo de justicia.

7. Solucionar las razones que generaron la expresión violenta para garantizar la no repetición.

Esta es, por lo tanto, nuestra aportación como víctimas que han sufrido la violencia del Estado.

 

Reto n.º1: a misma vulneración, mismo reconocimiento, sin discriminaciones

Más allá de la amarga realidad que nos une a todas las víctimas que hemos sufrido vulneraciones de derechos humanos en el contexto del conflicto político, no conformamos un bloque homogéneo. Al igual que en la sociedad vasca, también en el sector de las víctimas de la violencia política existe una amplia pluralidad ideológica. Pero a pesar de que esta es una realidad conocida, todavía se continua hablando sobre las víctimas como si fuese un sector único de pensamiento y sentimiento uniforme.

La realidad de las víctimas en función del origen de violencia padecida es dispar. En el caso de las víctimas de la violencia ejercida desde los aparatos del Estado, carecemos aún a día de hoy, en la mayoría de los casos, de reconocimiento oficial de la victimación padecida, como se puede observar en los datos que presentamos a continuación:

 

VÍCTIMAS MORTALES

Las víctimas mortales causadas por ambos Estados son 366.

1. Víctimas mortales causadas por agentes de ambos Estados: 219

2. Víctimas mortales a causa de la guerra sucia: 79

• Asesinatos cometidos usando la sigla GAL: 29

• Asesinatos cometidos usando otras siglas (BVE, GAE, Triple A…): 38

• Asesinatos no reivindicados: 8

• Desapariciones forzosas: 4

3. Víctimas mortales provocadas por la aplicación de medidas políticas de carácter excepcional: 64

• Provocadas por la dispersión de prisioneros: 16

• Provocadas por la política penitenciaria de excepción: 35

• Provocadas por la deportación: 9

• Inducciones al suicidio: 4

4. Víctimas mortales de “incontrolados” de extrema derecha:

Además, ha de tomarse en cuenta que al menos otras 115 personas han perdido la vida en diferentes circunstancias vinculadas al conflicto político-armado (enfrentamientos armados, accidentes, etc.).

A tenor de los estándares internacionales, los sufrimientos padecidos por esas últimas no pueden ser considerados vulneraciones de los derechos humanos. Sin embargo, en opinión de la Fundación Egiari Zor, para superar de una vez por todas el conflicto político que sufre Euskal Herria, es imprescindible conocer y tener en cuenta el sufrimiento que estas muertes han generado.

Ahora bien, sólo 88 de las 366 víctimas mortales causadas por los Estados español y francés han recibido algún tipo de reconocimiento oficial, tan solo el 24%.

• 35 de las 219 víctimas mortales causadas por agentes de ambos Estados han sido oficialmente reconocidas como “víctimas de la violencia policial” mediante el Decreto 107/2012 del Gobierno Vasco, aplicado tan solo a las víctimas causadas entre los años 1960 y 1978 en la Comunidad Autónoma Vasca. Otras 5 personas son reconocidas por el Ministerio del Interior español como "víctimas del terrorismo”, pero existen dudas sobre la autoría. Por lo tanto, tan solo el 18% de dichas víctimas mortales han sido, en total, reconocidas como tales.

• 46 de las 79 personas asesinadas por la guerra sucia han sido reconocidas como “víctimas del terrorismo” por el Ministerio del Interior español en aplicación de las Leyes 32/1999 y 29/2011 del Estado español y la Ley 4/2008 de la Comunidad Autónoma Vasca. Es decir, tan sólo el 58% de las asesinadas. La autoría de dos casos no está clara.

• Ninguna de las 64 víctimas mortales provocadas por la aplicación de medidas políticas de carácter excepcional han sido reconocidas de modo oficial.

• 2 de las 4 personas asesinadas por “incontrolados” de extrema derecha han sido reconocidas por el Ministerio del Interior español como “víctimas del terrorismo” en aplicación de la Ley 29/2011.

 

PERSONAS TORTURADAS

Un trabajo de investigación sobre la tortura en la CAV, encargado por el Gobierno Vasco, ha dado total credibilidad a 4113 casos de malos tratos y torturas, practicados por la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Ertzaintza, que afectaron a 3415 personas (algunas víctimas sufrieron malos tratos y torturas en varias ocasiones). Además, el trabajo ha reconocido que “estas cifras se encuentran por debajo de la dimensión real de afectados”.

Por otra parte, la Fundación Euskal Memoria, que estudia los casos de tortura y malos tratos sucedidos en toda Euskal Herria, ha podido verificar hasta ahora 5.567 casos sufridos por 4.643 personas.

Sin embargo, tan solo 103 personas han recibido algún tipo de reconocimiento oficial en tanto que víctimas de malos tratos y torturas. Es decir, tan solo el 3% de las recogidas en el trabajo de investigación encargado por el Gobierno Vasco. He ahí otra flagrante prueba de la actitud negacionista que mantienen los Estados; sobre todo, el español.

• Solo un número insignificante de las denuncias judiciales interpuestas han obtenido una sentencia condenatoria (el resto han sido archivadas) y son únicamente 31 las personas que, teniendo en cuenta dichas sentencias, han sido oficialmente reconocidas como “víctimas de la tortura”. Ni siquiera llega al 1% (fuente: Trabajo sobre la tortura en la CAV).

• Por otro lado, tal y como se recoge en el informe “Saliendo del olvido” 72 personas han sido oficialmente reconocidas como víctimas de malos tratos y torturas en aplicación del Decreto 107/2012 del Gobierno Vasco que concierne tan solo a los casos sucedidos entre los años 1960 y 1978 en la Comunidad Autónoma Vasca.

 

PERSONAS HERIDAS

Por el momento, no se ha realizado ningún trabajo de investigación preciso que cuantifique de forma global el número de personas heridas a causa de de la violencia practicada por los Estados francés y español. Según datos del Gobierno Vasco entre los años 1960 y 2013, en lo que concierne a la Comunidad Autónoma Vasca, fueron 746 las personas heridas por las fuerzas de seguridad, y 426 las heridas por grupos para-policiales y de extrema derecha.

Ahora bien, la realidad es mucho más amplia. Como ejemplo, en un único día, el 3 de marzo de 1976, en la masacre de Vitoria-Gasteiz, fueron 60 las personas heridas en 15 minutos (44 de ellas con heridas de bala).

En aplicación del Decreto 107/2012 del Gobierno Vasco 66 personas han sido reconocidas de modo oficial como víctimas de las Fuerzas de Seguridad al haber sufrido heridas por armas de fuego (55 casos) o balas de goma, entre los años 1960 y 1978, en la Comunidad Autónoma Vasca. Evidentemente, eso es solo una pequeña muestra de la realidad completa.

El nivel de reconocimiento oficial que tienen las víctimas de Estado es, por lo tanto, muy bajo y tanto jueces como autoridades nada hacen para remediar esta injusticia. Al contrario, en numerosas ocasiones han obstaculizado o impedido acciones cuyo objetivo era facilitar el que la verdad saliera a la luz y el reconocimiento de las víctimas. He aquí algunos ejemplos:

• Recurso contra la Ley 16/2019 de la Comunidad Foral de Navarra y anulación de la misma. Mediante esta Ley se buscaba reconocer y reparar a las víctimas de motivación política causadas por grupos de extrema derecha y funcionarios públicos.

• Mantenimiento en vigor de la Ley 9/1968 de Secretos Oficiales, parcialmente modificada por la Ley 48/1978, que en su artículo 2 establece que son materias clasificadas las que así sean expresamente declaradas por la Ley y se trate de “asuntos, informaciones, documentos, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en peligro la seguridad y la defensa del Estado”. Es una restricción que limita la difusión de informaciones que pongan en riesgo lo que genéricamente llaman “seguridad nacional”, alegando para ello la “razón de Estado”. A fin de cuentas, se trata de una restricción que limita el derecho que tienen las víctimas a conocer toda la verdad.

• Investigaciones judiciales escasas o entorpecidas: en demasiadas ocasiones han llegado a desaparecer pruebas periciales en investigaciones judiciales plagadas de incidentes, o se han dictado sentencias, basadas en las conocidas como “versiones oficiales”, que disculpaban la violencia ejercida por agentes estatales en actuaciones que han violado claramente los derechos humanos.

Por otra parte, también está habiendo una clara discriminación en lo que respecta a las indemnizaciones a que tienen derecho algunas víctimas oficialmente reconocidas. Para empezar, porque la gran mayoría de las víctimas de Estado ni siquiera han sido reconocidas, pero incluso cuando lo han sido, no ha cesado la discriminación.

Por ejemplo, el Estado español se niega a equiparar, tal y como se recoge en la Ley 29/2011, las indemnizaciones a que tiene derecho las víctimas del terrorismo reconocidas como tales. Las víctimas perjudicadas lo son siempre del terrorismo de Estado, por supuesto.

Además, los crímenes de Estado han gozado de un grado de impunidad incuestionable, como se puede ver en los siguientes ejemplos:

• En muy numerosas ocasiones, los Estados han ocultado y negado graves vulneraciones de los derechos humanos perpetradas por sus agentes. El ejemplo más claro de ello es la actitud negacionista que mantienen ante la tortura. En otras ocasiones, han achacado dichas graves violaciones a supuestas organizaciones (ATE, BVE, GAL…) que no eran sino pantallas para ocultar el terrorismo de Estado, siendo sin duda el mejor exponente de dicho proceder lo sucedido con la Guerra Sucia.

• La gran mayoría de los responsables de los crímenes de Estado han gozado y gozan de total impunidad. Y en las bien escasas ocasiones en las que ha habido condenas judiciales, no las han cumplido, en ningún caso, como otros victimarios, sino que han gozado de clarísimos privilegios. Por ejemplo, Enrique Rodríguez Galindo, condenado por secuestrar, torturar, ejecutar y enterrar en cal viva a Lasa y Zabala siendo jefe del cuartel de Intxaurrondo, además de gozar en la cárcel de unas condiciones de vida escandalosas, tan solo estuvo en prisión durante 4 de los 75 años a que fue condenado. Y otro de los condenados a la misma pena, el Gobernador Civil Julen Elgorriaga, ni tan siquiera estuvo 14 meses.

• Indultos, condecoraciones y ascensos: muchos funcionarios del Estado no solo han sido eximidos en numerosas ocasiones de sus responsabilidades en lo que respecta a graves violaciones de los derechos humanos, cubriendo así esos crímenes de la más absoluta impunidad, sino que han sido condecorados y ascendidos a raíz de dichas actuaciones. Por ejemplo, la mayoría de los agentes condenados por torturas fueron indultados y tanto a ellos como a otros muchos agentes implicados en casos de torturas no les han retirado las condecoraciones que recibieron en su día.

Es innegable que durante esta última década el panorama ha cambiado radicalmente en lo que respecta a dotar a todas las víctimas de los derechos que les corresponden. Consideramos que la sociedad vasca ha dado muestras notables de una evolución más que positiva respecto a la defensa y respeto a los derechos humanos, entendiendo que la construcción de la paz y las bases de la convivencia deben partir del respeto a todos los derechos de todas las personas: tenemos, por primera vez, leyes de reconocimiento tanto en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa como, esperemos, en breve, en Nafarroa; contamos con informes que mediante protocolos internacionalmente avalados certifican el número de personas torturadas durante los últimos 60 años; etc.

Sobra decir que aplaudimos la voluntad de las instituciones vascas y navarras en orden de dotar a las víctimas de la violencia del Estado de estos mecanismos legales de reconocimiento y reparación, que vienen a corregir parcialmente la discriminación sistemática sufrida hasta hoy.

Pero continúa existiendo discriminación y categorización en el marco actual de reconocimiento y reparación:

• Los casos de vulneraciones de derechos humanos que se dieron a partir de 1999 carecen de posibilidad de reconocimiento institucional a día de hoy, por no existir leyes que hagan referencia a ese espacio temporal.

• Las Leyes de reconocimiento y reparación actualmente en vigor en la CAV y las que se encuentran pendientes de resolución judicial, como el caso de la ley navarra, no recogen entre sus personas destinatarias aquella cuyas circunstancias de víctimación hayan sido generadas por omisión o a través de la violencia indirecta. Hablamos, por ejemplo, de las personas fallecidas debido a la aplicación de la excepcionalidad penitenciaria.

• Así mismo, tampoco serán valorados por las comisiones de valoración de las leyes de reconocimiento aquellos casos que tras un proceso judicial culminasen sin sentencia condenatoria, al apreciar el tribunal que los hechos acaecidos se ajustaban a derecho. Es decir, que se asume la versión oficial existente en torno a casos de gran controversia, pese a que existan evidencias que contradigan las versiones oficiales.

Creemos necesario que se continúen dando pasos en este sentido, y que se habilite un marco legal de reconocimiento y reparación integral e igualitario que acabe de manera inequívoca con los aspectos discriminatorios que persisten en la Ley vasca 12/2016 y la Ley Foral 16/2019, para que la máxima "a igual vulneración idéntico tratamiento" sea por fin una realidad en la sociedad vasca.

Porque categorizar a las víctimas en función del origen de la violencia padecida significa expresar que hay una violencia menos reprochable que otras, significa que el compromiso con los derechos humanos será parcial y no absoluto.

Esta diferenciación en el punto de partida condiciona perjudicialmente otros debates a los que hemos de hacer frente, y que permanecen sin avances sustanciales, como son: memoria pública, reconocimiento del daño causado, asunción de responsabilidades, autocrítica, empatía, etc.

 

Reto n.º2: creación de un nuevo marco de consenso sobre el que establecer las bases para que lo vivido no se repita jamás: ética como herramienta pedagógica y educadora, y no como arma arrojadiza

Como mencionábamos en el anterior punto, a día de hoy siguen sin ser reconocidas de forma oficial muchas de las vulneraciones del derecho a la vida y otras graves vulneraciones de derechos humanos cometidas por el Estado en el caso vasco.

Por lo tanto, sólo las consecuencias de una de las violencias protagonistas de la tragedia acaecida están reconocidas oficialmente y sólo unas responsabilidades han sido asumidas públicamente por uno de los victimarios, ETA, en este caso.

Por desgracia, a veces, y de forma intencionada, se olvida que en el contexto del conflicto político vivido durante las últimas décadas en Euskal Herria ha habido más de una parte que se ha valido de la violencia y por ende, más de una parte que ha creado víctimas.

Por lo tanto, la exigencia mínima de asumir los principios éticos debiera dirigirse a todos los sectores con responsabilidades (asumidas hasta hoy o no) en el ejercicio de la violencia.

Pero aún hoy día no se exige al Estado y a los partidos que lo han sustentado y que han sido responsables políticos de los asesinatos y muertes de nuestras familiares la asunción de los principios éticos, y que reconozcan las muertes y personas heridas y torturadas que generaron.

Creemos que es hora de que esta situación cambie. Porque de lo contrario se crea una categorización en relación al derecho a la vida entre víctimas mortales, y se está cayendo en una gravísima doble moral, donde el derecho a la vida de unas personas se superpone al derecho a la vida de otras. Este no puede ser base de convivencia ni conciliación.

A día de hoy se pone el foco sobre una única violencia y sus consecuencias por encima de las demás (recordamos, aún sin censar, sin reconocer). Y así, se exime a los responsables de esas otras violencias de asumir y reconocer a las víctimas que generaron y, por tanto, de reflexionar en torno a su trayectoria violenta.

Las exigencias de reflexión crítica transgreden lo ético, lo humano en esta circunstancia, y se adentran más en el campo de lo ideológico o lo político, más relacionado con el relato de lo sucedido.

Lo exigible para unos debe ser exigible para todas las partes. Para ello deben crearse las condiciones para que las responsabilidades y las reflexiones se hagan por parte de todos los agentes que tienen o han tenido responsabilidades en la tragedia vivida. Se debe crear un nuevo marco de consenso sobre el que establecer las bases para que las consideraciones éticas de lo sucedido sean una herramienta pedagógica y educadora, y no un arma arrojadiza.

De lo contrario, cualquier reflexión ética realizada desde una perspectiva humana será utilizada con una finalidad política, algo que en nuestra opinión debe evitarse.

Cualquier diferencia de tratamiento refuerza el esquema de vencedores y vencidos, clave para la construcción de un relato parcial. Creemos que los esfuerzos debe ir hacia compromisos imparciales, asentar unos mínimos éticos comunes en torno a los cuales poder construir más acuerdos y adoptar más compromisos que nos permitan seguir avanzando en el camino de las soluciones, sin otra voluntad que construir el bien común, dejando a un lado las inercias partidistas que a menudo nos llevan a defender o intentar reforzar posiciones de parte que eximen de responsabilidades a unos y se convierten en arma arrojadiza para otros, enconando una y otra vez el camino de los avances y las soluciones.

Nadie debería intentar sacar rédito político del sufrimiento, de la tragedia ni el dolor de tantas personas, y desde luego nadie debe aprovechar esta circunstancia para evitar asumir sus responsabilidades. Ello resulta éticamente deplorable.

 

Reto n.º3: mismo grado de visibilidad y esfuerzo clarificador para todas las vulneraciones de derechos humanos y otros sufrimientos:

Aún hoy en día no conocemos todo lo sucedido en cuanto a vulneraciones de derechos humanos. El camino hacia la justicia y reparación plenas (si es que son algún día posibles) será largo aún. Por lo tanto, creemos que es imprescindible hablar sobre el pasado. Creemos en el valor de la palabra.

Pero para hablar, es imprescindible conocer la verdad. En demasiadas ocasiones la falta de verdad ha sido el coladero para que graves vulneraciones de los derechos humanos hayan sido justificadas bajo distintos subterfugios, versiones oficiales o simplemente, negaciones. La falta de verdad ha sido y es una herramienta al servicio de la impunidad.

Es por ello que defendemos que las instituciones debieran invertir parte de sus esfuerzos en el fortalecimiento de este aspecto, en revertir esta situación y clarificar aquellos casos que presentan dudas razonables.

Además, creemos que a parte dotar al conjunto de víctimas de un marco legal integral e igualitario de reconocimiento y reparación sin distinciones ni categorizaciones en función del origen de la violencia padecida, como hemos recogido en el reto nº1 de este informe, debe también garantizarse idéntica visibilidad pública y reproche social de todas las violencias por igual. De lo contrario estamos contribuyendo a generar una nefasta categorización de las violencias vulneradoras de derechos humanos; categorización que establece niveles de gravedad y genera que haya una violencia que se perciba como menos lesiva o incluso legítima. Cirscunstancia que genera una percepción de normalidad ante el recurso ilegítimo de la violencia ejercida desde el poder.

El principio básico debe ser que todos los episodios relativos a vulneraciones de derechos humanos tengan el mismo grado de visibilidad y de esfuerzo clarificador.

En este sentido, consideramos que debemos también ampliar el abanico y a dar respuesta a otro tipo de sufrimientos olvidados que no pueden ser tipificados como “vulneraciones de derechos humanos” pero que, indudablemente, han marcado un antes y un después en las vidas de muchas personas en nuestra sociedad generando también grandes dramas humanos.

Es importante que todas las casuísticas queden recogidas y tengan su lugar en las iniciativas públicas de memoria, siendo imprescindible de cara al conocimiento de toda la verdad sobre lo acontecido en el contexto de violencia de motivación política y por ende, inseparable del principio ineludible de garantizar que no se repita.

Invocamos, en este sentido, al espíritu recogido en la “sugerencia final” del “Informe base de vulneraciones de derechos humanos en el caso vasco 1960-2013”: necesitamos un estudio global que hable de todos los sufrimientos y vulneraciones de derechos humanos y los visibilice, pues estos son, irremediablemente, parte de la memoria.

 

Reto n.º4: deslegitimar toda forma de violencia para construir una nueva sociedad con el carácter inviolable de los derechos humanos como base:

Al hablar de memoria, se destaca con especial relevancia la necesidad de construir una memoria democrática que deslegitime la violencia sin excusas. Sin embargo, en gran cantidad de discursos públicos, se da a entender que solo existe una violencia que deslegitimar, la de ETA. Nada se dice de otras expresiones violentas como la ejercida por grupos armados vinculados y/o amparados por el Estado; como la ejercida por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, cuando disparaban para disolver manifestaciones o asambleas, asesinaban personas en controles de carretera, torturaban con total impunidad...

En gran cantidad de ocasiones se tienen en cuenta únicamente las consecuencias de una sola de las violencias que han sido ejercidas en nuestro pueblo, y además en base a un ámbito temporal acotado de manera subjetiva al surgimiento de ETA, situándola como la violencia originaria y entrando, por lo tanto, a la parcela del relato de lo sucedido.

Nosotras no hemos padecido la violencia de ETA, hemos sufrido la violencia del Estado, de responsables de algunos de sus gobiernos, de sus aparatos y de sus agentes. De ese Estado, que estaba llamado a salvaguardar nuestros derechos, pero por el contrario, decidió vulnerarlos. El periodo traumático sufrido por la sociedad vasca de la que somos parte, ha sido responsabilidad también de esa violencia. Y no es aceptable de ninguna de las maneras recibir un trato discriminatorio debido al origen de la violencia que nos ha hecho víctimas.

En gran cantidad de ocasiones se evita poner nombre propio a la violencia que nosotras hemos sufrido, como si fuésemos víctimas de la violencia en abstracto. La violencia impune y responsable de nuestra victimación se cita de forma genérica, como si fuese difusa, irreconocible, in-imputable, como si careciese de responsables, ejecutores, valedores...

Es muy doloroso que, a día de hoy, cuando en muchos casos llevamos largas décadas reclamando verdad, memoria y justicia, instituciones publicas vascas ahonden con su silencio en la herida que seguimos teniendo abierta.

No son inocuas las ausencias, ni lo es poner nombre propio solamente a un agente violento. Todo ello, además de minimizar el impacto que la violencia del Estado ha tenido, contribuye a la redacción del relato de lo ocurrido. Y, sin duda, viene a reforzar el discurso legitimador de la violencia estatal que en el contexto del conflicto vulneró derechos humanos a miles de personas.

Estas omisiones son inaceptables. El compromiso con los principios democráticos, el respeto escrupuloso a los derechos humanos como empaste para el encuentro social que nos permita avanzar de forma inequívoca hacia la convivencia, exige que la realidad de las víctimas, su condición, su victimación,... se aborde de idéntica forma, independientemente del origen de la violencia que las golpeó. No se trata de repartir responsabilidades, se trata de que cada cual asuma las suyas.

Estamos todavía ante la necesidad de cerrar heridas, de resolver problemas pendientes en el presente y también ante la obligación de poner las bases para evitar que en el futuro puedan volver a repetirse experiencias tan traumáticas.

El silencio es el peor tratamiento de las heridas sociales, y el mejor canal de transmisión intergeneracional del trauma. Una sociedad libre y democrática requiere que se aborde sin paliativos cualquier expresión violenta, que se deslegitime toda violencia, proceda de donde proceda.

 

Reto n.º5: adecuación de la terminología excluyente para no humillar a las víctimas:

Las palabras están cargadas de matices, de elementos que no siempre es fácil controlar. Pero en el caso de los discursos públicos y las terminologías que desde las instituciones públicas se escogen, debemos ser escrupulosamente respetuosas.

Pero esto no siempre es así. En gran cantidad de ocasiones se vierten afirmaciones, se utilizan términos o se omiten circunstancias, se hace una división cronológica concreta de la historia… que, en conjunto, aportan una visión sesgada de lo que la violencia ha supuesto para la sociedad vasca.

Existe un déficit a este respecto. En demasiadas ocasiones de la terminología escogida se desprende una visión parcial de lo ocurrido. Y es importante recordar que hacer un uso excluyente de las palabras supone una humillación para las víctimas del Estado:

• Cuando se niega nuestra victimación.

• Cuando se justifican los asesinatos de nuestros familiares.

• Cuando el nivel de justicia aplicada es absolutamente desigual en relación a los victimarios.

• Cuando se indulta a los casos excepcionales en que hubo condenados.

• Cuando se da voz a discursos en la televisión y en la radio que se jactan de lo que hicieron.

• Cuando se asciende y condecora a nuestros victimarios.

• Cuando se otorgan pagas vitalicias por los servicios prestados a quienes violaron nuestros derechos humanos.,

• Cuando se hacen discursos en los que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son “los vencedores, son quienes han traído la paz, quienes han derrotado al totalitarismo” en verdaderos actos de enaltecimiento y apología de una violencia que es origen de nuestra victimación.

• Cuando se niega el acceso a la información sobre cientos de crímenes apelando a ley de secretos oficiales franquista.

• Cuando se vetan comisiones de investigación que pueden ayudar a clarificar las responsabilidades políticas en relación a crímenes de Estado.

• Cuando no se pone el mismo foco sobre las distintas violencias y sus consecuencias.

• Etc.

Sucede algo parecido con las distinciones temporales que se vienen haciendo durante los últimos años. Desde el Golpe de Estado de 1936 hasta la actualidad la violencia en Euskal Herria no ha tenido paréntesis. Esa es la realidad histórica objetiva que debiera ser tomada como referencia.

No creemos que una diferenciación arbitraria y subjetiva en el tiempo para diferenciar memoria “histórica” y memoria “reciente” haga aporte alguno a lo que de verdad nos concierne: la búsqueda de la verdad, la puesta en marcha de mecanismos de reparación, la justicia, y asentar las bases de unas garantías de no repetición de lo sucedido.

Consideramos que es muy peligroso adentrarse el los terrenos de los subjetivo en un contexto como este, y que una diferenciación de este tipo responde más a unas razones ideológicas que a unas verdaderamente constructivas.

El diagnóstico compartido mayoritariamente por la sociedad vasca es claro: el punto de partida del continuum violento sufrido durante gran parte del siglo XX y comienzos del siglo XXI es el alzamiento militar contra el legitimo gobierno de la IIª República en julio de 1936 y el establecimiento de un régimen fascista.

Es este episodio violento el que genera todos los demás (el nacimiento de ETA inclusive), y por lo tanto, la memoria debe construirse desde ese preciso momento sin categorización alguna. La historia no puede ser seccionada respondiendo a intereses puramente ideológicos.

Es por todo ello que consideramos de suma importancia hacer un adecuación de esas palabras excluyentes, de forma acordada y consensuada, para evitar la humillación de las víctimas. En ese sentido, creemos que es un buen punto de partida la terminología que recoge el “Informe-base de vulneraciones de derechos humanos en el caso vasco (1960-2013)” elaborado y presentado en junio de 2013 por Manuela Carmena, Jon Mirena Landa, Ramón Múgica y Juan Mª Uriarte, por su alto nivel de claridad y por no dejar sitio a la ambigüedad.

 

Reto n.º6: explorar nuevas vías para dotar a las víctimas del derecho a la justicia que les corresponde: verdad como mecanismo de justicia:

Como venimos repitiendo, el reto al que hemos de hacer frente es dotar a las víctimas de los derechos que les corresponden (verdad, reconocimiento, justicia, reparación y garantías de no repetición) y así superar la situación de categorización y discriminación que sufren. A todo ello tratan de dar respuesta los retos que recogemos en este informe, y así construir una convivencia democrática de calidad.

Pese a ello, el derecho a la justicia plantea un gran interrogante en nuestro caso: cada conflicto político armado cuenta con sus propias características y peculiaridades, y, si se desea solucionar dicho conflicto, las partes tradicionalmente acuerdan el modelo de justicia a aplicar, por medio de unas negociaciones en las que se entrelazan dos cuestiones básicas: por una parte, la necesidad de que los crímenes no queden impunes; por otra, que el proceso de justicia sirva para culminar la transición a la paz.

En el caso vasco, nos encontramos inmersas en un proceso de paz unilateral que se ha transformado en el tiempo en multilateral, en el que el Estado español, en lugar de implicarse en la resolución del conflicto, continuó con su estrategia obstruccionista y mantiene aún hoy el monopolio de la justicia, empleándola de forma absolutamente arbitraria, imparcial y desequilibrada, en términos clásicos (“justicia punitiva”).

No hay más que hacer una comparativa del número de detenciones practicadas, años de cumplimiento de penas privativas de libertad, ingresos en prisión, absoluciones tempranas, etc. en base a las violencias que han tenido lugar en el caso vasco para darnos cuenta de esto.

Por lo tanto, ante la imposibilidad de aplicar un modelo de justicia transicional; y ante la posición privilegiada del Estado, creemos a que es necesario desarrollar la capacidad para diseñar un modelo o mecanismo de justicia alternativo a la justicia convencional. En concreto, un mecanismo que en la coyuntura actual sea considerado como aceptable, realista, conveniente, asimilable y posible por una amplia mayoría, y que cuente con el mayor consenso posible.

En ese sentido, creemos que hemos de recapacitar sobre el término “justicia”, entendida esta como la aplicación de penas privativas de libertad en los términos que se vienen aplicando a otros victimarios no relacionados con el Estado. Porque, llegados a este punto en el proceso de paz vasco, enviar a prisión 20, 30, 40 años a los responsables de los asesinatos de nuestros familiares supondría generar más sufrimiento y alargar las consecuencias del conflicto en sí, supuesto que choca frontalmente con nuestra vocación.

Por eso creemos que es importante explorar nuevas vías para dotar a las víctimas del derecho a la justicia que les corresponde.

En esa lógica, consideramos que el derecho fundamental, en el que se basan todos los demás, es el derecho a la verdad.

• La verdad es la única garantía de que la tragedia sufrida no vuelva a repetirse. Conociendo y dando a conocer lo que ha pasado, conseguiremos que no se pueda volver a repetir.

• También es el elemento básico para abordar el conflicto desde un punto de vista integral. Existen múltiples puntos de vista a la hora de interpretar el conflicto político que vive Euskal Herria: las razones que lo provocaron, los porqués, etc. La clave está en la convivencia y el respeto entre todos esos puntos de vista, pero eso pasa por garantizar que esas múltiples concepciones, que se reflejan en múltiples relatos, tengan en cuenta todo lo que ha ocurrido, pasa por tomar en consideración la imagen completa de lo sucedido. Y eso sólo es posible hacerlo a través de la verdad.

• Además, el conocimiento, reconocimiento y reparación integral de las múltiples víctimas se fundamentan también en la verdad.

Es la verdad la que cierra heridas; la que hace posible que la tragedia que hemos sufrido no se vuelva a repetir; la que reconoce el dolor vivido por miles y miles de personas; la que repara y dignifica a las víctimas.

La verdad, para nosotras, es justicia. Es por ello que consideramos que es necesario construir un modelo de justicia alternativo que no tenga como objetivo principal el castigo, que no prolongue más el conflicto, que no perpetúe sus consecuencias y que no obstaculice la resolución del mismo, sino que otorgue un papel determinante al derecho a la verdad.

La verdad es la condición básica para que todos los demás derechos de las víctimas sean garantizados: el derecho a la verdad está íntimamente ligado al derecho a la justicia, en el sentido de que, sin verdad, no puede aplicarse justicia y, a su vez, sin justicia no hay reparación.

El derecho a la verdad es un derecho individual de las víctimas (derecho a conocer todo lo relativo a los crímenes sufridos, sobre todo, quiénes fueron los responsables de los mismos). Y, asimismo, es un derecho colectivo de la sociedad (acceder a un relato veraz sobre las razones por las cuales sucedieron tales crímenes).

Además, la verdad es el presupuesto básico para garantizar la no-repetición de los crímenes, pues sólo conociendo el pasado podrá la sociedad poner en marcha mecanismos que impidan su repetición. Por eso, la verdad constituye un instrumento de singular importancia en la lucha contra la arbitrariedad del poder y, en particular, contra el uso nefasto que este puede hacer del olvido para lograr la impunidad de sus crímenes.

En nuestro caso, después de haber hecho un largo recorrido a través de las realidades que han vivido/sufrido miles de víctimas causadas por los Estados español y francés durante décadas y décadas (denegación, negacionismo, ocultamiento de lo ocurrido...) y tras haber puesto en práctica distintos medios y mecanismos para que la verdad sea conocida y reconocida de modo oficial, hemos observado el efecto positivo que estos tienen en las víctimas.

En efecto, esos mecanismos que, aun siendo extrajudiciales, son institucionales y hacen, de alguna forma, florecer la verdad, reparan y dignifican a la víctima. Y el hecho de que la verdad salga a la luz, y sea conocida y reconocida oficialmente, se convierte en un acto de justicia (ejemplos: la alegría de las víctimas reconocidas a través del Decreto 107/2012 del Gobierno Vasco y de las víctimas de la tortura tras la publicación del trabajo de investigación sobre la tortura en la Comunidad Autónoma Vasca).

Es decir, que esos mecanismos, que tienen como objeto el reconocimiento y la reparación de las víctimas, aunque carezcan de capacidad para castigar penalmente a los victimarios, logran reparar y en una medida importante dignificar a las victimas.

En ese sentido, podemos hablar de varios “tipos” de verdades:

• Por un lado, está la VERDAD JUDICIAL, esto es, la VERDAD OFICIAL obtenida a través de los procesos judiciales seguidos en contra de los presuntos victimarios, y que puede, o bien ser declarada expresamente por un juez, o bien inferirse del procedimiento y de la decisión judicial. La verdad judicial no siempre representa la verdad de lo ocurrido.

• Por otro lado, está la llamada VERDAD EXTRAJUDICIAL INSTITUCIONALIZADA, que es aquella verdad reconstruida en espacios o proyectos especialmente creados para la reconstrucción de la verdad que, aun siendo institucionalmente reconocidos, carecen de carácter judicial y de las funciones que de este pueden derivarse. Sirva como ejemplo la verdad institucionalizada de lo que la tortura ha supuesto en la Comunidad Autónoma Vasca, mediante el trabajo de investigación elaborado por el Instituto Vasco de Criminología IVAC-KREI.

• Finalmente, está la VERDAD SOCIAL NO INSTITUCIONALIZADA, que es la verdad alcanzada a través de estrategias de reconstrucción de la verdad y de preservación de la memoria colectiva llevadas a cabo por instancias no institucionales, tales como historiadores, periodistas, literatos, científicos sociales, testigos presenciales, etc.

Lo cierto es que las verdades extrajudiciales institucionalizadas, e incluso las verdades sociales, pueden causar efectos reparadores en las víctimas. Sobre todo, las primeras y, por eso, el hecho de que la verdad sea conocida y reconocida de modo oficial puede ser comprendido como un acto de justicia.

Nosotras así lo comprendemos, pero eso no significa que renunciemos a los derechos que nos corresponden en tanto que víctimas: que nuestros victimarios reconozcan la victimación causada, asuman sus responsabilidades, sean castigado y contribuyan a garantizar que no se repita la victimación (conocer lo ocurrido como punto de partida para no repetirlo)…

No significa que renunciemos a la identificación pública de nuestros victimarios y a que se les retiren las medallas, galones, ascensos y otros honores que les fueron concedidos y que, además, se traducen en primas económicas, pensiones vitalicias, etc. Tampoco significa cerrar la vía a procesos judiciales penales que pudieran derivarse de investigaciones, o de la aparición de nuevas pruebas.

Significa que nuestro objetivo primordial no es enviar a prisión a los responsables de nuestro sufrimiento, sino exigir nuestro derecho a la verdad. Significa que nuestro anhelo es, ante todo, el de que sea conocida y reconocida oficialmente toda la verdad, por medio de los mecanismos innovadores antes mencionados. Y creemos que hemos de desarrollar herramientas de forma compartida para que este derecho pueda verse desarrollado.

 

Reto n.º 7: solucionar las razones que generaron la expresión violenta para garantizar la no repetición:

Desde Egiari Zor Fundazioa entendemos que, para que el proceso de paz emprendido esta última década en Euskal Herria culmine con éxito, deben quedar resueltas y superadas tanto las razones que generaron el conflicto político que derivó en enfrentamiento armado, como las consecuencias producidas por este.

Las razones del conflicto que hemos vivido son políticas. Por lo tanto, políticas han de ser las soluciones, para garantizar que las generaciones del futuro no vuelven a sufrir un estallido de violencia.

 

Un apunte final

Tras esta última década, Euskal Herria vive un nuevo tiempo, un tiempo de construcción. Los pasos que se han venido dando, en gran medida, gracias al impulso de organizaciones de la sociedad civil como la nuestra han abierto una ventana de oportunidad, y nos han situado en un nuevo escenario donde la construcción de la convivencia del futuro es la prioridad absoluta para todas nosotras. Estamos sentando las bases de una nueva sociedad, donde todas las personas sean dueñas de los derechos que les corresponden y donde garanticemos que nada parecido a lo que hemos sufrido volverá a repetirse. Todo eso, creemos, será posible mediante un instrumento de un potencial incalculable, como es la memoria.

Para ello, indudablemente, es necesario cerrar viejas heridas, cerrar las consecuencias de largos años de conculcación de derechos y enfrentamiento armado.

Las reflexiones y aportaciones aquí recogidas tienen la vocación de ser constructivas, pretenden la suma y no la resta, y quieren servir para blindar los derechos humanos de todas las personas y construir una sociedad mejor, basada en el respeto a todas las opciones y formas de entender la vida, con el objetivo de establecer una convivencia democrática, de todas, para todas, con todas las personas. Debemos conocer y tener presente lo ocurrido durante las décadas de violencia, con el objetivo primordial de que que sirva de acicate para que jamás se vuelva a repetir.

Todo lo que hoy podamos construir ofrecerá garantías en el futuro. Si se avanza en el camino hacia la paz, una paz justa para todos, estaremos aportando un grano de arena más a la resolución integral del conflicto de nuestro país.

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